18 de marzo de 2025 - 14.55
A menos de 24 horas de una nueva marcha de jubilados, la cúpula de seguridad del Gobierno y algunos de los funcionarios más cercanos del presidente Javier Milei se reunieron hoy en la Casa Rosada para pulir y "mejorar" los detalles del operativo de mañana.
La marcha de la semana pasada terminó con heridos tanto en las fuerzas de Seguridad como entre los manifestantes. Uno de ellos, el fotógrafo Pablo Grillo, está en estado crítico luego de recibir un disparo en la cabeza producto de una granada de gas lacrimógeno. Desde el Ejecutivo le confesaron a CORTA que esperan que el operativo sea "tan exitoso" como el del miércoles pasado.
La reunión estuvo integrada por las principales figuras del ámbito de la seguridad nacional y la sede elegida fue el despacho del asesor presidencial Santiago Caputo. Asistieron la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el director de la SIDE, Sergio Neiffert, su segundo, y el subsecretario de Inteligencia Diego Kravetz. Además de Caputo, también estuvieron el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio y el secretario de Transporte, Franco Mogetta. La presencia de este último se debe a que Seguridad y Transporte —a través de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte— se encargarán de poner controles en los accesos de Buenos Aires hacia la Ciudad Autónoma para regular el tráfico.
Las marchas de los jubilados, que ocurren todos los miércoles, tomaron mayor volumen a partir de los hechos ocurridos la semana pasada. Para mañana, a los hinchas que se habían autoconvocado para la última protesta se le sumarán organizaciones sociales y partidos de izquierda, como el Polo Obrero, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, la CTA y ATE Capital.
El Ministerio de Seguridad viene de denunciar penalmente a la jueza Karina Andrade por los delitos de prevaricato, omisión de los deberes de funcionario público y encubrimiento tras la liberación de 114 detenidos luego de la represión de la semana pasada. Todavía falta que el Gobierno envíe una nueva denuncia contra la magistrada pero ante el Consejo de la Magistratura con el fin de destituirla del cargo.
