11 de noviembre de 2025 - 17.05
"¿Querés ser detective como Sherlock Holmes?". Así arranca la publicación que hizo Patricia Bullrich en su cuenta de Instagram, con el objetivo de reclutar personal para el DFI, el Departamento Federal de investigaciones, que creó dentro de la estructura de la Policía Federal (PFA) a imagen y semejanza del FBI norteamericano, al menos en la estética. En su cuenta de X acompañó la búsqueda para la carrera de "investigador del delito" con una imagen generada por IA, donde se la ve como pintada, con gesto adusto, y su índice señalando a quien observa el cuadro. Una copia de la que usó el US Army para buscar soldados voluntarios para combatir en la Primera y la Segunda Guerra Mundial.
Ambicioso desde lo comunicativo, lo que busca el DFI es personas con graduación universitaria. Lo que no avisan ni en la web en que las personas interesadas se tienen que inscribir es cuánto será su sueldo una vez incorporados como policías: un millón de pesos. Para mayor precisión, $1.052.141,79. Menos que un repositor de supermercado.
La inscripción, que arrancará el 1 de diciembre, es para un curso de nueve meses, durante el cual se cobrará una especie de beca. Y, al concluirlo, se ingresa a la PFA con el grado de subinspector, cargo para el cual el Gobierno determinó un sueldo apenitas por encima del millón de pesos, sin viáticos ni adicionales. Pero además, se aclara en la web del DFI, que "se debe firmar un contrato con el compromiso de quedarse al menos 5 años una vez egresado".
Lo que buscan en el departamento de investigaciones que creó Bullrich con el decreto 383/25, del 16 de junio de este año, es "incorporar perfiles profesionales con formación en campos financieros, tecnológicos, ambientales, cibernéticos o antiterroristas, capaces de aportar una mirada técnica y actual a la labor policial". "Se priorizaran las siguientes áreas: Ingeniería, Contabilidad Forense, Sistemas, Criminalística y Ciencias Forenses, Informática, Ciberseguridad, Ciencias Naturales y Exactas".
Un funcionario de carrera en las fuerzas federales, con largos años en el Ministerio de Seguridad, dice que lo que más se necesita, hoy, son técnicos informáticos para ciber delitos y contadores, para seguimiento de dinero de ilícitos. "Dos especialidades en las que se gana infinitamente más que un palo por mes en el sector privado", aclara el especialista. Aclara lo obvio.
El portal de ingresos de la PFA se ilustra con renders que permiten soñar con un día a día tipo CSI Las Vegas. Como fantasear con ser Gil Grissom pero cobrando por debajo de la línea de la pobreza. Para tentar a profesionales con diploma universitario, seguramente se necesite algo más que creatividad publicitaria y un buen community manager.
En diciembre de 2023, cuando arrancó el gobierno de Javier Milei, un subinspector tenía un salario de bolsillo de 503.726,20. La inflación acumulada a septiembre de 2025 es del 233%. En ese mismo período, los aumentos que otorgó Bullrich apenas duplicaron los haberes. Actualizados por inflación, hoy deberían estar en casi 1.700.000 pesos. Atados al congelamiento salarial que aplicó el Gobierno a todo el personal que cobra un sueldo del Estado, quedaron con un 50% de atraso salarial en menos de dos años.
Siempre golpeadas en el bolsillo, los salarios de las fuerzas federales tuvieron una mejora con un programa de regularización, escalonado, que fue de octubre de 2020 a febrero de 2022. Lo que se hizo, básicamente, fue ir convirtiendo en salario una serie de ítems que, al pagarse en forma separada, no se contabilizaban en aguinaldos o jubilaciones. Esto último desestimulaba muchísimo el retiro. De ahí hacia acá, todo fue en picada.
Si el sueldo no es de por sí un gancho efectivo para atraer reclutas hacia la PFA, la cobertura médica tampoco es una panacea. El caso de la PFA es el menos traumático, aunque no por eso libre de problemas. El Hospital Churruca depende de la Superintendencia de Bienestar de la PFA y está acosado por la falta de insumos, provisión de medicamentos, de servicios médicos y prácticas de auxiliares en todo el país.
El Ministerio de Seguridad está evaluando negociar un convenio con una prepaga para derivar su atención. Los salarios son bajos para cubrir esos costos con sus aportes, pero creen que por el volumen de uniformados y la baja demanda que proyectan -por edad de los policías y su familia- puede ser un negocio tentador. Mientras un plan de privatización del Churruca gira con mucha celeridad en la rumorología policial.
Lo más traumático está en otras dos fuerzas federales, la Gendarmería Nacional (GNA) y la Prefectura Naval Argentina (PNA), que comparten con las fuerzas armadas la obra social del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA).
Con una deuda multimillonaria, hace unos días debió intervenir directamente el Ministerio de Defensa, con 15.000 millones de pesos, para cumplir con pagos atrasados a proveedores de medicamentos. Entre ellos la Suizo Argentina, la firma señalada en los audios de Diego Spagnuolo como el canal de cobro de coimas en la compra de medicamentos para personas con discapacidad. El déficit acumulado llegó a los 200.000 millones de pesos.
La situación es tan crítica que muchos gendarmes y prefectos se quedaron sin atención médica en muchos lugares del país. Uno de ellos, en Rosario, donde clínicas y sanatorios suspendieron los servicios por la deuda acumulada. Una Rosario en la que luchan contra el narcotráfico pero no tienen ni un clínico que los atienda.
