21 de febrero de 2024 - 15.29 / Actualizado: 23 de febrero de 2024 - 19.17
El Gobierno constituyó hoy un comité para investigar el manejo de fondos del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) y de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Hábitat. La decisión se produjo luego de unas denuncias mediáticas que cuestionaron los fondos administrados entre 2019 y 2023 por esa unidad que estuvo dirigida por Fernanda Miño, una dirigente social del barrio La Cava, en San Isidro, militante del Movimiento de Trabajadores Excluidos y cercana a Juan Grabois. El titular actual de esa cartera, Sebastián Pareja, desmintió las denuncias y aseguró el correcto manejo de los fondos.
El lunes, el periodista Mariano Roa publicó una nota en Clarín en la que cuestiona el presupuesto asignado para viáticos y comisiones de la Secretaría en 2023 y el aumento en la planta de la dependencia durante la gestión anterior. También acusó a Grabois de utilizar los recursos del FISU para "sostener financieramente sus agrupaciones piqueteras" y asegura que el presidente Javier Milei ordenó eliminar el fondo, al que tilda de "oscuro". Esto se enmarca en el anuncio de la eliminación de fondos fiduciarios por parte del Gobierno.
Según un documento de la gestión anterior al que tuvo acceso CORTA, durante los 4 años de mandato:
Se realizaron 251.395 obras en 5.060 de los 6.467 barrios populares incluidos en el Renabap.
El monto transferido para afrontar el costo de las obras, que aparecen detalladas en un Monitor de Obras disponible online, fue de $401.869 millones, de los cuales apenas el 34,3% fue destinado a organizaciones de la sociedad civil.
El texto afirma que las distintas líneas de trabajo y sus respectivos presupuestos fueron supervisadas y auditadas de manera exitosa por 29 entidades de todo el país y por 3 auditorías instruidas por la Sindicatura General de la Nación, además de una serie de evaluaciones técnicas producidas por distintas instituciones.
El sucesor de Miño, Sebastián Pareja, desmintió hoy en Radio República que el Gobierno actual tenga intenciones de eliminar el FISU. "El Fideicomiso en sí continúa. Se va a aplicar técnicamente a lo mismo que se aplicaba, a los programas existentes y algún otro que vamos a crear nosotros y que tiende a urbanizar los barrios populares", detalló el funcionario, quien también rechazó la denuncia mediática respecto de los viáticos: "No hay manejo discrecional. A los viáticos no los pagamos nosotros, no disponemos del dinero. A veces uno no comprende bien el origen de la noticia y la intención".
Profundizá.
El dirigente social defendió los fondos destinados al programa: "La 'caja' que me atribuyen es bastante más chiquita que la que vamos a usar cuando hagamos la revolución de las 3T (tierra, techo y trabajo), sin disminuir el enorme mérito que tienen las obras desarrolladas con una política pública que -lo digo con orgullo- impulsamos desde los movimientos populares y ejecutaron personas brillantes, comprometidas, eficientes y honestas como pocas en este país".
En 2017, durante el Gobierno de Mauricio Macri, se creó el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap). Un año más tarde, el Congreso sancionó la ley de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana, una medida que habilitó la expropiación de tierras públicas sobre las cuales estaban asentados muchos de estos barrios y estableció un marco normativo para su integración socio urbana. La principal fuente de financiamiento para estas políticas se creó en 2021, ya durante la administración de Alberto Fernández, cuando se estableció el FISU con la asignación específica del 9% del Impuesto PAIS y parte del Aporte Solidario a las grandes fortunas.
El director ejecutivo de TECHO y expresidente del Instituto de la Vivienda de la Ciudad, Juan Maquieyra, dijo en diálogo con Radio con Vos: "Yo no sé de donde sale el número de obras terminadas que se difundió, la política de integración urbana fue votada por toda la cámara de diputados y sostuvieron 2 gobiernos distintos".
