05 de febrero de 2026 - 17.36
El Congreso nacional vive días de intensa negociación en el marco de las sesiones extraordinarias convocadas por el presidente Javier Milei. El Gobierno busca avanzar con la media sanción el miércoles y jueves de la semana que viene de un paquete de reformas que incluye una nueva versión de la Reforma Laboral, que contiene modificaciones en el impuesto a las Ganancias para sociedades y la aprobación del Régimen Penal Juvenil.
Mientras el oficialismo cede en algunos puntos para sumar votos para la baja de la edad de imputabilidad, surgen resistencias de la CGT, gobernadores provinciales y sectores empresarios por la Modernización Laboral. La carrera a contrarreloj es palpable: el Ejecutivo necesita sanciones rápidas para consolidar su agenda de verano y sacar las reformas.
El eje central es la reforma laboral, que el Gobierno presenta como herramienta para "modernizar" las relaciones laborales y reducir costos. Sin embargo, la CGT ha puesto el foco en frenar seis artículos clave que considera regresivos. Estos puntos afectan directamente el poder sindical y las protecciones laborales: limitaciones al derecho de huelga en servicios esenciales, cambios en el financiamiento de los sindicatos -anclado en la eliminación de la obligatoriedad de que los empleadores retengan la cuota sindical-, reducción de aportes patronales a obras sociales, eliminación o atenuación de multas por trabajo no registrado, modificación de la ultraactividad de los convenios colectivos -que permite que se venzan los convenios vigentes- y promoción de acuerdos, empresa por empresa, en detrimento de la negociación por actividad.
Los dirigentes sindicales, encabezados por la troika de Héctor Daer, Pablo Moyano y Carlos Acuña, advierten que estos artículos "golpean el modelo sindical argentino" y facilitan el "fraude laboral". En los últimos días, la central obrera intensificó su negociación: se reunió con gobernadores peronistas y busca aliados inesperados entre empresarios.
Por ejemplo, entidades como la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) coinciden con la CGT en rechazar varios de estos puntos, ya que temen que la desregulación beneficie solo a grandes corporaciones y desestabilice el tejido productivo mediano. Los gobernadores opositores, por su parte, estudian estrategias conjuntas para bloquear o modificar la reforma, preocupados por el impacto indirecto en la coparticipación y el empleo provincial.
El Gobierno admite flexibilidad en algunos artículos laborales para asegurar votos, pero mantiene firmeza en el capítulo fiscal. Aquí aparece el segundo gran obstáculo: la reducción de la alícuota del impuesto a las Ganancias para sociedades. La iniciativa baja progresivamente las tasas para las empresas con mayores utilidades, con el argumento de incentivar inversión y competitividad. Sin embargo, los gobernadores -incluso algunos aliados- ven con alarma la pérdida de recursos coparticipables.
Estimaciones indican que las provincias podrían dejar de percibir cientos de miles de millones de pesos anuales. Por ejemplo, Chubut calcula una pérdida de hasta 17.000 millones en 2026. El "ala dura" del Gobierno, liderada por figuras cercanas al ministro de Economía, rechaza compensaciones fiscales o aplicación gradual, argumentando que cualquier concesión diluiría el objetivo de baja presión tributaria, y quiere que se mantenga el texto. Esta postura genera tensión con mandatarios patagónicos y del norte, que ya sufrieron recortes en transferencias discrecionales. Algunos gobernadores dialoguistas condicionan su apoyo a la reforma laboral completa a contrapartidas en este punto, mientras el oficialismo busca votos individuales en el Congreso para sortear el planteo de las provincias.
En paralelo, el Gobierno logró un avance significativo en otro tema sensible: el Régimen Penal Juvenil. Tras negociaciones intensas, el oficialismo aceptó el pedido del PRO y sectores de la UCR para llevar el proyecto al recinto con un piso de 14 años para la edad de imputabilidad, en lugar de los 13 que impulsaba originalmente Patricia Bullrich. La exministra de Seguridad había defendido la versión más dura, pero LLA cedió ante la falta de votos suficientes en Diputados.
El proyecto establece la punibilidad a partir de los 14 años, con penas máximas de 15 años para delitos graves -y no de 20 como pedía el proyecto presentado el año pasado- y la creación de institutos especializados para menores. Además, incluye la asignación de recursos presupuestarios nacionales para su implementación, un punto clave reclamado por las provincias que deberán ejecutar la norma. Fuentes parlamentarias indican que Diputados podría votar la media sanción el próximo jueves 12 de febrero, en un trámite exprés. El PRO, a través de Cristian Ritondo, garantizó su respaldo total y celebró la edad de 14 años como "equilibrio razonable".
Este acuerdo con el PRO fortalece al Gobierno en la Cámara baja, donde La Libertad Avanza necesita aliados para alcanzar quórum y mayorías. Otro punto que pidió el macrismo es que se incluya el tema presupuestario dentro del proyecto. Aseguran que "bajar la edad sin invertir en infraestructura es populismo penal", y que "requiere centros de alta seguridad especializados y un modelo socioeducativo que hoy no existe".
Los dos temas -Reforma Laboral y Régimen Penal Juvenil- están cruzados en la estrategia oficialista. El Gobierno cede un poco para blindar los núcleos duros: desregulación laboral, baja de edad de imputabilidad y baja impositiva para empresas. Sin embargo, la resistencia de la CGT, que amenaza con medidas de fuerza si no se eliminan los seis artículos cuestionados del texto de la modernización en las relaciones de trabajo, y la presión de gobernadores por recursos, complican el panorama, aunque el equipo de Milei asegura tener los votos.
Si el oficialismo logra las medias sanciones, consolidará el rumbo. De lo contrario, la fragmentación de alianzas podría postergar la agenda hasta marzo, con costo político alto para Presidente.
