El "amigo" Lijo y un documento que obliga a afilar los codos para borrar firmas
20 Marzo de 2025 08.00
20 Marzo de 2025 08.00
Hay un grupo de senadores y senadoras de Unión por la Patria (UxP) que tienen un problema. No quieren voltear en el recinto el pliego que candidatea a Ariel Lijo a la Corte Suprema, pero estamparon su firma en un documento en el que se comprometen a rechazar la postulación "de cualquier persona" que acepte ser designado en el máximo tribunal "en comisión". Exactamente lo que aceptó el juez federal, aunque su ingreso fue vedado por los cortesanos al negarle la licencia en su juzgado. El número de bancas de UxP que enfrentan esta disyuntiva varía según la fuente. En Casa Rosada sostienen que son entre diez y doce los votos que junta Lijo en el peronismo. Así y todo, tampoco le alcanzaría para conseguir una silla en la Corte. La definición se postergará unos días más.
Ese documento volvió a circular en el Senado en estos días. Es del 26 de noviembre de 2024 y fue firmado por 31 de los 34 integrantes que tiene actualmente UxP. No están las rúbricas de Estefanía Cora, que aún no había jurado como senadora -reemplazó a Edgardo Kueider en febrero-, tampoco la de Juan Manzur, que no se encontraba en el país en ese momento, ni la de la jujeña Carolina Moisés, la única que se negó por estar en desacuerdo con la estrategia parlamentaria del bloque. Ese día se lo entregaron en mano al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cuando fue al Congreso a brindar su informe de gestión.
Moisés (Jujuy) es una de las integrantes de un nuevo bloque bajo que funcionará dentro del interbloque de UxP en el Senado. Se presentó este miércoles, se llama "Convicción Federal" y, además de ella, lo integran Fernando Salino (San Luis), Jesús Rojal (La Rioja) y Guillermo Andrada (Catamarca). El anuncio llegó apenas unas horas después de finalizada la reunión del interbloque peronista, donde se discutió el caso de Lijo y García Mansilla. De esa discusión surgió, si no una fractura, al menos una fisura. Aunque dicen que la decisión estaba tomada desde hace días.
Si efectivamente hay más de una decena de miembros de esa bancada que quieren sentar a Lijo en la Corte, deberán borrar con el codo lo que escribieron la mano. Probablemente, al momento de firmarlo, no pronosticaban que el juez fuera a aceptar entrar al tribunal mediante un DNU, por la ventana. Lo hizo. Lo mismo hizo el otro candidato del presidente Javier Milei, Manuel García Mansilla, que a diferencia de Lijo se apuró a jurar como cortesano, traicionando en su caso sus propias palabras: él mismo, en su presentación en el Senado, había negado ser capaz de asumir en la Corte por decreto. Lo hizo.
Hay gobernadores como Gerardo Zamora, de Santiago del Estero, que desde el día uno respaldaron a Lijo como candidato a la Corte. Lo planteó varias veces en videollamadas con sus pares peronistas. La senadora Claudia Ledesma Abdala es una de las que firmó la nota, asumiendo el compromiso de no convalidar el pliego de nadie que acepte ser designado por DNU. Además de senadora, es su esposa. En las reuniones de bloque de UxP son varios los que menciona a Lijo con el título de "amigo". Muchos amigos tiene el juez federal en el peronismo. Esas conexiones son algunas de las razones, no todas, por las cuales Mauricio Macri milita duramente contra su postulación.
Entre los gobernadores hay varios padrinos de la candidatura de Lijo. Además de Zamora, Raúl Jalil (Catamarca), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gildo Insfrán (Formosa) son otros gobernadores que manejan a control remoto senadores que integran UxP. Todos esos senadores y senadoras firmaron el documento en cuestión. El Senado se transformó ahora en una zona de promesas. Hay gobernadores prometiendo el voto de sus senadores y hay funcionarios del Gobierno prometiéndole a esos gobernadores retribuciones por esos votos. Esta misma semana hubo desfile de gobernadores por Casa Rosada, acordando obras para sus provincias. Una completa y absoluta casualidad.
La sesión aún no tiene fecha. El kirchnerismo le pidió a la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, que sea este mismo jueves. La vicepresidenta no la convocó. Tarde o temprano, deberá hacerlo. La fecha que barajan ahora es la del 3 de abril.
Llegado ese momento, los senadores y senadoras que -o por deseo propio o por orden de sus gobernadores- quieren sentar a Lijo en la Corte enfrentarán un segundo problema, además de haber estampado su firma en el documento contra los jueces por decreto. "¿Cómo van a hacer para rechazar a García Mansilla por haber aceptado entrar por decreto y avalar a Lijo, que hizo lo mismo?", se preguntó un miembro del bloque de UxP que se referencia en la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Deberán, aquellos miembros del bloque de UxP en el Senado dispuestos a jugarse el pellejo y dividir a su bloque por Lijo, encontrar argumentos alternativos.
Igualmente, el pliego de Lijo sigue con pronóstico reservado para lograr los dos tercios de los votos del Senado que demanda la Constitución. En el mejor escenario para el Ejecutivo, con doce votos de UxP, quedarían 22 votos de esa bancada en contra. A ellos hay que sumarle los del radical Martín Lousteau y la senadora del PRO Guadalupe Tagliaferri, que adelantaron su rechazo a ambos pliegos, amparándose en el mecanismo que aceptaron el juez federal y el catedrático ultra conservador para entrar a la Corte. Y sobre ese piso de 24, agregar los rechazos de otros macristas y radicales que no lo quieren en el máximo tribunal. Alcanza con 25 votos, un tercio más un voto del total del recinto, para frenar cualquier candidatura. El exlibertario Francisco Paoltroni tampoco va a votar favorablemente el pliego del juez federal.
En el poroteo previo, hay unanimidad en el bloque de UxP para rechazar el pliego de García Mansilla, sea cuando fuere que los pliegos lleguen al recinto. La duda es qué pasará con él una vez que ese paso se cumpla. En Casa Rosada lo tienen claro: "Nosotros no lo vamos a echar". Traducción: si el Senado voltea su pliego, el presidente no va a firmar un nuevo decreto dando marcha atrás con su designación en comisión.
En el Ejecutivo abrazan una interpretación forzadísima de la Constitución, la misma que usaron para convertir a García Mansilla en el cuarto integrante de la Corte. El artículo 99 inciso 19 de la carta magna en que basaron su designación por decreto dice que esos "nombramientos en comisión" expiran "al fin de la próxima Legislatura". Es decir, el 30 de noviembre. Y a eso le agregan que los jueces de la Corte solo pueden ser removidos por juicio político. Es decir: cruzan una cláusula para nominaciones en comisión con otra para jueces designados con acuerdo del Senado. Sencillamente extraordinario.
Lo que no garantizan en el Gobierno es que sea el propio García Mansilla, si el Congreso voltea su pliego, quien renuncie. Excede sus facultades. Deberán apostar al poder de convencimiento del asesor presidencial Santiago Caputo.
Para la Casa Rosada la pelota todavía está rodando. Arriba de la mesa, dicen, siguen estando los 150 pliegos para completar juzgados de todo el país. "Somos un Gobierno raro -dicen-. No nos importa ninguno de esos cargos".
Además, aclaran que no hay planes B. "Si voltean los dos pliegos, nosotros no vamos a mandar nuevos". Y advierten que, si se configura esa foto, "el peronismo tendrá que hacerse cargo de haber volteado a Lijo". Algo que a CFK no parece preocuparle demasiado, pero sí a muchos de los amigos que tiene Lijo en el peronismo, como el mismísimo Sergio Massa.