Javier Milei en el Luna Park
Javier Milei en el Luna Park — Foto: prensa presidencia

La educación, la salud y la seguridad de Misiones están paradas. "Se les va a incendiar la provincia", advirtieron los voceros de la policía. La oferta de aumento del 20%, que ni roza una recomposición acorde a la inflación en salarios ya de por sí deprimidos, lejos de acercar a las partes, echó leña al fuego. La motosierra y la licuadora encontraron en esta provincia un límite. No es un hecho aislado: el temor a alzamientos policiales empieza a crecer en otras jurisdicciones. La Nación no solo cortó la canilla de recursos para cumplir con el superávit que celebran el presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, sino que hay una luz roja sobre los recursos coparticipables. El impacto de la recesión y la suspensión de partidas hace que los gobernadores tengan que hacerse cargo de cada vez más cosas con cada vez menos recursos. Sobre esto, el paro nacional docente, un ejemplo locuaz del ajuste libertario: el crédito vigente para el ítem Educación es, hoy y en términos reales, un 70% menor al del año pasado. De a poco, cada provincia se irá convirtiendo en un polvorín en ciernes. Y no alcanzarán una pelea con Pedro Sánchez o un show presidencial con canciones de La Renga para apagarlos.

Números blancos.

El paro docente de hoy se sustenta en números trágicos. Sonia Alesso, titular de CTERA, dijo que "el Gobierno está generando un conflicto similar al de los noventa". La imagen de la carpa blanca frente al Congreso empieza a vislumbrarse entre tanto grito y tanto retuit. Mediante un DNU, el Ejecutivo amplió en un 36% el Presupuesto nacional, que es la prórroga del de 2023. Pero no todas las partidas crecieron lo mismo. Lo destinado a Defensa, por ejemplo, aumentó un 40%, mientras que Educación subió apenas un 9%. Si se proyectan los recursos previstos hasta ahora, el gasto educativo alcanzaría un piso histórico equivalente al 0,56% del PBI, un tercio del 1,6% que se destinó en 2015, último año de Cristina Fernández de Kirchner como presidenta y la mitad de lo que gastó Mauricio Macri en su último año, 2019, que fue un 1,1%. Full motosierra. Si se pone la lupa sobre los números surgen datos directamente ridículos: de los 47.800 millones de pesos previstos para comedores escolares, en el primer trimestre del año no se había girado nada ni un solo peso.

La guerra del FONID.

Los docentes que pararon las escuelas en Misiones están cobrando 260 mil pesos por cargo. Si se proyectara que la mayoría tiene dos cargos, serían sueldos estimados en 520 mil pesos. Esa cifra incluye el Fondo Provincial de Incentivo Docente (FOPID), nueva nomenclatura que le asignó el gobierno de Hugo Passalacqua, al empezar a cubrir con fondos propios lo que antes llegaba de la Nación, mediante el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). Hoy, este incremento -fruto del conflicto docente y de la carpa blanca durante el menemismo, vaya paradoja- equivaldría a unos 50 mil pesos por cargo, actualizado no debería ser menor a 70 mil. Para un docente con dos cargos, son 140 mil pesos de bolsillo que no están. Se financiaba con el impuesto al patentamiento y transferencias de autos, que se sigue recaudando pero ya no se distribuye. Por el contrario, lo que hizo el gobierno de Milei fue bajar ese impuesto.

La triple avanzada. 

El FONID es uno de los tres temas que la oposición, entre duros y dialoguistas, quiere imponerle al Gobierno desde el Congreso. Los otros dos son el financiamiento universitario y la fórmula previsional. El cronograma previsto, es que hoy haya dictamen para las universidades, el martes para el FONID y que el tema jubilaciones, con varios despachos ya firmados, se discuta el 4 de junio en el recinto. De todos ellos, el más complejo es el incentivo docente. Unión por la Patria (UxP) logró meterlo en la sesión especial del martes, emplazó a las comisiones de Educación y Presupuesto a tratar los distintos proyectos que hay, pero en el sector dialoguista quieren medir el impacto presupuestario antes de decidir si se suben o no a lo que pide el peronismo. "No queremos incendiarle las cuentas al Gobierno", se sinceró un activo diputado dialoguista. Sobre toda esta agenda sobrevuela la amenaza que dejó el Presidente: "Cualquier proyecto que manden desde el Congreso que quiera romper la caja y hacer volar este país por los aires, se los voy a vetar. Me importa tres carajos". El legislador dialoguista dice que recogen esta advertencia "con la misma seriedad con la que me tomo a Milei haciendo un show musical".

