Juicio por YPF: los argumentos del Gobierno en defensa de la petrolera

El Estado argentino presentó anoche los argumentos por los cuales se opone a la orden de la jueza de Nueva York, Loretta Preska, de transferir el 51% de las acciones estatales de YPF al bufete inglés Burford Capital. 

En detalle.

Argentina señaló en su escrito en respuesta al fondo Bainbridge que la orden firmada por Preska implicaría una alteración sustancial del statu quo legal, político y operativo. No solo se violaría la Ley 26.741 de soberanía hidrocarburífera, sino que además generaría consecuencias legales y contractuales irreversibles en la estructura financiera de la petrolera.

"Argentina sigue dando pelea contrarreloj en la causa YPF y anoche presentó dos escritos. Continuamos esperando que la jueza Loretta Preska se expida sobre el pedido de suspensión solicitado y fortaleciendo lo que será la apelación formal a la sentencia de turnover de la semana pasada", destacaron desde la Procuración del Tesoro, el ente oficial que ejerce la defensa del Estado.

Los argumentos del Estado.

En "defensa de la soberanía y de los intereses del país", Argentina argumentó:

1. "Naturaleza excepcional del caso y cuestiones legales sin resolver: no es una disputa comercial ordinaria, sino un caso sin precedentes con un fallo de USD 16.100 millones, aún apelado, que plantea cuestiones jurídicas complejas, sobre las cuales incluso el gobierno de EEUU discrepa con la decisión del tribunal".
2. "Daño irreparable e imposibilidad legal de cumplimiento: la ejecución de la orden de turnover obligaría a Argentina a violar su propia legislación y perder el control sobre YPF de forma irreversible".
3. "Ausencia de perjuicio para los demandantes y fuerte interés público en mantener el statu quo: los demandantes no sufrirían daños por la suspensión, ya que la legislación argentina impide vender acciones de YPF sin aprobación legislativa. Además, la ejecución inmediata podría afectar a terceros no involucrados (como las provincias y bonistas) y activar cláusulas contractuales adversas para YPF, por lo que mantener el statu quo favorece el interés público".

Además.

Pese a que la respuesta al fondo Petersen/Eton Park siguió una línea argumentativa similar a la expresada por el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, días atrás, el Gobierno calificó de "obstruccionista" las palabras de mandatario bonaerense y se aclaró que no forma parte del Gobierno nacional y que su opinión política no tiene incidencia en la estrategia legal de la administración actual.

Profundizá.

Kicillof.

En una conferencia de prensa hecha el 1 de julio, Kicillof había explicado que el fallo de Preska "no tiene validez legal" dado que no puede "hacer prevalecer el estatuto de una empresa privada sobre la Constitución Nacional". Asimismo, el gobernador calificó el mismo como un "ataque a la soberanía argentina" y aseguró que "es una vergüenza que una jueza extranjera resuelva que nuestra Constitución no vale nada".