Claves para entender la causa Correo Argentino

La jueza Marta Cirulli declaró ayer la quiebra de Correo Argentino SA después de 20 años en concurso de acreedores y el rechazo del Estado de la oferta presentada por la empresa. La firma pertenece a la familia del expresidente Mauricio Macri, que publicó una carta el domingo en la que declaró ser “perseguido político”.

La empresa fue privatizada en 1997 y entregada al Grupo Socma de la familia Macri, junto con la concesión del servicio. En 2001, la compañía declaró la incapacidad de pago de sus compromisos y entró en concurso de acreedores. La deuda con el Estado era de 296 millones de pesos/dólares (por la convertibilidad).

En 2003, el presidente Néstor Kirchner rescindió la concesión con Correo Argentino SA y recuperó el servicio para el Estado. Se creó una nueva empresa pública llamada Correo Oficial de la República Argentina SA, distinta de la que estaba en concurso.

Tras 15 años sin avances notorios y ya con Mauricio Macri como presidente, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial convocó a una audiencia en 2016 con los acreedores. El principal era el Estado.

Correo Argentino SA ofreció pagar los 296 millones de pesos que adeudaba en 2001, pero en 15 cuotas (una por año). El Estado aceptó esa oferta. El hecho despertó críticas en la entonces oposición, que acusaba al mandatario de negociar “de los dos lados del mostrador” y en perjuicio de las arcas públicas.

La fiscal ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, rechazó el acuerdo por entender que su aceptación “dañaba gravemente el patrimonio del Estado”. El fundamento era que el monto en dólares de la deuda de 2001 era U$S 296 millones, mientras que el monto del acuerdo anulado era, al valor de ese momento, U$S 15 millones. Además, Socma pretendía terminar de pagar en 2031. La fiscal estableció un monto de deuda de 70 mil millones de pesos (25 veces el valor que el Estado había aceptado).

En 2017 el juez Ariel Lijo imputó a Macri y a su ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad. Además, ordenó un peritaje contable para establecer el monto real de la deuda.

En 2020, la jueza en lo comercial Marta Cirulli intervino la empresa Correo Argentino SA. El Grupo Socma recusó a la jueza y también a la fiscal Boquín. Esto demoró el proceso.

En febrero de este año, el peritaje contable confirmó que la operación de 2016 era perjudicial para el Estado y estableció un monto de 5.000 millones de pesos como equivalente a aquellos 296 millones de dólares más los 20 años de intereses.

La empresa ofreció un solo pago de 1.110 millones de pesos, pero el Estado, representado por el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, rechazó la oferta.

Este fin de semana, Macri publicó una carta en la que denunció que era víctima de una “persecución política” del Gobierno, al que acusó de “buscar venganza”. Otros dirigentes de Juntos por el Cambio como el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Patricia Bullrich y Elisa Carrió salieron a respaldarlo.

Ayer, finalmente, la jueza decretó la quiebra.