El all in de CFK, un voto a la "razonabilidad" y el riesgo del expediente manchado

Cristina Fernández de Kirchner jugó este lunes su última carta para no terminar presa por la causa Vialidad, pero las estadísticas le juegan en contra. La Corte Suprema de Justicia considera admisibles apenas un 2% de los recursos de queja que le llegan. Hay un deadline en el horizonte. Si los cuatro cortesanos activos no resuelven el expediente antes del 17 de agosto y la ex presidenta compite en las elecciones nacionales de este año, su libertad quedará protegida primero por su condición de candidata y luego, si naturalmente consigue una banca en el Congreso, por los fueros parlamentarios. Aparece allí otro concepto, el de la razonabilidad. ¿Cuál es el tiempo "razonable" que debería tomarse la Corte para tratar un caso así? El máximo tribunal no tiene plazos y lo razonable, cuando un expediente tiene en su carátula el nombre de la principal referencia opositora, la presidenta del PJ y la persona que fue dos veces presidenta de la Nación, se torna difuso. Los tiempos judiciales pierden referencia cuando se trata de causas de impacto político. Por eso, si la Corte resuelve antes del 17 de agosto, el peronismo dirá que apuró el trámite para proscribirla; si lo hace después, habrá otros que dirán que fue un rescate para una condenada por corrupción. No habrá términos medios ni resultado neutro.

El deadline y lo razonable.

Poco menos de cinco meses separan la fecha tope para la presentación de listas del ingreso por sistema del recurso de queja que Carlos Beraldi, el abogado de Cristina, elevó a la Corte Suprema este lunes, junto con la recusación de uno de sus miembros, Manuel García Mansilla, puesto a dedo y por decreto por el presidente Javier Milei. El kirchnerismo, rápido, puso en la mira los tiempos. "Debería esperarse un trámite largo de la Corte, debería durar años", dijo Juan Martín Mena, ministro bonaerense pero cerebro jurídico del universo cristinista. "La Corte no va a resolver esto antes de agosto y va a habilitar que Cristina sea candidata", sostuvo José Manuel Ubeira, abogado de la
expresidenta en otras causas.

Citan antecedentes. La Corte ha demorado más de dos años en resolver recursos de queja presentados por las defensas de genocidas, en causas de lesa humanidad. A Amado Boudou, la Cámara de Casación le rechazó el recurso extraordinario en febrero de 2020 y la Corte cerró el caso en diciembre de ese año. Diez meses. Estos registros deberían llevar tranquilidad al Instituto Patria, confiando en que no haya una definición antes de que
Cristina goce del paraguas de candidata.

Hay sin embargo una diferencia, crucial, entre el expediente Vialidad y esos casos: por un cambio en la aplicación del Código Procesal Penal, desde hace unos años los condenados con sentencia confirmada en segunda instancia pueden esperar en libertad que la Corte resuelva su queja. Antes, la ejecución de la condena se podía aplicar antes. Eso, por ejemplo, vivió Boudou. O lo mismo pasó en otros casos resonantes, como los músicos de Callejeros.

La teoría del caos.

Cristina está convencida de que su destino será en prisión domiciliaria y con una tobillera electrónica. También está convencida de que Milei la quiere fuera de juego. Crece, en las filas kirchneristas, una teoría, la teoría del caos. Según esta hipótesis, la detención de la líder opositora generaría una reacción social que, por su magnitud, transformaría a la Argentina en un polvorín. Siempre según esta idea, de ese cuadro caótico se alimentaría el Presidente y su gobierno y, cuando la economía colapse por la escasez de dólares, podrán responsabilizar por la crisis a ese caos social y no al fracaso de la receta libertaria. Es, de mínima, una hipótesis arriesgada. A finales de agosto de 2022, el fiscal Diego Luciani expuso su alegato en la causa Vialidad y generó que una multitud se instale en la puerta del departamento que Cristina tiene en Recoleta. Fueron días de efervescencia kirchnerista en los que se cantaba que "si la tocan a Cristina qué quilombo se va a armar". Esa efervescencia se apagó cuando Fernando Sabag Montiel gatilló una Bersa a centímetros de la cara de la expresidenta. Para que la teoría del caos tenga sustento, la
militancia debería reaccionar más fervorosamente a imposibilidad de tener a su jefa como candidata a como lo hizo cuando intentaron asesinarla, que terminó desmovilizada y en estado de shock.

La doble jugada de los gobernadores.

El trámite de la causa Vialidad está atravesado, con toda lógica, por la discusión en el Senado de los pliegos de Ariel Lijo y de García Mansilla. El peronismo convocó a todos los miembros de su bloque a una reunión este miércoles. El objetivo principal es garantizar la presencia en la sesión convocada para este jueves. El martes, un optimista José Mayans no solo garantizó que tendrán quórum sino que sobran los votos para rechazar a ambos candidatos a la Corte Suprema. Según el formoseño, hay "más de 30 votos en contra" para los dos casos. Con 25 están out. Si el entusiasmo de Mayans se confirma en el recinto, será el fin de los aspirantes que eligió Milei.

En la Casa Rosada ponen en duda el quórum, lo que abre un punto complejo. Si el Gobierno cree que los números no darán y el peronismo dice que tiene el número garantizado, es porque hay gobernadores vendiendo pescado podrido en un lado o en el otro. Es cuestión de horas para develar el misterio.

El voto manchado.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ya confirmó que el Presidente no va a firmar un decreto revocatorio del DNU con el que designó en la Corte a García Mansilla si el Senado rechaza su pliego. Para el Gobierno, el académica ultra conservador tiene garantizado un lugar junto a Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti hasta el 30 de noviembre. En el primer piso de la Rosada dicen que, en todo caso, será su decisión
renunciar si ese escenario se configura.

En este juego de posibilidades, podría darse uno de los ejemplos más concretos de lo manchado que estará cualquier expediente que pase por la vocalía de García Mansilla: un juez nombrado por decreto por un presidente, con su pliego rechazado por el Senado -el único órgano autorizado por la Constitución a designar cortesanos-, certificando con su voto la condena de la principal líder de la oposición al presidente que lo designó por decreto, condena que incluye seis años de prisión pero también la inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos.