El juez federal Sebastián Casanello le dio hoy un plazo de 72 horas al Ministerio de Capital Humano para presentar un plan de distribución de los 5 millones de kilos de alimentos que se encuentran retenidos en galpones.
Por qué importa.
El fallo responde a una cautelar presentada por Juan Grabois, quien a su vez se hizo eco de una investigación periodística de Ari Lijalad en El Destape que, a través de un pedido de acceso a la información pública, reveló que la comida fue adquirida durante la gestión anterior y guardada en depósitos estatales. La oposición y las organizaciones sociales cuestionan al Gobierno por haber dejado de entregar alimentos a los comedores comunitarios, con el pretexto de investigar presuntas irregularidades.
En detalle.
Casanello le exigió a la cartera que conduce Sandra Pettovello un detalle sobre el stock actual de la mercadería, que se encuentra almacenada en depósitos de la localidad bonaerense de Villa Martelli y en la tucumana de Tafí Viejo, con precisiones sobre las fechas de adquisición y vencimiento. También deberá mostrar los registros de ingreso y egreso de mercaderías desde diciembre de 2023.
Profundizá.
La cronología.
- La decisión del juez responde a un pedido de la fiscal a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°10, María Paloma Ochoa, quien inició un sumario contra Pettovello el 5 de febrero a raíz de una denuncia presentada por Grabois ante las demoras en la entrega de alimentos a comedores barriales y comunitarios.
- El 9 de abril, el Ministerio de Capital Humano aseguró, ante la requisitoria judicial, que no existe normativa alguna que regule la entrega de alimentos y aseguró que la asignación de los mismos se correspondía "a la demanda de los establecimientos/organizaciones y a la definición política de la autoridad". El 13 de mayo, además, la cartera argumentó que las demoras estaban relacionadas con "el desorden generalizado y las graves irregularidades" que se habrían heredado del Gobierno anterior.
- El 23 de mayo, la querella incluyó en la causa la información proveniente de la nota de Lijalad en El Destape. A partir de ese momento, la fiscal le solicitó al juez una medida cautelar para exigir a la cartera de Petovello la entrega de la mercadería y una orden de allanamiento para investigar los dos galpones en los que se encuentran los alimentos.
- La respuesta de Casanello, registrada hoy, se hace eco de los reclamos de la fiscal y ordena al ministerio a presentar el plan de distribución y a dar detalles sobre los productos stockeados, sin dar lugar al pedido de allanamiento. Según el juez, al dejar de enviar comida a los comedores el Gobierno incumple con el "derecho humano fundamental a la alimentación" y con tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que obliga a los Estados a respetar, proteger y realizar este derecho.