Polémica con "imbécil", "idiota" y "débil mental": qué pasó y por qué no se usan

La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) usó los términos "idiota", "imbécil" y "débil mental" en una resolución, publicada en el Boletín Nacional, para categorizar a determinadas personas que reciben las pensiones no contributivas. Sin embargo, tras recibir las críticas de diversos organismos que defienden los derechos de las personas con discapacidad, hoy aclararon que ANDIS "no tuvo ninguna intención discriminatoria, sino que se trató de un error derivado del uso de conceptos pertenecientes a una terminología obsoleta", reconocieron que la normativa incluyó términos que "han sido discontinuados" y adelantaron que harán las modificaciones "siguiendo los estándares médicos y normativos vigentes".

Qué dice la resolución.

La resolución 187/2025 aprueba el baremo, que establece los diversos tipos de discapacidad, "para la evaluación médica de invalidez de las Pensiones no Contributivas por Invalidez Laboral en los términos de la Ley 13.478 y el decreto 432/1997". Para realizar esta escala, ANDIS incluyó un anexo en el que se sumaron modificaciones en las calificaciones para las personas con discapacidad y separó en grupos a los "retardos mentales" en "idiota", "imbécil", "débil mental moderado" y "débil mental leve". 

Por otro lado, la agencia explicó que el fin de esta medida es determinar "la pertinencia del otorgamiento del beneficio". Además, indicó que las personas que reciban estas pensiones deben entregar certificado médico oficial, resumen de la historia clínica, estudios complementarios o interconsultas.

Por qué no se usan estos términos. 

El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5), una guía  creada por la Asociación Americana de Psiquiatría, eliminó el término "retraso mental" y lo modificó a "discapacidad intelectual". En el libro, explican que fue por "los intereses de los afectados".

Al ser consultado por CORTA, el expresidente de la Asociación de Psiquiatras de Argentina y actual presidente de la Asociación de Psiquiatras de América Latina, Santiago Levín, advirtió que "los términos utilizados por el Gobierno son anticuados y ofensivos", destacó que "el nuevo paradigma tiene su origen en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue sancionada en el 2006 por las Naciones Unidas y suscrita por el Parlamento argentino en el año 2007, y deja atrás términos anticuados" y agregó: "Esto solo puede ser entendido como desconocimiento y falta de actualización mínima de algunos funcionarios nacionales". 

Por otro lado, la exdirectora de Salud Mental nacional, Mariana Moreno, le dijo a este medio que "hace más de 20 años se dejaron de usar estos términos en nuestro país y actualmente es obligatorio basarse en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad" y agregó: "Ni siquiera en los manuales de clasificación de las enfermedades, como el CIE-10 o el DSM-5".

Las críticas. 

• "Estas expresiones refuerzan prejuicios y concepciones arcaicas que vulneran la dignidad de las personas con discapacidad intelectual", advirtieron en un comunicado desde la Asociación Síndrome de Down (ASDRA) y la Red Argentina Trisomía 21 y afirmaron: "Se trata de expresiones introducidas en 1912 y que fueron reemplazadas hace más de 70 años". Por su parte, desde el Foro Permanente Discapacidad aseguraron en sus redes sociales que la medida "endurece los criterios de acceso a las Pensiones No Contributivas  y reincorpora terminología obsoleta y degradante en la evaluación de personas con discapacidad intelectual".
• En diálogo con CORTA, Eduardo Maidana, miembro de Foro Permanente Discapacidad, dijo que "estos términos se usaban cuando recién comenzaba la psiquiatría y estigmatizan a las personas", recordó que "costó mucho que las personas con discapacidad pasen de ser un sujeto de asistencia a ser un sujeto de derecho" y agregó: "Fue difícil que dejen de ser 'el discapacitado', 'el down', 'el autista' a ser Pedro, Juan o Elena, que son personas y no enfermedades".
• Además, la exdirectora de Salud Mental nacional consideró que "el fin último es ir contra un derecho adquirido de las personas con discapacidad intelectual que realmente no pueden acceder al mundo laboral" y añadió: "Ellos se retractan, pero el error es muy grave. Además de cortar y pegar un documento, lo hicieron con uno que es sumamente viejo".