Asunto separado: por qué los obispos de la Iglesia Católica ya no cobran del Estado
02 de enero de 2024 - 20.26 / Actualizado: 22 de febrero de 2024 - 19.57
La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) anunció hoy que el último día hábil de 2023 se hizo efectiva la renuncia a la asignación mensual prevista en la Ley 21.950, que establece que el Estado debe hacerse cargo del salario de obispos y arzobispos de la Iglesia Católica (que equivale al 80% del sueldo de un juez de primera instancia).
Por qué importa.
Según el Presupuesto 2022, el Estado destina a la Iglesia Católica más de 200 millones de pesos que incluyen sueldos de arzobispos y obispos, subsidios a sacerdotes en zonas de frontera y becas para seminaristas. Esto corresponde a las leyes 21.950, 22.162 y 22.950.
En detalle.
Esto finaliza un proceso iniciado en 2018 durante la 116° Asamblea Plenaria donde la CEA comunicó que renunciaría gradualmente a estos tres financiamientos y lo reemplazaría por "alternativas basadas en la solidaridad de los fieles". También había anunciado la creación de un fondo solidario.
Pero.
La Iglesia Católica seguirá percibiendo un beneficio establecido por una resolución del 26 de abril de 2023 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, que establece que los arzobispos y obispos que hayan cesado sus cargos por razones de edad o invalidez pueden solicitar una asignación de $98.000.
Además.
Se desconoce el aporte que realiza el Estado a las escuelas religiosas a través de subsidios.
Profundizá
El origen.
Las leyes que instauraron el financiamiento estatal a la iglesia surgieron durante la última dictadura cívico militar de 1976. La Ley 21.950 de sueldos de obispos y arzobispos fue firmada en 1979 y la 22.162 de subsidios a sacerdotes en zonas fronterizas en 1980, ambas bajo el mandato de Jorge Rafael Videla. La 22.950 se aprobó en octubre de 1983, bajo el mando de Reynaldo Bignone.
