14 de octubre de 2024 - 20.40
A seis años de la sanción de la Ley de Integración Socio Urbana, las organizaciones TECHO, FUNDAR y Cáritas Argentina formaron un panel integrado por Elisa Carrió, Fernanda Miño, Sebastián Welisiejko y el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, quienes recordaron el impacto positivo de la legislación y reclamaron la presencia del Estado en los barrios populares.
La Ley N° 27.453 creó el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), actualmente integrado por 6.467 barrios de todo el país, en donde se impulsaron obras para mejorar la calidad de vida de los vecinos del lugar. Esas construcciones incluyeron apertura de calles, cloacas, desagües pluviales, agua corriente, alumbrado, nuevas viviendas y espacios públicos.
El encuentro en celebración del aniversario de la Ley N° 27.453 tuvo lugar en el auditorio Beato Eduardo Pironio de la Universidad Católica Argentina, y convocó a representantes de distintos espacios políticos, barrios y la Iglesia, quienes en su momento fueron los principales actores sociales que impulsaron de la medida.
La líder de la Coalición Cívica ARI destacó la importancia de la ley en términos de asenso social para la clase media e insistió en que a la legislación aún le falta una "ley de escrituración de excepción". "Defiendo a la clase media porque todos queremos ser de clase media, porque la clase media es la única que ofrece el lazo familiar político y económico de asenso que produce la libertad igual. Si en una sociedad solo tenés ricos y pobres, que es el modelo adonde vamos, vos no podes saltar (de clase social)", afirmó.
Por su parte, la exsecretaria de Integración Social Urbana recordó el consenso que hubo en su momento entre los sectores políticos y los barrios para sacar adelante la ley. En este sentido, señaló que la nueva gestión de Javier Milei atenta contra este tipo de medidas y cuestionó que actualmente haya que "luchar por los más mínimos consenso" como la Asignación Universal por Hijo y la integración de los barrios populares. Además, denunció que la principal consecuencia de la ausencia del Estado, es que el narcotráfico asume ese rol. "Hemos conocido lo que una política pública hace en familias muy vulnerables. En cada lugar hoy estamos resistiendo porque no solo la Iglesia se pone a la par a denunciar la interrupción de la obras, sino que el Estado se retrae y el que avanza es el narcotráfico. El narcotráfico no esta robando el futuro y está ocupando el lugar del Estado", sentenció.
El exsecreario de Integración Social Urbana remarcó que la integración social en las ciudades es la política pública "número uno" con la que cuenta la Argentina para "dar la pelea contra la pobreza estructural". En esta línea, manifestó su preocupación de cara a los números futuros de pobreza que dejará el Gobierno de Milei: "La pobreza ahora sube mucho, cuando se recomponga algo de la moneda ese número va a bajar, pero cuando baje el agua el núcleo duro va a quedar mas alto de lo que estaba. Si hace unos años era del 25%, ahora va a estar mas cerca del 35%". Y concluyó: "No defender esta política implica rendirse".
El arzobispo de Buenos Aires destacó la importancia de un "Estado inteligente", al cual lo definió como "uno que primero escucha", y remarcó que esta política "generó ámbitos de consenso" que hasta el momento no había visto. A su vez, rechazó las críticas que reciben las políticas públicas por parte de la gestión actual: "Se descalifica algo que ha sido tan bueno, que se hizo desde el diálogo, con tantos partidos políticos que pudo darse con continuidad desde el Gobierno de Macri hasta el Gobierno de Fernández". Y agregó: "Tenemos que cuidar las cosas que hacemos bien los argentinos, a veces parece que no son muchas, pero tenemos que cuidarlas entre todos".
