Asalto al Planalto: Brasil pidió la extradición de los bolsonaristas refugiados en Argentina

Por Dan Kemper

17 de octubre de 2024 - 10.50

Manifestantes durante el asalto a la Plaza de los Tres Poderes de Brasilia de 2023.
Manifestantes durante el asalto a la Plaza de los Tres Poderes de Brasilia de 2023. — Foto: X.

La Cancillería recibió anoche el pedido de la Policía Federal de Brasil para extraditar a los manifestantes que participaron del asalto a la Plaza de los Tres Poderes de Brasilia en 2023 y que luego se refugiaron en Argentina, según confirmaron hoy a CORTA fuentes de la cartera dirigida por Diana Mondino.

Por qué importa.

El presidente Javier Milei, amigo del expresidente Jair Bolsonaro, acatará la medida judicial en caso de estar "bien fundada", según explicó a CORTA una alta fuente de la Casa Rosada. "Nosotros respetamos la ley internacional", agregó. 

Contexto.

El presidente del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes, había recibido la solicitud por parte de la Policía brasileña para extraditar a 63 personas que participaron del asalto: la mayoría de ellas estaría en Argentina, según confirmó la agencia AP. En junio, un operativo policial en Brasil había capturado a varias personas acusadas de participar en las manifestaciones, pero al menos 200 se escaparon a otros países —como Argentina, Uruguay y Paraguay— o se negaron a acatar medidas judiciales.

Respuesta del Gobierno.

Sin profundizar, el vocero presidencial, Manuel Adorni, aclaró en conferencia de prensa que el pedido fue recibido anoche y que "las áreas correspondientes" se encargaron de analizarlo. "No tengo una respuesta concreta para dar porque es muy reciente", concluyó.

Asalto al Planalto.

El 8 de enero, cientos de simpatizantes del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, invadieron los edificios del Congreso, el Supremo Tribunal Federal y al Palacio del Planalto (sede del Poder Ejecutivo) en Brasilia, la capital del país, en protesta contra el Gobierno del mandatario Lula Da Silva. A los manifestantes se los busca por intento de Golpe de Estado, incitación al crimen y destrucción de propiedad pública. En junio, el STF condenó a 17 años de cárcel a la primera persona procesada por el caso.