Las 3 claves del juicio por el atentado a CFK
1 Agosto de 2024 12.21
1 Agosto de 2024 12.21
Ayer en Comodoro Py se reanudaron las audiencias en el marco del juicio por el atentado contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con el testimonio del secretario de la entonces vicepresidenta Diego Bermúdez, quien se encontraba al lado de la víctima en el momento del ataque. La defensa de la exmandataria, que fue citada a declarar el 14 de agosto, cuestiona el tratamiento judicial del fallido magnicidio y denuncia un "pacto de impunidad" sobre los presuntos autores intelectuales del hecho.
El juicio está a cargo del Tribunal Oral Federal 6 (TOF 6), integrado por los jueces Sabrina Namer, Adrián Grunberg e Ignacio Fornari. En las primeras rondas de declaración brindaron sus testimonios dos de los tres detenidos en la causa: Fernando Sabag Montiel, el hombre que intentó disparar dos veces contra la expresidenta, y su exjefe Nicolás Carrizo. Después, comenzaron los relatos de los casi 300 testigos que serán citados miércoles a miércoles y entre los que destaca la propia vicepresidenta.
La causa fue elevada a juicio oral a fines de 2023 por decisión de la jueza de instrucción María Eugenia Capuchetti y del fiscal Carlos Rívolo, y los únicos acusados son Carrizo, Sabag Montiel y su exnovia, Brenda Uliarte. La magistrada y el fiscal consideraron que no existían elementos firmes para incluir en la investigación ciertas sospechas que podrían involucrar a distintos actores de la política argentina con el intento de magnicidio. Entre estas acusaciones destacan:
Desde un primer momento, la defensa de Fernández de Kirchner sostiene que existe un "pacto de impunidad" en Comodoro Py para garantizar la impunidad de los presuntos autores intelectuales del atentado. Entre otras cuestiones, los abogados de la expresidenta sospechan de los motivos que llevaron a la manipulación y posterior destrucción del teléfono de Sabag Montiel, una pieza clave de la investigación que estaba en manos de Capuchetti cuando se perdieron sus datos. También acusan al poder judicial de desestimar las pistas que conectaban a los detenidos con organizaciones políticas como Revolución Federal y, al mismo tiempo, de no profundizar en la investigación sobre los métodos de financiamiento de estas organizaciones.