Indemnizaciones a víctimas de la dictadura: auditorías del Gobierno por presuntas irregularidades
22 de abril de 2024 - 19.54 / Actualizado: 21.57
El Gobierno auditará todos los reclamos de indemnizaciones para víctimas de terrorismo de Estado durante la última dictadura militar, luego de un fallo de procesamiento por irregularidades en los trámites, comunicó hoy el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
Por qué importa.
Entre 1991 y 2013 se promulgaron 6 leyes nacionales que fijaron compensaciones económicas y pensiones para aquellos desaparecidos de manera forzada o fallecidos por el accionar del terrorismo de Estado, exdetenidos, nacidos o detenidos durante la privación de la libertad de sus madres, siempre que las detenciones fueran por razones políticas a disposición del Poder Ejecutivo o los tribunales militares. La ejecución de estos pagos dependía de la Dirección de Gestión de Políticas Reparatorias, dependiente del Ministerio de Justicia.
En detalle.
La cartera de Justicia afirmó que "auditará todos los reclamos que tramitan en el marco de las leyes de reparación patrimonial para víctimas de terrorismo de Estado y detendrá los pagos". La decisión se debe a la "detección de distintos casos con irregularidades en la tramitación, otorgamiento y/o pago". Desde el ministerio aseguraron que "se articularán medidas para no abonar las sumas económicas de los beneficios a quienes no correspondan" y se "perseguirá la devolución de las sumas pagadas por el fraude y que han sido cobradas indebidamente para que se restituyan a las arcas del Estado".
Profundizá
Los motivos.
El Gobierno justificó la iniciativa a partir de un fallo de procesamiento dictado en la causa "Martínez Moreira, Adrián y otros/defraudación, falsificación de documentos públicos y asociación ilícita", que fue confirmada por la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. Allí, un conjunto de personas fueron procesadas por los delitos de asociación ilícita, falsificación de documentos públicos y privados, uso de documentos públicos, falso testimonio, falsa denuncia, estafa y defraudación en perjuicio de la Administración Pública Nacional. A la par, Justicia denunció que "existen otras causas penales en trámite por irregularidades surgidas por pagos duplicados o realizados a personas que carecen de documentación que respalde su pedido".
Declaración.
"Descubrimos distintos juicios con auto de procesamiento confirmados por la Cámara de asociación ilícita de gente que inventaba con documentos y testigos falsos haber sido víctimas de terrorismo de estado. En más de 100 casos percibieron más de 150 mil dólares en concepto de indemnizaciones", afirmó Cúneo Libarona en LN+.
