Juicio político a la Corte: Diputados, con el ojo puesto en la obra social del poder judicial

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, que preside la diputada nacional Carolina Gaillard (FDT), analizó hoy las presuntas irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial (OSPJN), en particular en cuestiones presupuestarias y contables, y la falta de cobertura de vacancias en su directorio.

Quiénes declararon.

María Cristina Interlandi, médica legista y perito de la CSJN, ratificó el informe de la auditoría realizada en la obra social desde abril del 2008 hasta septiembre de 2021, de la cual formó parte. Además, hizo hincapié en la compra y venta de medicamentos en manos de la obra social.

Oscar Fernández, perito de la Corte y también parte de la auditoría realizada en la obra social -donde se ocupó de los temas contables-, reconoció que la obra social no contaba con un sistema contable y que eso implicaba “menos información de la que debería tener y menos integrada”. También admitió que no contaba con un presupuesto.

Melisa Solana, exsubdirectora Administrativa y Contable de la obra social del Poder Judicial, afirmó: “Yo no tenía oficina privada, con lo cual cada vez que recibía a los auditores externos lo hacíamos como podíamos; y la documentación que requería la auditoría era siempre dirigida al Directorio". Al igual que Fernández, ratificó que “no había registros contables”.

María Guadalupe Burgos, funcionaria de la obra social, fue consultada acerca de los pagos de la obra social y respondió: “Yo tengo la firma registrada en el banco para poder firmar los cheques y realizar transferencias de la obra social junto con otras personas, pero no es una única firma”.

Como parte de los testimonios para analizar el funcionamiento de la obra social expusieron también Laura Coulin y Liliana de Brito, trabajadoras judiciales afiliadas a la OSPJN. Ambas dieron su testimonio como damnificadas, por la falta de respuestas y reintegros de la obra social en tratamientos de discapacidad.

Quiénes se excusaron.

El ex director de la obra social, Aldo Tonón, que había sido citado a declarar, envió una nota a la Comisión solicitando su eximición al considerar que su declaración podría vulnerar y violar la garantía consagrada en el texto del artículo 18 de la Constitución Nacional. Los legisladores votaron a favor para reiterar la citación, con la aclaración de que puede negarse a responder las preguntas que él entienda puedan llegar a perjudicarlo en su derecho.

En otro orden, la Comisión aprobó la moción para que el abogado Marcelo Mazzeo, quien se negó a asistir en dos ocasiones a brindar declaración, comparezca por la fuerza pública, dándole intervención previamente y con la autorización del juez competente.