24 de marzo de 2025 - 07.54
Desde que asumió el presidente Javier Milei, más de 350 personas fueron despedidas de la Secretaría de Derechos Humanos, encabezada por Alberto Baños, y se achicó un 54% el presupuesto destinado al área. ¿Cómo afectó el desmantelamiento? ¿Cuál es la situación de los espacios de memoria, las causas de lesa humanidad y la Conadi? ¿Cómo impactan estas medidas a la consigna "Memoria, Verdad y Justicia"?
El año pasado el ajuste del gasto fue del 54% para el presupuesto vigente del Ministerio de Justicia destinado a la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos en comparación a 2023.
Según datos de ACIJ en base al Presupuesto Abierto e Indec, el gasto en el punto "Promoción y Defensa de los Derechos Humanos", en el que se encuentra lo otorgado a la Conadi, tuvo un ajuste del 51,48% en 2024 en comparación al año anterior. Hubo un recorte del 91% en la puesta en valor de Sitios y Espacios de Memoria y 88,60% en el Fortalecimiento de Procesos Judiciales contra Delitos de Lesa Humanidad. Además, según pudo averiguar CORTA, se recortó un 55% el presupuesto del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG).
Desde que asumió Javier Milei, se desmanteló el Equipo de Relevamiento y Análisis documental de los archivos de las Fuerzas Armadas, se cerró temporalmente el Centro Cultural Haroldo Conti para una "reestructuración" y todavía no abrió. Además, cerraron la Unidad Especial de Investigación de la Conadi, discontinuaron el funcionamiento de la mesa de trabajo sobre documentación de inteligencia vinculada a violaciones a los derechos humanos que funcionaba en la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y el Ministerio de Seguridad rechazó la entrega de legajos de efectivos de las fuerzas a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi).
En diálogo con CORTA, Carlos Pisani, integrante de H.I.J.O.S., contó que la agrupación tenía "convenios con distintos organismos para financiar proyectos que fueron cortados" y afirmó: "Teníamos un centro de extensión universitaria con la Universidad Nacional de La Plata y nos dijeron que se tomó la decisión porque era otro adoctrinamiento ideológico".
Por su parte, Paula Donadío, delegada de ATE en la Secretaría de Derechos Humanos, le dijo a este medio que en el Archivo Nacional de la Memoria "ni siquiera se dio presupuesto para comprar materiales" y explicó: "Hay tareas que requieren desde guantes hasta algunos químicos para preservar la documentación y hemos recibido escaso presupuesto o directamente no se ha bajado".
En diciembre de 2023, la planta de trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos era de 1.050 trabajadores. Hoy quedan 620, y esto incluye a personas que formaban parte del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) y del exMinisterio de las Mujeres, según datos del monitor de despidos de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Hasta ahora hubo 356 despidos y desvinculaciones. A esa cifra se le sumaron jubilaciones, renuncias y pases. Además, 9 de las 28 áreas de la Secretaría todavía no tienen personas a cargo.
Por otro lado, el área de Genética de la Conadi ya no tiene empleados. Una trabajadora de la Comisión le explicó a CORTA que "con la reducción a la mitad del personal, ahora funciona de manera lenta y está afectada por la dificultad de acceso a la información y documentación".
Por su parte, Pisani remarcó que "si hay más de 300 trabajadores menos, la búsqueda de los nietos se ralentiza, los espacios de memoria tienen menos visitantes y los juicios tardan más". "Si querés hacer una visita al sitio de memoria Club Atlético, el centro clandestino donde estuvieron mis papás, hoy no hay guías. En la ESMA antes había visitas 6 veces a la semana y ahora solo 3", agregó.
Hay 265 causas de las que la Secretaria es querellante en distintas etapas del proceso. En diciembre de 2023 había 26 abogados querellantes y hoy quedan 12 en todo el país. Trece fueron despedidos y uno tomó el plan de retiro voluntario, según datos de la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos Nacionales.
"Entendimos que les dolía más que hagamos nuestro trabajo a que no. No nos bajamos de ninguna querella, pero cada vez hay menos abogados y son causas muy grandes", afirmó el abogado querellante Fernando Almejún en diálogo con este medio.
Como consecuencia de los despidos, los juicios en Mar del Plata, Bahía Blanca, Córdoba, La Rioja, Catamarca, Corrientes y Mendoza se quedaron sin representación. "Para mí es, de alguna forma, un nuevo pacto de impunidad. Se corre un actor necesario", aseguró Almejún. "En el área de investigación se perdió a dos de los principales investigadores históricos, que eran sabuesos de genocidas", agregó.
En febrero, la Mesa de Trabajo de los excentros clandestinos denunció una reducción en las contrataciones de trabajadores que prestaban servicios en las áreas de arqueología y conservación, educación, comunicación, investigación, archivo, puesta en valor y mantenimiento de los espacios. También manifestó su preocupación por la venta de edificios que son parte de los predios de excentros clandestinos.
Tras la ola de despidos, uno de los lugares cuyo mantenimiento corrió mayor riesgo fue el Espacio para la Memoria "Virrey Cevallos", dado que quedaban solo dos trabajadores. En diálogo con este medio, uno de los empleados despedidos aclaró que ahora hay 7 personas para las distintas áreas tras la reincorporación de dos de los desafectados y de tres empleados que antes estaban en el Inadi. Sin embargo, advirtió: "Ahora tenemos el examen de idoneidad y, si no es aprobado, la continuidad del contrato no se realizará".
