1 Junio de 2026 14.10
El aumento de las prepagas y los reclamos por el deterioro de las prestaciones crece. En consecuencia, el sistema de sanidad estatal aumentó su demanda en dos puntos. Mientras tanto, los hospitales universitarios reclaman la aplicación de la ley de financiamiento.
El Gobierno de Javier Milei eliminó mediante el DNU 70/2023 los topes a los aumentos de las prepagas. Desde entonces, las empresas de medicina prepaga acumulan una suba de 417%, según un informe del Instituto Argentina Grande (IAG).
Unas 742.000 personas perdieron cobertura médica privada y ahora dependen del sistema público, según el relevo del IAG, en base a datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Además, hasta el segundo trimestre de 2023, el 67,5% de la población argentina contaba con algún tipo de obra social, prepaga o servicio de emergencia. Sin embargo, para el segundo trimestre de 2025, el porcentaje cayó a 65,4%.
Según evidenció el informe, la cantidad de personas que dependen exclusivamente del sistema público superó las 10 millones. "La población que solo posee cobertura médica a través del sistema de salud pública pasó de 9.551.000 personas a 10.293.000, engrosandose en 742.000 personas", puntualizó el documento.
En este sentido, desde el IAG señalaron que el contexto actual "no sorprende" dado que desde noviembre 2023 "se perdieron 206 mil empleos registrados". A su vez, remarcaron que "las prepagas aumentaron un 417% frente a una inflación de 293% en el mismo período".
La Dra. Marisa Aizenberg, directora del Observatorio de Salud de la Facultad Derecho de la UBA y del Instituto de Derecho de la Salud del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF), le dijo a CORTA que en el último tiempo hay una proliferación de la judicialización de la salud a raíz de reclamos cada vez más frecuentes por falta de cobertura de las empresas de medicina privada.
Entre las reiteraciones más frecuentes se encuentran medicamentos para enfermedades crónicas como diabetes y VIH, prestaciones de discapacidad (cobertura de transporte, educación, centros especializados, prótesis vinculadas con la Ley 24.901) y medicación oncológica que se retrasa o se interrupe la cobertura. Además abundan los amparos por internaciones domiciliarias y geriatría.
Otra problemática vinculada tiene que ver con problemas en las afiliaciones (monotributo), bajas de las prepagas y aumentos indebidos en las cuotas. En este sentido, la especialista niega la "industria del juicio" como tal, y subraya que los amparos no son el problema, "sino el síntoma de un sistema que no da respuestas adecuadas". Según la abogada, además de la carga de la enfermedad, al paciente se le suma la carga emocional y judicial que implica reunir documentación para hacer el reclamo.
"Ningún paciente desea judicializar sus problemas de salud, quiere encontrar respuesta dentro del sistema. Pero ante las demoras administrativas, rechazos injustificados o debate acerca de si determinadas prácticas estan incluidas en la cobertura obligatoria de obras sociales y prepagas no queda otra vía que la judicialización porque se encuentra en juego la vida o la salud de las personas", explica Aizenberg.
Desde la Defensoría del Pueblo de la Nación señalan a este medio que las empresas de medicina privada suelen ampararse en el DNU 70/23 para incrementar las cuotas y en el nomenclador de discapacidad para reintegrar valores desactualizados de las prestaciones por discapacidad. "En materia de medicamentos, se amparan en diversas Resoluciones ministeriales desactualizadas para cubrir lo que expresamente se ha incluido en la canasta básica de prestaciones, desconociendo la innovación tecnológica", apuntaron.
La Defensoría del Pueblo de CABA agrega en relación con los copagos, diversas empresas de medicina prepaga aplican la normativa vigente, sin considerar los casos de exenciones previstas en la Resolución N.º 1926/2024. "Esta norma contempla beneficios para pacientes oncológicos, personas con enfermedades autoinmunes, titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD), atención por guardia y el Plan Materno Infantil, entre otros supuestos que requieren reclamos individuales para su reconocimiento", detallan.