Diputados debatieron la ampliación de licencias maternales, paternales y parentales

Con la participación de representantes sindicales y sociales, las comisiones de Legislación y Trabajo y Mujeres y Diversidad debatieron hoy sobre licencias de cuidado en el ámbito laboral y sobre la actualización de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT).

En detalle.

Las comisiones de Legislación de Trabajo y Mujeres y Diversidad, que presiden las diputadas Vanesa Siley y Mónica Macha (FdT) respectivamente, encabezaron una nueva jornada con eje en la modificación de las licencias laborales de cuidado, extensivas tanto para trabajadores gestantes como no gestantes. El encuentro contó con la participación de exponentes de distintos sectores sociales como las centrales sindicales: CGT y CTA de los Trabajadores, representantes de la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Red Nacional de Cooperativas de Cuidados nucleadas en la Conarcoop.

Profundizá.

Declaraciones.

"Este tema de licencias parentales tuvo dictamen 4 veces en la historia parlamentaria (2006, 2008, 2013 y 2014), y media sanción una única vez en el 2006”, lamentó Siley, y agregó que “ambas comisiones llevan tratados más de 54 proyectos de modificación a la LCT, en lo que respecta a licencias parentales y licencias especiales”.

La ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, reconoció la LCT como “pionera en la región”, aunque advirtió que “todavía representa un concepto discriminador, que reconoce el cuidado exclusivamente para las mujeres”. Además, calificó como "excelente" al borrador actual, porque "no solo trata las licencias especiales, y recoge la ampliación de las licencias para personas gestantes y no gestantes, sino que además toma el reconocimiento de las nuevas familias en esta sociedad más diversa y compleja”. Finalmente, la ministra resaltó “el reconocimiento de la licencia para padres y personas no gestantes en el proceso educativo y en la crianza”, en línea con el agregado de las licencias por violencia de género.

El presidente del Área de Política Social de la Unión Industrial Argentina (UIA), Juan José Etala, se diferenció de la postura de Díaz al teorizar que “este proyecto preliminar, a pesar de sus numerosos y mayores derechos, tiene un problema de origen, o, mejor dicho, en las consecuencias, que es quiénes lo pagan”. En ese sentido, manifestó su "profunda preocupación por el impacto fiscal del proyecto” y denunció que “los trabajadores no hacen un solo aporte para las asignaciones familiares, ni son un beneficio que otorga graciosamente el Estado, sino que la pagan los empleadores, quienes históricamente hemos hecho aportes al sistema de seguridad social”.

Karina Moyano, secretaria seneral adjunta de las 62 Organizaciones Peronistas y secretaria de Género de Camioneros, y Josefa Ávila, exponente de la Red Nacional de Cooperativas de Cuidados Domiciliarios, cruzaron a Etala y Bestani. Moyano exigió a la parte empresarial “que entienda la situación del país y piense con la cabeza y el corazón, pensando en una Argentina mejor" y aclaró que "el cambio no es sólo para el bolsillo de algunos, sino para todas y todos, como corresponde”. Ávila remarcó que “es la primera vez que el Estado mira, a través de este proyecto, una legislación que cuida al que cuida, sobre todo a las personas gestantes y no gestantes mediante las licencias inscriptas en el dictamen”.

Qué va a pasar.

Finalmente, Macha anticipó que la semana que viene convocarán a asesores nuevamente y Siley adelantó que luego del receso invernal se volverá a convocar para la dictaminación por mayoría y por minoría del proyecto.