Causa Cupón PBI: la estrategia argentina para evitar un embargo británico
16 Abril de 2026 16.11
16 Abril de 2026 16.11
Un tribunal de Londres ordenó hoy una restricción de pagos de cuentas argentinas hasta que se celebre una audiencia judicial el martes 21 a raíz de la condena contra el país por la causa conocida como Cupón PBI.
Se trata de un caso por el cual el país tiene que pagar casi U$S 1.800 millones a los fondos que iniciaron la demanda.
En un escrito firmado por el juez Richard Davison, el tribunal aceptó el pedido de los fondos Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group LLC y Virtual Emerald International Limited sobre saldar la deuda impaga a raíz de la condena contra el país en 2023 y convocó a una audiencia para el 21 en los tribunales ingleses para determinar si deberá congelar o embargar el dinero adeudado a terceros, como pueden ser el caso de bancos donde estén alojados fondos o activos pertenecientes al Estado argentino. Además, dispuso que estos terceros (que no fueron especificados) tengan prohibido pagarle al país cualquier cifra de dinero hasta que ocurra la audiencia.
La Procuración del Tesoro, encargada de asesorar legalmente al Poder Ejecutivo y de patrocinar al Estado en litigios internacionales, ya tiene preparada su estrategia contra la medida británica. Fuentes oficiales le explicaron a CORTA que presentarán una nota ante el Tribunal de Comercio y Propiedad de la Alta Corte para desestimar la medida por ser "inconducente". "Argentina no tiene activos de ningún tipo en ese país y las únicas cuentas que tiene son diplomáticas, que tienen inmunidad y no se pueden embargar", agregaron.
La orden de Davison se enmarca en la causa Cupón PBI, un juicio que perdió el Estado en 2023. La causa se originó a raíz de la demanda presentada por los fondos arriba mencionados que argumentaron que los cupones PBI, instrumentos financieros derivados de las reestructuraciones de deuda de 2005 y 2010 que prometían pagos a sus tenedores si la economía crecía más de un 3,2% anual, habían sido manipulados por el Gobierno. Se sostenía que el INDEC había cambiado en 2013 la base de cálculo del PBI para que la cifra de crecimiento sea menor de lo esperada y así no tener que pagar el cupón. Los fondos estimaron que deberían haberles pagado entre 2014 y 2018, además de los años 2021 y 2022.
El juicio en Londres alcanzó su final en 2023 cuando sentenció que Argentina debía pagar casi U$S 1800 millones a los fondos. Hasta ahora, el país solo pagó U$S 300 millones que se usaron como garantía para poder apelar el fallo en primera instancia, sentencia que luego fue ratificada.