19 de enero de 2026 - 14.43
El Gobierno de Javier Milei activó el reloj legislativo para uno de los temas más sensibles del verano: la Reforma Laboral. Pero también para un proyecto ambiental y productivo como es la modificación de la Ley de Glaciares, sancionada en 2010 para proteger las reservas de agua dulce en un contexto de cambio climático.
La iniciativa oficial busca "ordenar el marco normativo vigente" y atraer inversiones mineras por más de USD 30.000 millones, según estimaciones del sector. Críticos ambientales y opositores alertan que debilita las protecciones actuales y pone en riesgo reservorios estratégicos de agua.
La ley actual prohíbe actividades industriales -como minería a gran escala- en glaciares y en el ambiente periglacial, que son las zonas con suelo congelado que actúan como reservorios hídricos. El proyecto del Gobierno limita las restricciones absolutas solo a aquellos glaciares y periglaciares que demuestren una "función hídrica efectiva y estratégica".
Así, excluye de la prohibición áreas periglaciares que, según el Ejecutivo, hoy generan incertidumbre jurídica y bloquean proyectos productivos sin contribuir significativamente al suministro de agua. El argumento oficial: la protección actual es "demasiado amplia e indefinida". Para ambientalistas, esto habilita la explotación en zonas clave como glaciares de escombros o roca, que regulan el caudal de ríos en provincias cordilleranas.
Según la Casa Rosada, la reforma le devuelve a las provincias un rol protagónico en la definición y administración de sus recursos naturales. El proyecto delega en los gobiernos provinciales mayor potestad para determinar qué zonas requieren protección estricta, siempre respetando estándares mínimos nacionales.
Esto responde a un reclamo histórico de gobernadores de regiones mineras, que ven en la ley actual una intromisión nacional que frena el desarrollo. El oficialismo presenta la modificación como "más federalismo, más inversión y más desarrollo". Sin embargo, opositores advierten que fragmenta la protección y expone las reservas hídricas a decisiones locales influenciadas por presiones económicas.
El texto ordena completar y actualizar el recuento -a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA)-, que hoy está incompleto o desactualizado en varias provincias. El proyecto establece plazos precisos y criterios científicos para clasificar las áreas protegidas, con el objetivo de generar "reglas claras" que den previsibilidad a futuros y actuales inversores.
El Gobierno sostiene que no altera las prohibiciones absolutas sobre glaciares expuestos (hielo visible), pero elimina trabas en zonas periglaciares no estratégicas. El sector minero celebra esta señal como clave para desbloquear proyectos de cobre y litio en la Cordillera.
El oficialismo no cuenta con mayorías propias, por lo que el éxito depende de los bloques dialoguistas (PRO, UCR, Coalición Cívica y sectores del peronismo federal). En diciembre de 2025, durante el debate inicial, hubo apoyo condicionado: varios legisladores de estas fuerzas acompañaron el envío a comisiones, valorando el "equilibrio entre ambiente y desarrollo".
Sin embargo, CORTA pudo hablar con distintos integrantes del espacio Unidos, espacio de gobernadores, socialistas, algunos radicales, Encuentro Federal, y la Coalición Cívica, y hay miradas distintas: algunos expresan reservas por el impacto hídrico a largo plazo; Ferraro de la CC tiene una mirada crítica y en contra con una campaña de rechazo en redes; y Pichetto y Massot podrían acompañar el proyecto. Fuentes parlamentarias del PRO y el bloque UCR puro inclinan la balanza a favor, siempre que se mantengan "estándares ambientales reforzados".
El proyecto nació de un reclamo explícito de gobernadores, especialmente de provincias con potencial minero. San Juan, Catamarca y Salta impulsaron la reforma para "corregir un esquema centralista" que limita exportaciones y niega el desarrollo del empleo en esa región. Consideran que la ley actual genera "bloqueos innecesarios" a inversiones estratégicas en litio y cobre, vitales para la transición energética global.
No todos están alineados: gobernadores patagónicos y de zonas turísticas o agricultura dependiente del agua expresan cautela, alertando por el riesgo a reservas estratégicas. El pacto entre Milei y gobernadores mineros parece consolidado si uno mira los votos de las últimas leyes que se pusieron a consideración en los recintos, pero la oposición promete movilización ambiental para frenar lo que llaman "entrega de los glaciares".
Febrero será un mes caliente en el Congreso. La Ley de Glaciares aparece en medio del debate por la Modernización Laboral, piedra angular de la discusión legislativa que se viene en Senadores y Diputados. Puede ser una herramienta de cambio para abroquelar votos en la reforma que realmente les importa.
