28 de octubre de 2024 - 10.00 / Actualizado: 15.13
Los diputados socialistas Esteban Paulón y Mónica Fein presentaron hoy un proyecto para modificar la Ley de Ética Pública para "regular el accionar de los consejeros presidenciales". La ley apunta directamente contra el asesor Santiago Caputo que, a pesar de ser nombrado como consultor, no es un funcionario público.
Ante la falta de una designación como funcionario público, Caputo se encuentra eximido de las responsabilidades que los mismos requieren, como la presentación de declaraciones juradas. Asímismo, presenta incompatibilidades con la Ley de Ética Pública.
La oposición ha reclamado repetidas veces que el Gobierno aclare la designación y el rol del más íntimo y poderoso asesor presidencial, quien estuvo detrás de las movidas más importantes de la Casa Rosada, como la Ley Bases y el DNU 70/2023.
Los socialistas argumentaron que "quienes públicamente negocian y toman decisiones con atribuciones propias del presidente y bajo la figura de contratos monotributistas" deben responder a la ley, también en referencia a Caputo. "La Oficina Anticorrupción continúa sin modificar la interpretación legal y es fundamental que estos asesores presenten una declaración jurada obligatoria, independientemente de si su cargo es remunerado o no. No podemos aceptar que personas con semejante responsabilidad no rindan cuentas sobre su patrimonio antes, durante y después de su función pública", explicó Fein.
La iniciativa busca incorporar incisos sobre el funcionamiento de la Alta Dirección Pública, para establecer que sus funciones son las "expresamente establecidas en la Constitución Nacional en el art. 99 y que delegue el presidente, secretarios presidenciales, Jefe de Gabinete y Ministros del Poder Ejecutivo Nacional en otros funcionarios de menor
rango, asesores o consultores contratados". Allí apunta específicamente contra los asesores del presidente, quienes asegura deberán "cumplimentar con todas las obligaciones que posee el presidente en cuanto a la gestión de intereses, información pública, publicidad de los actos de gobierno y controles por parte del Congreso de la Nación de los actos presidenciales delegados".
El proyecto pide agregar un artículo que incluye en las responsabilidades de la ley a "los funcionarios que independientemente de su forma de contratación con cargos de Alta Dirección Pública y/o con remuneraciones iguales o mayores a 1500 Unidades Retributivas de Servicios (URS) del Sistema Nacional de Empleo Público".
Desde el socialismo aseguraron que otros compañeros de Encuentro Federal apoyarán la iniciativa, como Emilio Monzó. También se encuentran en diálogo con otros bloques, como la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica.
