16 Mayo de 2024 07.55
Este miércoles y con apenas unas horas de diferencia, se destrabaron el financiamiento de la Universidad de Buenos Aires (UBA), cuyo vicerrector es Emiliano Yacobitti, y la creación de la Universidad de Río Tercero, un reclamo de la diputada cordobesa Gabriela Brouwer de Koning, al que luego se subió el jefe de su bancada, Rodrigo de Loredo. Dos gestos sugestivos y simultáneos del Ejecutivo a muy influyentes dirigentes de la UCR, un partido que según Javier Milei está integrado por inútiles, estafadores y fascistas. Alguna vez hasta contó jocosamente cómo trompeaba a un muñeco al que le había puesto una careta de Raúl Alfonsín. Un giro copernicano que nada tiene que ver con un cambio de opinión en el Presidente y mucho tiene que ver con la necesidad. Un rato después de estos dos anuncios, se empastaron las conversaciones entre el bloque de diputados de la UCR y el de Unión por la Patria (UxP) para buscar un dictamen común e imponerle al Gobierno una fórmula deactualización previsional por ley, un poco más generosa que la que se fijó por decreto. Las mentes más conspiranoicas del peronismo creen que todos estos hechos están íntimamente relacionados.
La UBA suspendió la emergencia presupuestaria luego de que el Gobierno autorizara un aumento del 270% para los gastos de funcionamiento y del 300% para los hospitales que dependen de ella. "Es importante que esta corrección sea para todo el sistema y no solo para la UBA", tuiteó más tarde Yacobitti, cuando el anuncio ya había prendido fuego al sistema universitario: hasta la Franja Morada comunicó que "el acuerdo presupuestario unilateral y discrecional del Gobierno y la UBA no es más que otro mecanismo de desprestigio a la universidad pública y no resuelve nada". En otro comunicado, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) señaló que "resulta inadmisible y provocador que se reconozca solo para una universidad y no para la totalidad del sistema que reúne a un conjunto de 60 universidades". Mientras tanto, De Loredo y Brouwer de Koning celebraban junto a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, la decisión de dejar sin efecto la resolución con la que había frenado la creación de cinco universidades. Una de ellas, la de Río Tercero.
La diputada cordobesa es la presidenta de la comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados y era quien venía en conversaciones con Germán Martínez, presidente del bloque de UxP, para buscar un dictamen de consenso y ponerle sobre la mesa al Gobierno algo por ahora inédito: un pacto de peronistas y radicales para sancionar una ley sin aval del oficialismo. Según fuentes del bloque peronista, esas charlas venían avanzando y las diferencias eran más que menores, cuando la negociación se frenó y los radicales incluyeron en su dictamen dos puntos que no formaban parte, hasta ahí, de lo que charlado: la liquidación en el plazo de seis meses de todas las deudas con las 13 provincias que no transfirieron sus cajas al sistema nacional y el pago de todos los juicios particulares con sentencia firme. En UxP creen que esto pone en riesgo la estabilidad del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y que terminará pasando lo que quieren las empresas más grandes del país: la liquidación a precio de ganga del portfolio de acciones que integran el fondo anticíclico.
"Es curioso - remarcó un diputado de UxP- cómo para la ley bases fueron amplios y comprensivos para el consenso y ahora, cuando teníamos un 90% de acuerdo, sumaron esas dos cosas para no firmar un dictamen con nosotros". El planteo resulta atendible, pero en el radicalismo buscan desactivar cualquier interpretación oscura. Si bien reconocen que UxP cambió muchas cosas de su dictamen para acercar posiciones, dicen que el pago de deudas provinciales y juicios con el FGS es algo que, para ellos, nunca estuvo en discusión. "De los 13 gobernadores con deudas, hay siete detrás de este dictamen. ¿Cómo hago para sacar eso del proyecto?", respondió un diputado firmante del despacho de comisiones. Algo que, también, resulta atendible.
