20 de abril de 2026 - 19.25
El Gobierno envió el viernes pasado al Congreso el proyecto de ley "Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez". La iniciativa busca auditar y reempadronar a los beneficiarios de más de 1,2 millones de pensiones no contributivas.
El Ejecutivo argumenta que el crecimiento exponencial de estos beneficios entre 2003 y 2023 generó un "alto riesgo de irregularidades". La medida reabre el debate sobre la Emergencia Nacional en Discapacidad, mientras organizaciones del sector presentaron hoy una denuncia penal contra el presidente Javier Milei.
Apenas horas después de que la mesa política de la Casa Rosada, encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y con la participación de Karina Milei, definiera los ejes, el Poder Ejecutivo remitió al Congreso el proyecto de ley "Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez", junto con la nueva Ley de Salud Mental. La iniciativa ingresó formalmente por el Senado de la Nación y apunta a modificar el régimen de pensiones no contributivas por invalidez laboral, con énfasis en la prevención, detección y sanción de irregularidades.
Según el mensaje presidencial que acompaña el texto, entre 2003 y 2023 las pensiones no contributivas por invalidez pasaron de aproximadamente 76.000 a 1.200.000 beneficiarios. "La magnitud de la situación descrita ha generado una inevitable sospecha sobre las condiciones en que dichos beneficios fueron otorgados", sostiene el documento oficial. El Gobierno argumenta que este crecimiento "exponencial" -que no tiene parangón ni siquiera en países que sufrieron guerras o catástrofes naturales- derivó en un "injustificable dispendio de los recursos del Estado nacional".
Aunque el proyecto no fija un número exacto de pensiones "truchas", las auditorías previas realizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y referencias de voceros oficiales en años anteriores hablan de un porcentaje significativo de irregularidades: en algunas provincias calculan que hasta 7 de cada 10 beneficios no cumplen con los requisitos médicos, socioeconómicos o documentales.
Las principales medidas del proyecto incluyen:
Precisamente el último punto es el que genera mayor controversia. La Ley de Emergencia en Discapacidad, declarada hasta el 31 de diciembre de 2026 -con posible prórroga dentro del texto-, fue vetada inicialmente por el presidente Milei, ratificada por amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso y finalmente reglamentada por decreto tras un ultimátum judicial pero con limitaciones, incumpliendo con el espíritu de la norma. El proyecto buscaba garantizar financiamiento adecuado para prestaciones, actualizar aranceles y proteger derechos de las personas con discapacidad. El nuevo proyecto del Ejecutivo reformula su esquema de auditorías y financiamiento, argumentando que es necesario compatibilizar la protección de los beneficiarios legítimos con el control del fraude.
Este lunes 20 de abril, un grupo de profesionales de la salud, familiares de personas con discapacidad y organizaciones de la sociedad civil presentaron una denuncia penal contra el presidente Javier Milei y el ministro de Salud, Mario Lugones. La causa, radicada en el juzgado federal de la magistrada María Eugenia Capuchetti, los acusa de "abandono de persona", "incumplimiento de deberes de funcionario público" y "abuso de poder", entre otros delitos.
Los denunciantes reclaman la interrupción de tratamientos, falta de medicación y cierre de centros de rehabilitación por demoras en el pago de prestaciones, a pesar de la vigencia de la Emergencia en Discapacidad. "La falta de políticas está provocando un daño concreto", señalaron voceros de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan y la Coalición Cívica, entre otras entidades impulsoras.
Desde el oficialismo, en cambio, se defiende que la reforma no busca recortar derechos sino "terminar con la Argentina de la avivada" y reasignar recursos a quienes realmente los necesitan. "El proyecto tiene por fin establecer mecanismos normativos específicos orientados a prevenir, detectar y sancionar el fraude, resguardando simultáneamente los derechos y garantías de los beneficiarios legítimos", afirma el mensaje presidencial.
El proyecto aún no tiene fecha de tratamiento en el Senado. Fuentes parlamentarias consultadas indican que podría ingresar a la Comisión de Trabajo y Previsión Social o de Discapacidad en las próximas semanas, aunque el calendario legislativo está cargado. En el oficialismo confían en que la amplia mayoría con la que contaron para otras reformas les permita avanzar, aunque en la oposición ya se anticipan críticas por considerar que se trata de un nuevo intento de desfinanciar el sistema de discapacidad.
El debate que se abre es profundo. Por un lado, el Gobierno sostiene que sin controles rigurosos el sistema es insostenible y genera inequidades. Por otro, las organizaciones de discapacidad advierten que las auditorías masivas y el endurecimiento de requisitos pueden dejar fuera a beneficiarios reales, en un contexto de emergencia ya declarada por ley. Con más de 1 millón de beneficiarios en juego, la discusión sobre el fraude en las pensiones por invalidez promete convertirse en uno de los ejes más calientes de la agenda legislativa de las próximas semanas.
