04 de agosto de 2024 - 12.20 / Actualizado: 05 de agosto de 2024 - 13.53
Las elecciones presidenciales de Venezuela, que se realizaron el domingo pasado y que todavía no tienen un ganador respaldado en datos comprobables, se colocaron en la primera plana de la agenda local y desataron discusiones en la política argentina.
Si bien la postura contraria al presidente Nicolás Maduro es unánime en espacios políticos como La Libertad Avanza, el PRO y la UCR, en el peronismo hay más matices que quedaron expuestos esta semana.
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner habló ayer en México y se plegó al posicionamiento de Andrés Manuel López Obrador, de Lula da Silva y de Gustavo Petro, que es el de exigirle al Gobierno venezolano la publicación de las actas de votación, sin ahondar en mayores consideraciones sobre fraude o reconocimientos al candidato opositor.
Su alocución sobre el tema puntual fue de 8 minutos, en los que reivindicó el proceso de la Revolución Bolivariana de Hugo Chávez e identificó el bloqueo comercial como la fuente de todos los problemas en Venezuela. Apuntó contra la líder opositora María Corina Machado y contra los agentes internacionales que denunciaron fraude y dio a entender que la movida mundial contra Venezuela tiene que ver con su preponderancia en la producción petrolera. 30 segundos de esos 8 minutos (que fueron los que más circularon) fueron ese paréntesis en el que le pide al Gobierno que publique las actas "por el legado de Hugo Chávez".
En una elección, al cierre de cada mesa se cuentan los votos de esa urna y se plasman los resultados en un acta que es firmada por todos los integrantes de esa mesa: presidente de mesa y fiscales. Esa acta tiene varias copias, las oficiales que servirán al conteo y como respaldo para la autoridad electoral, y las que se entregan como certificado a cada uno de los fiscales presentes. Esos fiscales deberían entregar las actas a sus responsables políticos para juntarlas todas y así, al igual que el Comando Nacional Electoral, cada fuerza tiene acceso a las mismas actas que en el conteo oficial para comparar mesa por mesa cuando los datos se publiquen en la página oficial del escrutinio.
El sistema es práctico y parece inquebrantable. Por eso la figura del fraude electoral denunciado al aire en comicios con resultados publicados y sin especificar cuáles de esas mesas tiene resultados falsos, como sucedió en Bolivia en 2019, suele ser una operación para justificar procedimientos antidemocráticos. El problema puntual de lo que ocurrió en Venezuela es que la página nunca funcionó por un supuesto hackeo y la CNE simplemente dio dos boletines (uno la noche de ese domingo y otro el viernes) leyendo supuestos resultados pero sin dar ninguna herramienta de comparación o publicar una sola acta. Además, la oposición publicó sus supuestas copias de actas y aseguró que Edmundo González había ganado 67% a 30%.
La mayor novedad, teniendo en cuenta que se trata de Venezuela, es que hay prudencia en los principales países de, en palabras de Javier Milei, el "mundo occidental" sobre los posicionamientos frente a lo sucedido. Se reitera la exigencia de la publicación de actas y se subraya el desconocimiento de los resultados, pero todavía sin la utilización de palabras como "fraude" o reconocimientos al candidato opositor por parte de las principales naciones de la Unión Europea y de Estados Unidos. El antecedente condicionante es el reconocimiento ficticio a Juan Guaidó en 2019 que, a la luz de la terminación de ese proceso en 2023 sin que el "presidente encargado" pueda finalmente ejercer el Gobierno, da cuenta de un paso en falso desde el cuál es difícil volver a tomar una acción tan contundente.
La reacción más acalorada de la región fue la del Gobierno argentino, que rápidamente calificó de "dictadura" a Venezuela y le atribuyó sus conductas a "el socialismo", como una forma de redireccionar el ataque a sus opositores locales, entre los que hubo pocos consensos sobre qué decir al respecto. La necesidad de sostener un estándar de seriedad por el cargo que se ocupa obligó al Gobierno a moderarse durante la semana, ya que de esa fina ingeniería dependían las vidas de los asilados en la embajada argentina, que finalmente fue tomada para cuidado por la Cancillería de Brasil. Un tuit de la canciller Diana Mondino reconociendo a Edmundo González como ganador de las elecciones debió ser corregido por un comunicado de la Cancillería que ella conduce, en el que se señala que todavía no hay elementos para una declaración definitiva.
Las voces que desde el peronismo argentino se posicionaron más duramente contra Nicolás Maduro fueron las del Frente Renovador, cuyo líder, Sergio Massa, ha sostenido por más de una década una postura muy crítica del proceso venezolano, y del expresidente Alberto Fernández, que había sido invitado a ser veedor en las elecciones y luego esa invitación fue retirada por su adhesión a críticas de Lula da Silva a una declaración de Nicolás Maduro. Ambos dirigentes se alinearon más con el comunicado del presidente chileno, Gabriel Boric, de desconocimiento total sobre los resultados que leyó el representante del CNE.
El día posterior a los comicios, el canciller de Venezuela, Yvan Gil, publicó una lista de apoyos internacionales a Maduro en los que se encontraban agrupaciones argentinas como La Cámpora, el Frente Patria Grande, el Movimiento Evita y otras. Estas principales negaron después haber avalado el proceso electoral y se sumaron a la exigencia de aparición de las actas, discurso que días más tarde sería refrendado por la propia Cristina Kirchner.
El pedido de aparición de las actas es, a 7 días de la elección, la postura más complaciente que se puede tener a nivel intencional con el Gobierno venezolano, cuyo presidente ya fue proclamado reelecto por la CNE el mismo lunes posterior a los comicios. Es la postura que institucionalmente sostienen Brasil, México y Colombia y que sirve como contención de Estados Unidos, ya que el interlocutor en la región del presidente Joe Biden es Lula da Silva.
El principal interrogante que hay sobre este posicionamiento es cuál es el punto de límite. Frente a un Gobierno venezolano que ya se proclamó ganador y un presidente que ya recibió el diploma de reelecto por parte de la CNE, la duda es en qué momento el discurso de pedido paciente de que se publiquen las actas se convierte en un reconocimiento de un proceso electoral irregular.
