Bases y paquete fiscal: el Frankenstein que quiere armar el Gobierno

El Gobierno ya decidió cómo es el Frankenstein que quiere armar en el Congreso para darle al presidente Javier Milei sus primeras dos leyes. De la media sanción a la Ley Bases y al paquete fiscal que aprobó la Cámara de Diputados en abril, quiere la lista corta de organismos que puede disolver o suprimir competencias o funciones; el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) original; la reinstauración del impuesto a las Ganancias y las rebajas en el impuesto a los Bienes Personales; la nómina de empresas sujetas a privatización que incluía Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y RTA; la eliminación de la moratoria previsional; la supresión del artículo para continuar obras públicas con un 80% de avance; y la reforma laboral que, originalmente, había acordado con el radicalismo y con Miguel Pichetto. Del resto, aceptaría los cambios que se hicieron en el Senado. En Casa Rosada ya saben que algunas cosas no las van a tener. El RIGI quedará con los beneficios para las empresas locales que se agregaron en la Cámara Alta; con la moratoria y la obra pública no habrá marcha atrás; y la lista de organismos del ámbito cultural y científico continuarán exentos de ser eliminados. Para el resto, tendría los votos propios -los libertarios y los del PRO- y la gran mayoría de los dialoguistas -la UCR, Hacemos Coalición Federal (HCF) e Innovación-. Este sector hará una devolución detallada el lunes de qué cosas están dispuestos a votar y cuáles no. La batalla será, parece, por las compañías en manos del Estado. "Si insisten con Aerolíneas, ponen en riesgo todo", advirtió un dialoguista, aunque ni en sus filas hay una posición uniforme sobre qué hacer con la aerolínea de bandera. El vicejefe de Gabinete, José Rolandi, se llevó un pedido: "Si quieren Ganancias, que salgan los gobernadores y el Presidente a pedirlo, públicamente".

Un pacto franco. 

Una puesta en escena que intentaron dotar de épica. Guillermo Francos ocupando una mesa en el Salón Gris del Senado, por la que desfilaban senadores con sus pedidos de cambios, revisiones y correcciones del dúo de leyes del Ejecutivo. Pasaron los senadores que aportaron sus firmas finales al dictamen, algunos de ellos hoy señalados como traidores por sus compañeros, tal el caso del entrerriano Edgardo Kueider. El jefe de Gabinete limpió ahí mismo la lista de "privatizables", acordó un beneficio para Tierra del Fuego, con el que se garantizó el voto clave del radical Pablo Blanco, y los cambios al RIGI, para evitar sorpresas en el recinto. La embajada en la UNESCO para la neuquina Lucila Crexell ya se había pactado en otro ámbito. Allí hizo las promesas necesarias para garantizarse los votos. Solo restaba una zozobra más, la rebeldía santacruceña, que lo sorprendió días después en medio de una cena de gala, organizada por una fundación. Fue empate y en los penales ganó Victoria Villarruel. Ahora, las promesas hechas en esa mesa son las que está pidiendo revertir. Un riesgo muy alto al que se expone Francos. "Si el Gobierno no respeta el acuerdo que hizo en el Senado, va a tener problemas para aprobar cualquier otra ley". La frase la dijo ayer el diputado de la UCR Martín Tetaz, pero esta sensación es generalizada.

Desconexión radical. 

