30 de enero de 2026 - 09.47 / Actualizado: 13.55
El Ejecutivo incluyó el tratamiento la reforma del Régimen Penal Juvenil en el temario de sesiones extraordinarias del Congreso, que comenzarán el lunes 2 de febrero. Aún no está definido formalmente a través de qué Cámara entrará, aunque todo indica que será la de Diputados.
La propuesta busca reemplazar la normativa vigente, considerada obsoleta por el oficialismo.
El objetivo central es bajar la edad de imputabilidad penal de los actuales 16 años a 13 años, estableciendo un sistema especial de responsabilidad para adolescentes que cometan delitos graves.
Este no es el primer intento. En 2025, un proyecto similar impulsado por el Gobierno obtuvo dictamen en comisiones de la Cámara de Diputados, pero no llegó al recinto y perdió vigencia. Aquel debate dejó expuestas profundas divisiones políticas y técnicas, reflejadas en los cuatro dictámenes que se presentaron: uno de la mayoría y tres por la minoría.
El nuevo impulso llega en un contexto de creciente percepción de inseguridad y casos mediáticos de delitos cometidos por menores, pero también genera resistencias por sus implicancias en derechos humanos, costo fiscal y efectividad e incidencia real para reducir la delincuencia.
El proyecto de 2025 proponía bajar la edad de imputabilidad a 14 años y establecer un régimen diferenciado para adolescentes. Tras intensas discusiones en las comisiones de Legislación Penal, y de Familias, Niñez y Juventudes, se emitieron cuatro dictámenes principales.
El dictamen de mayoría, respaldado por el oficialismo y sectores dialoguistas de la oposición, aplicaba el régimen a adolescentes de entre 14 y 18 años. Su enfoque priorizaba la responsabilidad penal con énfasis en la resocialización: fomentaba el sentido de responsabilidad, la educación y la reintegración social.
Las penas máximas se limitaban a 15 años de prisión. Así, se prohibía expresamente la reclusión perpetua. Se promovían medidas alternativas como amonestación, servicios comunitarios, monitoreo electrónico y reparación del daño. Exigía jueces, fiscales y defensores especializados en derecho penal juvenil, y prohibía el alojamiento de menores con adultos, lo que demandaba centros específicos. Dentro de este dictamen hubo disidencias parciales: algunos proponían escalas progresivas según la edad, o condicionaban la aplicación a la creación previa de institutos especializados.
Los dictámenes de minoría reflejaron posturas más cautelosas o directamente opositoras. Uno apoyado por el peronismo, en líneas generales, rechazaba la baja y limitaba la punibilidad a adolescentes de 16 y 17 años por delitos con penas superiores a 3 años. Para menores de 16, proponía exención total. Reducía las penas a un tercio de las personas adultas, con tope de 10 años, y criticaba duramente la "demagogia punitivista" del oficialismo.
Otro, impulsado por sectores de centro izquierda, también se oponía a bajar a 14 años y aplicaba el régimen solo de 16 a 18 años. Establecía topes específicos: hasta 3 años para delitos contra la propiedad sin violencia, y hasta 10 para casos con muerte. Enfatizaba que la intervención penal es consecuencia del fracaso estatal previo, considerando factores socioeconómicos y madurez afectiva. Permitía ejecución condicional para primeras condenas leves.
Finalmente, el del Frente de Izquierda recomendaba un rechazo total. Lo calificaba de "marketing político reaccionario" que criminaliza a las juventudes pobres. Alertaba sobre el riesgo de encierro en cárceles adultas por falta de infraestructura y presupuesto, y citaba datos: la participación de menores en delitos graves es mínima (cerca del 1%), y no hay evidencia de que bajar la edad mejore la seguridad.
Estos dictámenes, aunque no llegaron a votarse en el recinto, sirven de base para el debate que se viene.
Uno de los argumentos centrales del oficialismo es que Argentina mantiene una de las edades de imputabilidad más altas de América Latina, junto a Cuba (16 años). Según datos de UNICEF y comparativos regionales actualizados a 2026, el promedio en la región oscila entre 12 y 14 años.
Países como Chile, Colombia y Perú fijan el límite en 14 años para responsabilidad plena en delitos graves, con regímenes juveniles diferenciados. Brasil y México lo establecen en 12 años, aplicando medidas socioeducativas. Ecuador y Bolivia también parten de 12 para casos graves, mientras Uruguay permite imputabilidad desde 13 en ciertos delitos. Venezuela es una excepción con límites más altos en algunos casos, pero la tendencia regional es hacia edades inferiores, con énfasis en justicia restaurativa y reinserción.
El gobierno argumenta que la norma argentina está "desactualizada" y deja impunes delitos cometidos por menores de 16. Críticos responden que bajar la edad no reduce criminalidad si no se invierte en prevención, y que países con límites bajos no muestran necesariamente mejores indicadores de seguridad.
Un punto crítico, poco abordado en el impulso inicial de 2026, es el costo fiscal. Expertos y opositores advierten que bajar la imputabilidad sin inversión adecuada sería contraproducente, llevando menores a cárceles adultas por falta de infraestructura.
El proyecto de 2025 estimaba necesidades adicionales para crear institutos especializados, juzgados juveniles, programas de contención y capacitación de personal. Aunque no hay cifras oficiales precisas para la nueva versión, diputados pidieron recientemente detalles sobre el impacto presupuestario.
Fuentes parlamentarias consultadas en 2025 hablaban de un incremento del 0,3% del Presupuesto nacional, principalmente en construcción y mantenimiento de institutos de menores. Sin fondos reales, alertan ONGS y opositores, la reforma quedaría en "simbolismo punitivista" y violaría acuerdos internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño.
El Gobierno no ha detallado aún el financiamiento, pero insiste en que la medida es "necesaria" para disuadir delitos. Opositores replican que el foco debería estar en políticas sociales preventivas, no en expansión carcelaria.
El debate expone diferencias sustanciales en los bloques opositores, y Unión por la Patria no es la excepción. Históricamente dividido en temas de seguridad, el PJ muestra tres posiciones marcadas.
Una línea "mano dura", representada por figuras como Sergio Berni (ex ministro de Seguridad bonaerense), celebra la iniciativa. Berni calificó positivamente la baja y dijo "música para mis oídos". Luego criticó al peronismo por debatir "si es correcto privar de libertad a un chico de 14". Argumenta que el sistema actual "no da respuestas" y tensiona con sus pares.
Otra corriente, proveniente de militancia social y garantista representada por Juan Grabois, rechaza tajantemente la baja. Considera inconstitucional el punitivismo que propone el proyecto y prioriza la mirada internacional sobre derechos de la niñez.
Un tercer grupo sostiene que la edad no es el problema central. José Glinski y un grupo de diputados del PJ proponen focalizar en mejorar el sistema judicial juvenil y los programas de reinserción dotados del presupuesto necesario, independientemente del piso etario. Esta visión busca consenso en medidas alternativas y especialización, sin avalar y restándole importancia a la baja propuesta.
Estas divisiones se repiten en otros bloques y pueden ser la clave para que el proyecto avance en la Cámara baja.
