22 de agosto de 2024 - 17.20
Tras una audiencia informativa en la Corte Suprema, el Ministerio de Economía y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no alcanzaron hoy un acuerdo sobre el pago de los fondos coparticipables adeudados por Nación.
El conflicto podría durar más de lo pensado: si bien se pidió un plazo de 10 días hábiles para una respuesta del Gobierno, fuentes judiciales le explicaron a CORTA que es posible que la resolución de la Corte demore un tiempo "indefinido". La Ciudad no descarta la posibilidad de pedir un embargo al Gobierno Nacional, algo que, en la visión del máximo tribunal, sería "inédito".
En el encuentro, el Gobierno insistió en que cumplió con el fallo y que comenzó a pagar lo adeudado, solo que con otro método, según explicaron desde el Ministerio de Economía a CORTA. Ciudad remarcó que la Corte Suprema había enfatizado que el pago debía ser diario, "por goteo", en vez de pagos semanales que ya hizo Nación: el Gobierno porteño debería recibir aproximadamente ente $80 y $90 mil millones por mes. "Los pagos que hicieron no son para suspender la deuda, quedaron a cuenta porque sino reconoceríamos que están cumpliendo, cosa que no es así", explicaron fuentes oficiales de la Ciudad a este medio. "La gestión de Larreta había pedido varias veces un embargo, no queremos llegar a eso pero es una posibilidad si fracasa la solución política", agregó. La preocupación principal es que el Gobierno Nacional decida un día no pagar o pagar menos, lo que convertiría al pago de la coparticipación en algo "discrecional".
La demora en la resolución del conflicto podría tener consecuencias inesperadas para la Ciudad, dado que la Corte Suprema está a la espera de sumar nuevos integrantes propuestos por el Gobierno, entre ellos, el juez Ariel Lijo. Desde el Gobierno porteño le remarcaron a CORTA que eso no debería ser un problema.
El ministro de Economía, Luis Caputo, no estuvo en la reunión: desde su cartera argumentaron que era una reunión con aspectos jurídicos, por lo que fueron los especialistas en el tema, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, la subsecretaria de Coordinación Fiscal Provincial, Valeria Patricia Sánchez, el secretario Legal y Administrativo, Jose María García Hamilton y el subsecretario Legal, Alejandro Speroni, entre otros. Por el lado de la Ciudad estuvieron el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, el procurador General, Martín Ocampo y el abogado Antonio María Hernández.
El Gobierno de Alberto Fernández le había sacado una parte de los fondos coparticipables a la Ciudad en 2020 para desactivar una protesta de la Policía Bonaerense por los salarios que cobraban las fuerzas de seguridad. Durante la presidencia de Mauricio Macri se había decidido aumentarle los recursos a la Ciudad por el traspaso de la policía al distrito. El máximo tribunal del país había fallado a favor del distrito porteño y había dictado una cautelar en 2022 para obligar al Estado a pagar un 2,95% de la masa coparticipable hasta resolver la cuestión de fondo.