Finalmente, del plenario de las comisiones de Presupuesto y de Previsión Social salieron cinco dictámenes. El de UxP lleva 33 firmas y, segundo, quedó el que firmaron la UCR, Hacemos Coalición Federal (HCF), la CC-ARI e Innovación Federal, con 19. Estos dos textos, más allá de las diferencias ya señaladas, coinciden en cuatro aspectos centrales: actualización por inflación, una recomposición por evolución de salarios -si es que los salarios registrados suben más que el IPC-, un aumento extra para cubrir el ajuste que hizo el Gobierno con las jubilaciones en el empalme entre fórmulas -quieren llevar el 12,5% que aplicó el Ejecutivo al 20,6%, por la inflación completa de enero- y vincular la jubilación mínima a la Canasta Básica Total (CBT). ¿Las diferencias? La recomposición por RIPTE el peronismo la quiere semestral, mientras que el dictamen "dialoguista" lo propone anual; y que mientras el dialoguismo quiere que la mínima no pueda ser menor a una CBT de adulto -hoy es de 268 mil pesos-, UxP quiere que sea el equivalente a 1,2 veces la CBT -321.600 pesos-. Estaban cerca; realmente lo estaban.
En paralelo a la firma de los dictámenes, los bloques dialoguistas pidieron una sesión especial para el martes 4 de junio, dentro de tres semanas. Los diputados que decidieron esta fecha buscan garantizar que estén todos y todas en Buenos Aires. Estiman que la Ley Bases saldría del Senado el miércoles 29 de mayo y que una semana después, el 5 de junio, se trataría en Diputados con cambios. Así, meterían dos sesiones consecutivas. La Cámara Baja no tiene nada de agenda para la semana que viene. Solo está prevista una reunión de la comisión de Derechos Humanos, el miércoles 22, para escuchar a "víctimas y familiares de víctimas de delitos contra los Derechos Humanos sufridos en pandemia". La semana de mayo no se mancha.
-¿Cuántos radicalismos hay?
-No sé, depende de cuántos radicales haya.
La respuesta de un histórico dirigente radical grafica lo que hoy vive el partido fundado en 1891, que hoy se divide entre los duros que atan su destino al éxito de Milei (los gobernadores Alfredo Cornejo o Gustavo Valdés, el diputado De Loredo), los que de a poco le pierden el miedo a articular algunos movimientos con el peronismo (Facundo Manes) y los que basculan entre estas dos vertientes (Martín Lousteau). Para evitar una fractura, el bloque de senadores de la UCR se reunió el martes y acordó una serie de propuestas para modificar la ley bases, que ya elevó el Ejecutivo. Si las aceptan, votarán unificados a favor. Entre ellas, piden incorporar una atención a la industria nacional en el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), cambios en el blanqueo de capitales, incorporar un capítulo para las universidades (esto es previo al anuncio de la UBA) y suspender la eliminación del monotributo social. La pelota, ahora, la tiene el Ejecutivo.
"Soy una opositora que ha decidido decir lo que piensa". El jefe de Gabinete, Nicolás Posse, hacía un ratito que había permitido que la sociedad conozca su voz cuando se sorprendió con esa frase de la senadora del PRO Guadalupe Tagliaferri, que desde hace algunos días es noticia por la simple razón de hacer algunos cuestionamientos a la ley bases y el paquete fiscal. La porteña es una rareza. Es una de las pocas bancas amarillas que no está pintada de ultra: no responde a Mauricio Macri ni a Patricia Bullrich. Hábil, está usando la exposición que le da la discusión del proyecto más importante del Gobierno de Milei para posicionarse, en la misma semana en que el bloque de diputados que conduce Cristian Ritondo fue a rendirle tributo en la Rosada a Karina Milei, cuando Patricia Bullrich relanzaba el plan de fusión del PRO y La Libertad Avanza (LLA) hacia 2025 y cuando la diputada y ex gobernadora, María Eugenia Vidal, proponía pagar en doce cuotas un aumento extra para los jubilados, cercano a los 18 mil pesos. "De algunas cosas no se vuelve", se escuchó en su despacho.