La semana pasada hubo un primer acercamiento entre los negociadores del Ejecutivo y los presidentes de los bloques oficialistas y dialoguistas. "¿Qué quieren ustedes?", se interesó el radical Rodrigo de Loredo. Francos tomó la palabra y, en forma imprecisa, dijo que había cosas del Senado que conformaban al Gobierno y cosas que les gustaba más cómo habían salido de Diputados. "Cochi" Rolandi pidió tiempo hasta este martes para hacer la devolución del Frankenstein. La devolución llegó y faltaban varias de las cosas que los senadores de la UCR habían incorporado en el Senado, pero a los oficialistas esto no les preocupaba. "En la UCR, Diputados y el Senado son mundos distintos", confesó un negociador de LLA. Más claro lo dejó la diputada radical Roxana Reyes: "Estamos tratando el tema de las privatizaciones, Bienes Personales y Ganancias -dijo en una entrevista radial-. Si el oficialismo quiere insistir con (la versión original de) estos temas, los votos van a estar". Cuando habló en el recinto, la semana pasada, el senador Pablo Blanco dijo: "Aquellos fueguinos que me llaman traidor pueden estar tranquilos, porque gracias a mi intervención no se van quedar sin Aerolíneas Argentinas, Radio Nacional y el Correo Argentino". Se olvidó de avisarle a sus correligionarios de la Cámara de Diputados.

La llegada del Frankenstein. 

La Constitución no explica cómo debería ser el trámite, en Diputados, de las leyes que volvieron del Senado con cambios y artículos rechazados. La batalla legal, igualmente, parece resuelta: por convicción o por la fuerza, Martín Menem ya les informó a los miembros de su bloque que para el Gobierno se pueden ratificar los títulos rechazados en el Senado -Ganancias y Bienes Personales-, los suprimidos -la moratoria previsional- y que no es necesario optar por las versiones completas de uno u otro cuerpo, sino que se pueden "construir" las leyes "ideales". Se van a amparar en un acta de 1995, firmada por las autoridades del Congreso de ese momento, y en que tienen número para dar esta pelea. Hasta Elisa Carrió sostiene que es posible "armar" las leyes por partes. Uno de los dialoguistas más influyentes de Diputados admite que el argumento del acta está flojo de papeles. "Hasta mi socio del estudio, que es libertario, dice que es inconstitucional esa interpretación", confesó. Sin embargo, la discusión está saldada, más allá de la opinión en contrario de prestigiosos juristas, como Andrés Gil Domínguez. Entre los antecedentes -fallo Barrick de la Corte Suprema, de 2019- y la opinión de algunos juristas con mucha experiencia parlamentaria, lo que quiere hacer el oficialismo lo puede hacer. O, en todo caso, es lo que va a hacer.

Otra vez los sueldos. 

En paralelo a esta negociación, hubo otro tema que absorbió buena parte de las energías en la Cámara de Diputados. En la última liquidación de salarios, a los diputados y diputadas les depositaron 750 mil pesos extra, sin recibo, sin saber a qué corresponde y sin ninguna resolución firmada por Menem, el presidente del cuerpo. Nadie les dio ninguna explicación. Desde la Presidencia aseguran que la documentación para aplicar el aumento pendiente ya está firmada. Pero, hasta ahora, nadie la vio.

Bonus track. 

Después de la reacción social en Misiones, que abarcó a docentes, policías y estatales, empieza a calentarse riesgosamente el clima en Chaco. Sin alcanzar un acuerdo paritario, el gobernador radical Leandro Zdero firmó aumentos para estatales por decreto, todos por debajo de la inflación y todos rechazados por los principales sindicatos. En paralelo, se multiplicó su propio sueldo cinco veces. La tarifa de colectivo se multiplicó también, en este caso por diez, pasando de 75 a 710 pesos. Eso implicó una caída en la demanda de transporte público cercana al 40%. El tarifazo se extendió a la energía: 200% en junio y llegará al 400% en agosto. Se discontinuó el envío de alimentos a los comedores escolares y, a su vez, se incumple un fallo de la Corte Suprema, que ordena la bajada del Estado con asistencia alimentaria para las comunidades radicadas en El Impenetrable. En el Gran Resistencia, donde está el índice de pobreza más alto de todo el país, cerraron comedores por falta de comida, mientras la demanda creció en torno al 40%. Por estas razones y por muchas otras (entrega de medicamentos, suspensión de servicios para diálisis, recortes en programas para discapacitados), Chaco empieza a convertirse en una olla a presión.