21 de mayo de 2026 - 13.24
La Cámara de Diputados aprobó ayer con media sanción el proyecto de ley del Gobierno para readecuar el Régimen de Subsidios a los Consumos Residenciales de Gas Natural en Zonas Frías.
Los territorios eliminados tienen más de 1.6 millones de usuarios que perderán el subsidio universal, mientras que 1.8 millones de hogares inscriptos en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) lo mantendrán. En la Patagonia, en la región de Malargüe en Mendoza y en la Puna se mantiene el beneficio del 50% de subsidio a la tarifa.
Con 132 votos a favor, 105 en contra y 4 abstenciones, la iniciativa -ya girada al Senado- reduce drásticamente el alcance geográfico del beneficio y lo focaliza en las zonas de frío extremo. Más de 1.600.000 usuarios perderán el subsidio universal, mientras que 1.800.000 hogares inscriptos en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) lo mantendrán.
El régimen, creado en 2002 y ampliado en 2021, otorga descuentos de entre el 30% y el 50% en las facturas de gas natural por redes a hogares de regiones con alto consumo por bajas temperaturas. La ampliación de 2021 incorporó criterios bioambientales y extendió el beneficio a más de 3.4 millones de usuarios adicionales, llevando el total a más de 4 millones de hogares en 14 provincias.
El financiamiento se sostiene con un recargo de hasta el 7,5 por ciento -era del 5 por ciento antes del cambio en la ley- sobre el precio del gas mayorista que se inyecta en el sistema de distribución, que pagan todos los usuarios del país, más aportes del Tesoro cuando el fondo resulta insuficiente.
El golpe más fuerte recae sobre las provincias pampeanas y otras que ingresaron con la ampliación de 2021. De los 3,4 millones de usuarios incorporados entonces, 1,6 millón perderá el descuento automático y universal. Solo quienes cumplan los requisitos del SEF, que son ingresos familiares hasta tres Canastas Básicas Totales -$3.9 millones o menos-, más casos de discapacidad, veteranos de Malvinas o ReNaBaP, conservarán un beneficio adicional.
Buenos Aires es la más afectada. Pierden el beneficio automático la Costa Atlántica y decenas de municipios del interior. Solo en el partido de General Pueyrredón (Mar del Plata) se verán impactados más de 260 mil hogares. En toda la provincia se estima que cerca de 1.5 millones de bonaerenses (algunas fuentes hablan de casi 2 millones de usuarios) perderán el descuento universal. Ciudades como Bahía Blanca, Necochea, Pinamar, Villa Gesell, Tandil y muchas del interior donde el frío es crudo en el invierno, quedan afuera.
Además, en Córdoba, 13 departamentos del centro y sur pierden el beneficio automático. Se verán afectados alrededor de 680 mil hogares. Departamentos como Río Cuarto, Juárez Celman, Calamuchita y otros quedan excluidos del descuento geográfico universal. Suele nevar en muchos durante el invierno.
Por otro lado, ocho departamentos del sur de Santa Fe pierden el subsidio automático. El impacto alcanza a más de 500 mil usuarios, la mayoría centralizados en Rosario y zona de influencia.
El caso de Mendoza es otro particular, porque solo el departamento de Malargüe mantiene el beneficio pleno por su territorio cordillerano. El resto de la provincia -Gran Mendoza, San Rafael, Valle de Uco y otros- queda afuera del descuento universal. Se estima que más de 422.000 familias mendocinas se verán afectadas.
En otros territorios como La Pampa, San Luis, San Juan, Salta, Catamarca, La Rioja, Tucumán, centenares de miles de hogares en total pierden también el descuento por Zona Fría.
El Gobierno proyecta un ahorro fiscal de alrededor de $500 millones con esta readecuación, al reducir el universo de beneficiarios y los aportes del Tesoro al fondo fiduciario que mantiene el descuento en las tarifas. El proyecto ahora debe tratarse en el Senado, donde el Ejecutivo espera repetir las negociaciones que le permitieron sumar apoyos en Diputados, como por ejemplo compensaciones en energía eléctrica para provincias del norte catalogadas como de zonas cálidas. Aunque la oposición se se negó firmemente, las chances de sanción definitiva en las próximas semanas o meses son consideradas altas por el oficialismo, que prioriza el ordenamiento fiscal antes del invierno.
La medida genera fuerte controversia: para el Gobierno representa la focalización de subsidios a las personas que los necesitan y responsabilidad fiscal, aunque para los críticos de la gestión implica aumentos de entre 30% y 50% -sumado a los incrementos tarifarios- en las boletas de gas para millones de hogares de clase media y trabajadores en el inicio de la temporada de mayor consumo. El Senado definirá el destino final de la norma.
