Líneas privadas y un menú de tres pasos de la CGT para frenar la reforma laboral

El ministro del Interior, Diego Santilli, se fue tranquilo de la oficina de Gustavo Sáenz. Todavía le quedaban varias paradas a su road tour federal. En su poroteo de votos favorables probables para la reforma laboral estaban los nombres de la senadora Flavia Royón y de los tres diputados salteños. Unas horas después, el gobernador de Salta mantuvo una larga conversación con uno de los triunviros de la CGT. Le aclaró que ninguno de sus legisladores iba a votar algo que perjudicara a los trabajadores. El dirigente cegetista se tomó un rato para detallarle por qué el proyecto del Ejecutivo podría desencadenar una catástrofe para las personas que viven de su trabajo. Cuando cortó, el sindicalista se quedó más tranquilo que cuando llamó. 

Si se tratara de una escena de Volver al Futuro, los nombres de los legisladores que responden a Sáenz deberían haberse empezado a borronear en la libreta de Santilli. Al menos un poco. Sáenz puso en ejecución las artes de abrazar a todos sin firmarle nada a nadie. No es el único. Hay gobernadores, senadores y senadoras que, por estos días, son un chicle que se estira entre la Casa Rosada y la CGT. Una CGT que por ahora opta por la vía de la presión privada, la real politik, mientras los sectores más combativos que forman parte de la central reclaman pasar a la acción. Salir a la calle.

Hay que pasar el verano.

En el menú de tres pasos que diseñó la CGT para evitar que la reforma arrase con el actual marco jurídico laboral, el primer objetivo es evitar que se trate en febrero. Eso implica ir en búsqueda de al menos ocho voluntades -por fuera de las 28 bancas que hoy tiene el interbloque peronista- para impedir que el oficialismo consiga quórum. Eso, claro está, siempre y cuando no haya filtraciones en el peronismo. 

La línea del triunvirato con el Senado es José Mayans. El formoseño les garantizó que no habrá fugas y que tiene 28 senadores y senadoras dispuestos a resistir la ley de modernización laboral tal como la presenta el Gobierno. En Azopardo no están tan seguros, pero no les queda otra que creer.

Con Cristina Fernández de Kirchner no hablaron ni hablan. La conducción de la CGT no tiene hoy puentes directos con San José 1111. Incluso, hace algún ruido que la expresidenta no haya dedicado ni un posteo en X al debate que hoy cruza el Congreso. 

Empujar la reforma laboral por fuera del período de sesiones extraordinarias tiene un sentido. En el plan de la CGT, impedir el tratamiento en febrero sería un segundo fracaso para Patricia Bullrich, que se frotaba las manos con la idea de conseguir la media sanción del Senado en diciembre y no pudo, lo que empiojaría todavía más la discusión de la ley. También creen que, avanzado el año, la situación económica irá empeorando, la sintonía del Gobierno con la gente irá mermando y el contexto para cambiar de raíz el orden jurídico laboral irá poniéndose cada vez más oscuro para la Casa Rosada. Una táctica basada en una especulación, pero al menos hay una táctica.

Una motosierra para la reforma laboral.

El segundo paso del menú es que la reforma que llegue al recinto sea una versión mutilada de lo que mandó el Ejecutivo. Para eso opera en sistema de pinzas con las organizaciones empresarias pyme, como la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), tres entidades que ya hicieron públicas sus diferencias con la ley que motoriza Bullrich. El diálogo entre estas entidades y la CGT es permanente y coordinado.

Tienen intereses comunes. De mínima, las PyMEs rechazan el fin de la ultraactividad -lo que las expondría a una instancia de negociación anual- y que los convenios por empresa tengan preponderancia por sobre los convenios colectivos por rama. Ambos aspectos las exponen a una litigiosidad permanente sin las espaldas financieras de las grandes empresas para dar esas batallas. Además, consideran que las empresas más grandes tienen más fuerza para imponer peores condiciones laborales y salariales, lo que tendría un impacto directo en su competencia.

Hay otro punto menos presente, pero que también circula en los chats de empresarios. Muchas compañías tienen comisiones internas mucho más combativas que la conducción de esos sindicatos. "Prefiero una paritaria dura con el sindicato en el Ministerio de Trabajo que sentarme a negociar un convenio nuevo con el delegado de izquierda que tengo en la fábrica", se sinceró el dueño de una metalúrgica de Villa Lynch, partido de San Martín.

La Liga de la Justicia (laboral).

El tercer paso es la judicialización de la reforma. La CGT ya le ha sacado a los tribunales la inconstitucionalidad del capítulo laboral que contenía el mega DNU 70/23, la primera gran avanzada jurídica al  gobierno libertario. Y si la ley llega a conseguir los votos en las dos cámaras se iniciará automáticamente el capítulo en ese sentido.

Los abogados de la CGT ya tienen identificados todos los aspectos que tiene el sueño húmedo de Federico Sturzenegger convertido en proyecto de ley. Pero además de lo que pueda decir tal o cual artículo, creen que hay un espíritu que es directamente violatorio de derechos consagrados en la Constitución.

Sobre eso pesa una cuestión más: la reforma busca sacarles a los jueces del fuero laboral herramientas para resolver litigios entre trabajadores y empresas. "La reforma viene por nosotros, pero también por ellos", entiende un importante dirigente sindical. Sobran las razones, calculan, para que esa alianza se traduzca en fallos favorables si el proyecto se convierte en ley.

Hay una lágrima sobre el teléfono.

La CGT no tiene línea abierta con Bullrich (se reincorporó este lunes a sus funciones, después de unos días de descanso) ni con Josefina Tajes, la asesora que la ex ministra de Seguridad dejó para organizar las charlas previas al envío de la reforma laboral al recinto del Senado. De Tajes no tienen opinión: nadie la conoce.

El escenario es aún peor. "Santiago está completamente afuera", dicen. Santiago es Caputo. El teléfono rojo que tenía la CGT en la Casa Rosada está corrido de las negociaciones y conversaciones por la reforma laboral, que el presidente Javier Milei dejó en manos de Bullrich, al menos para el tránsito inicial por el Senado.