27 de julio de 2026 - 12.10
El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, circula un anteproyecto que propone, entre otras cosas, derogar la Ley de Defensa de la Actividad Librera.
La norma, sancionada en 2001, obliga a los editores a fijar un precio uniforme de venta al público que deben respetar todos los puntos de venta del país. Denuncian que puede traer consecuencias graves para el sector.
El borrador, de más de 140 páginas e integrado en un paquete más amplio de desregulaciones, aún no ingresó formalmente al Congreso, pero ya generó un fuerte rechazo del sector editorial y un cruce público en redes sociales.
Según el Gobierno, la eliminación del precio fijo permitiría que las librerías compitan mediante descuentos y promociones, lo que podría abaratar los libros para los consumidores. Sturzenegger sostiene que la normativa actual solo prohíbe las rebajas y que defender la cultura no debería equivaler a "mantener libros caros e inaccesibles".
Desde su sanción, la Ley 25.542 acompañó un crecimiento significativo de la industria. De acuerdo con datos de la Cámara Argentina del Libro (CAL), se triplicó la cantidad de novedades publicadas, se duplicó el número de editores y se consolidó una red de alrededor de 1.500 librerías, la más densa de la región por habitante. El sistema de precio único igualó las condiciones entre grandes cadenas y pequeños locales de barrio, favoreciendo la competencia por catálogo y no por descuentos agresivos.
Esa estructura permitió la supervivencia de cientos de librerías independientes y de más de 500 editoriales PyMEs, que sostienen una oferta diversa más allá de los bestsellers. El sector sostiene que el modelo evitó la concentración que se observó en países donde se eliminaron regímenes similares, como el Reino Unido, donde desapareció cerca de un tercio de las librerías independientes.
Las principales entidades de la cadena del libro emitieron un comunicado conjunto en defensa de la norma. Firmaron la Cámara Argentina del Libro, la Cámara Argentina de Papelerías, Librerías y Afines (CAPLA), la Cámara Argentina de Librerías Independientes (CALI), la Fundación El Libro, la Unión de Escritoras y Escritores de Argentina y varias cámaras provinciales de libreros y papeleros.
En el texto advierten que la derogación no generará una baja sostenida de precios, sino una concentración del mercado en grandes superficies y plataformas digitales. Señalan que el libro es un bien cultural y no un commodity, y que el precio fijo garantiza bibliodiversidad, acceso federal a la lectura y la continuidad de las librerías como espacios de promoción cultural y actividad económica local. Ninguno de los actores de la cadena —autores, editores, distribuidores ni libreros— solicitó la eliminación de la ley, según el comunicado.
Hasta la cadena de librerías Yenny, una de las más grandes del país, se opuso al cambio de normativa por fuera del texto publicado por las cámaras. Expuso que puede traer consecuencias graves incluso para las cadenas porque los tanques del e-commerce pueden generar una competencia desleal con sus políticas de descuentos agresivas.
El debate saltó a las redes cuando el periodista Luis Novaresio escribió: "La crueldad al pretender hacer desaparecer librerías y editoriales independientes, en cada barrio de cada ciudad o pueblo, es un modo sofisticado de la maldad". Sturzenegger respondió de inmediato: "Me pregunto si Luis habrá leído lo que dice la ley. Lo que proponemos derogar solo prohíbe que se ofrezcan descuentos sobre los libros". Agregó que oponerse a libros más baratos le resulta incomprensible y que la diferencia entre ambos es "cultural".Novaresio replicó que sí cree en una cultura de autores y libreros argentinos respaldados por el Estado, le recomendó al ministro recibir a la industria y le recordó que es un servidor público.
No es la primera vez que el Gobierno intenta avanzar sobre esta norma. El esquema de desregular el precio uniforme ya había sido incluido en el DNU 70/2023 y en la versión original de la Ley Bases presentada a fines de 2023. En ambos casos, la disposición no prosperó. Ahora el ministerio de Sturzenegger vuelve a la carga con un nuevo borrador dentro de un paquete de desregulaciones económicas, que algunos denominan Hojarasca 2.0.
El sector espera ser convocado a un diálogo formal antes de que el proyecto tome estado parlamentario. Mientras tanto, libreros y editores independientes de distintas provincias ya expresaron su preocupación por el posible cierre de locales y la reducción de la oferta cultural si se elimina el precio único que rige desde hace casi un cuarto de siglo.
