23 Marzo de 2026 10.00
A 50 años del golpe de Estado de la última dictadura cívico-militar que se extendió desde 1976 a 1983, la memoria se conserva como política activa de los organismos de Derechos Humanos y el Estado.
Desde el retorno de la democracia hace 40 años, el pedido de las organizaciones de derechos humanos es unísono: Memoria, Verdad y Justicia, es decir, que el Estado asuma la responsabilidad de reparar a las víctimas de terrorismo de Estado y garantice el acceso a documentos e información que resuelvan su identidad.
En Argentina, la Ley N°27.656 (promulgada en 2021 y reglamentada en 2023) establece la inscripción de la condición de detenido-desaparecido en los legajos laborales de los trabajadores víctimas del terrorismo de Estado que revistaban, al momento de su desaparición, como personal en relación de dependencia del sector privado, aun cuando figurasen desvinculados por cualquier otra causa y, de esa forma, proceder a su reparación documental.
El valor de los documentos de archivo radica en que sirven como prueba jurídica, garantizan derechos y permiten estudiar la historia. La problemática que existe en relación a esto es la falta de conservación, organización, recursos, las normas confusas y los documentos clasificados que dificultan el acceso a la información.
En nuestro país hay organismos que brindan información sobre la dictadura y los ciudadanos desaparecidos. Se trata de:
Otras fuentes son: El Diario del Juicio, El Diario de las Madres, hemerotecas como la de la Biblioteca Nacional y la del Congreso de la Nación, y fotos de lo que supo ser la agencia nacional de noticias Télam, disuelta oficialmente en julio de 2024.
Durante 2025, CORTA lanzó el proyecto @Juicio1985 en las redes sociales. En esa experiencia, se hizo una cobertura día a día de cada testimonio de un juicio sin antecedentes en el mundo: el Estado condenó a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad que asumieron el poder por la fuerza.
"El Estado es garante de derechos. Aunque un gobierno circunstancial se niegue hacerlo, el derecho a la identidad es fundamental, tanto que está incluido en nuestra propia legislación", dijeron desde Abuelas de Plaza de Mayo a CORTA. Además hicieron hincapié en que incluso si una persona se negara a conocer su propia identidad, el Estado debería garantizársela.
"Y en el caso de nuestras nietas y nietos, el delito de la apropiación cesa cuando se conoce esa verdad, y también cesa el falseamiento de esa historia y de esa genealogía. Y para que no se perpetúe este crimen, la actuación del Estado es esencial", sostuvieron a este medio.
Los efectos principales de que este derecho se vea desprotegido son dos, según la organización. Por un lado, la incertidumbre en la que viven las familias que buscan nietos desde hace medio siglo, y el mensaje que se da a la sociedad por otro. "Si no se vela adecuadamente la defensa y protección del derecho a la identidad, significa que no es importante y se habilita su vulneración y la eventual repetición de delitos, como la apropiación, que nunca más deberían repetirse", explicaron.
El 10 de marzo, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) identificó a 12 personas que fueron encontradas en el excentro clandestino La Perla, en Córdoba. La información fue comunicada a través del Juzgado Federal N°3 de la ciudad.
Si tenés dudas sobre tu identidad, podés contactar a las Abuelas de Plaza de Mayo en este link.