26 de mayo de 2026 - 15.32
El gobierno envió al Congreso de la Nación un proyecto de ley que regula el "lobby" entre privados y el Estado.
El proyecto busca resolver problemas concretos que tiene el sistema de hoy para negociar intereses entre las partes, y derribar barreras para aquellos a los que le queda lejos poder sentarse a interferir en alguna norma en discusión o en una decisión del Ejecutivo.
La Ley de lobby o la Ley de Gestión de Intereses establece una serie de obligaciones a la hora de las negociaciones entre los privados que quieren interferir en alguna decisión que parta desde el ámbito público. Ya sea por leyes del Poder Legislativo o resoluciones, decretos o actos de gobierno del Poder Ejecutivo, quienes se sienten a dialogar buscando un punto en común, deberán cumplir una serie de requisitos, ya sean empresarios, integrantes de organizaciones de la sociedad civil, ciudadanos de a pie o funcionarios públicos.
En los hechos, la norma crea un registro obligatorio. Quien quiera influir en una decisión pública deberá anotarse en un registro oficial. A su vez, habla de "transparencia activa". Los funcionarios, desde el presidente de la Nación hasta asesores del rango más bajo, tendrán la obligación de anotar cada contacto o reunión en un sistema público dentro de los cinco días comenzadas las charlas.
De no hacerlo, la ley contempla castigos claros. Si alguien miente, oculta información o gestiona "en las sombras" sin anotarse, podrá recibir multas pesadas e incluso penas de prisión. Las multas pueden ir de 5 a 500 salarios mínimos, vitales y móviles, suspensión de 12 meses del Registro Público de Gestores o hasta inhabilitación definitiva. Incluso, hay una multa agravada de hasta 2000 SMVM para quienes gestionen intereses extranjeros. Para quienes obstruyan la fiscalización, destruyendo o alterando documentos, el castigo puede ir de 100 a 2000 SMVM.
Para funcionarios públicos -que son sujetos obligados- será considerada falta grave o causal de mal desempeño el incumplimiento de registración. Además, para todos, por gestión clandestina de intereses, o por falsedad u ocultamiento, la norma contempla un castigo penal de seis meses a dos años de prisión. Y para voluntades extranjeras de seis meses a tres años de prisión.
En los fundamentos del proyecto se desentraña el pensamiento del Poder Ejecutivo sobre los temas que puede resolver la iniciativa. Según indican, es el fin de las negociaciones "a puertas cerradas", ya que hoy existe un "vacío legal", especialmente en el Congreso, que permite que muchas personas o empresas influyan en las leyes sin que la ciudadanía sepa quiénes son o qué pidieron. El proyecto quiere eliminar el oscurantismo creando estos registros públicos donde se anote qué privado se reúne, con qué funcionario, por qué tema y a quién representa.
Por otro lado, el proyecto señala que hoy hay "asimetrías" entre algunos sectores con mucho poder tienen llegada directa a los funcionarios, mientras que otros no. Se busca que el acceso a quienes toman decisiones sea más equitativo y no un privilegio de unos pocos. Desde la oposición creen que el acceso va a seguir siendo inequitativo por el poder que tienen los grandes lobistas, mientras que las ONG u organizaciones civiles quedarán a tiro de sanciones enormes por no tener las herramientas necesarias, ya sea informativas o legales, para hacerlo.
A su vez, el Gobierno cree que viene a resolver un problema específico que es la falta de transparencia cuando hay gobiernos o empresas extranjeras tratando de influir en temas estratégicos como defensa, recursos naturales o seguridad. La ley obligará a estos gestores a identificarse claramente y dar reportes especiales.
Por último, argumentan, la normativa podría terminar con la práctica de la "puerta giratoria". Para evitar que un funcionario use sus contactos inmediatamente después de dejar el cargo, el proyecto resuelve el problema del conflicto de intereses imponiendo una prohibición de 24 meses de integrar el registro de lobistas. Durante ese tiempo, quienes dejen su puesto no podrán actuar como gestores de intereses ante los organismos donde trabajaron.
Todavía no hay posiciones formadas dentro de los bloques opositores y los dialoguistas que pueden darle el impulso a la norma, pero en líneas generales los bloques van tomando posición en off. Lógicamente, desde la bancada oficial acompañan y buscan crear consensos.
Según pudo averiguar CORTA, los dialoguistas creen que es un avance positivo, aunque creen que "llega tarde". "A la Ley Bases la escribió Funes de Rioja, a la de Glaciares las mineras, al Súper RIGI se lo recomendó Peter Thiel, y ahora quieren discutir esto. Es una tomada de pelo", disparó uno de los diputados.
Por su parte, desde el PJ creen que no tiene sentido la norma, que es "para cuidarse las espaldas" por las leyes que se votaron en el Congreso durante este gobierno y la rechazan sin discusiones ni matices.