La fórmula en disputa. 

Las negociaciones entre peronistas y dialoguistas en la Cámara de Diputados son una batalla de gestos y desconfianzas. Todavía están tratando de reparar lo ocurrido la semana pasada, cuando no llegaron a un dictamen conjunto por la fórmula jubilatoria estando tan cerca en sus posiciones, coincidiendo la frustración de ese pacto con la aparición de los recursos de la UBA, desatando una tormenta de sospechas. Las diferencias no son muchas. La recomposición por el empalme de enero ya fue acordada y los dialoguistas podrían aceptar que el mínimo, en lugar de ser el equivalente a una Canasta Básica Total (CBT), sea 1,2 veces eso. Las diferencias seguirán en torno al aumento adicional por RIPTE -si una o dos veces por año- y el pago de deudas previsionales con las provincias y juicios con sentencia firme en un plazo de seis meses, con los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).

¿Y si se suma el PRO?

Un hombre que conoce el Congreso mejor que Víctor Meano, el arquitecto italiano que lo diseñó y construyó, almorzó hace unos días con un exministro, muy cercano y de vínculo permanente con Mauricio Macri. Lo que le dijo lo sorprendió. Según su relato, el expresidente quiere que el bloque macrista empiece a tomar autonomía del bloque de La Libertad Avanza (LLA) y que Milei deje de contabilizar a todas las bancas amarillas como si fueran violetas. Recuperar "independencia e identidad", dicen que sugirió el flamante presidente del PRO. El martes, en la sesión especial, se gestó una foto que la Casa Rosada debería inspeccionar con atención. En un momento, se hizo un círculo de negociación del que participaban los radicales Rodrigo de Loredo y Danya Tavela; cuatro hombres fuertes del bloque Hacemos Coalición Federal (HCF) como Emilio Monzó, Nicolás Massot, Oscar Agost Carreño e Ignacio García Aresca -el representante del cordobés Martín Llaryora en Buenos Aires-; tres mujeres de UxP como Cecilia Moreau, Victoria Tolosa Paz y Blanca Osuna; el lilito Maximiliano Ferraro; el socialista Esteban Paulón; y, en un tramo de la conversación, se acercó Silvia Lospennato (PRO). Un cuadro impensado, aunque lo decisivo será si de esa rosca surgen respuestas, acuerdos, proyectos o si todo, como hasta ahora, queda deglutido por la polarización.

Aprendiendo de diputados. 

La razón por la cual el Gobierno se quedó este miércoles sin dictamen para la ley bases y el paquete fiscal en el Senado es porque los senadores, con la experiencia de Diputados, se negaron a firmar una hoja en blanco, como pasó en la Cámara baja y que derivó en ese naufragio de la ley ómnibus de febrero. Otra vez, todo un debate sin tener el texto que LLA quería convertir en dictamen para llevar al recinto. La reunión de comisiones se pasó para la semana que viene. Del debate de los senadores empiezan a surgir señales. Víctor Zimmermann, senador de la UCR, dijo este miércoles que "en nuestro bloque prácticamente todos van a votar a favor". El término "prácticamente" hace que tiemblen los despachos de Guillermo Francos y José Rolandi, los funcionarios responsables de que las leyes salgan. un par de fugas radicales los acerca riesgosamente al fracaso. La siguiente alarma la encendió, curiosamente, una diputada. "Me da la impresión de que hoy no va a acompañar la ley bases", respondió Danya Tavela cuando le preguntaron qué es lo que cree que hará, llegado el momento de la votación, Martín Lousteau. Otra voz esperada era la de Edgardo Kueider, uno de los pocos votos aún indefinidos. En el debate en comisiones, el entrerriano marcó muchas diferencias con las leyes, sobre todo con el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Pidió, directamente, que lo saquen de la ley y se discuta un esquema de incentivos en un proyecto aparte.