9 Diciembre de 2025 14.10
La causa YPF continúa en los tribunales estadounidenses y los demandantes Petersen y Eton Park, con equipos legales financiados por Burford Capital, acusaron al Estado argentino de no proveer los celulares de funcionarios como el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller, Pablo Quirno, para ser investigados, según pudo saber hoy CORTA tras hablar con fuentes oficiales y de la Procuración del Tesoro.
Hoy habrá una nueva audiencia en el marco del discovery, que es el proceso legal previo al juicio en el que las partes contrarias en una demanda intercambian información relevante, pruebas y detalles de testigos.
La jueza neoyorquina Loretta Preska había resuelto en julio que Argentina debía entregar los dispositivos y cuentas personales de funcionarios y exfuncionarios en el marco de una audiencia por el discovery en el juicio por la expropiación de YPF.
El pedido de la magistrada se había dado después de que el Estado argentino entregara más de 100.000 páginas de documentos, incluidos aquellos relativos a sus cuentas financieras en Estados Unidos, Argentina y otros países. Preska había pedido los celulares de Caputo y Sergio Massa, ministro de Economía en 2023. La medida fue apelada por la Procuración y luego desestimada por la jueza.
Los demandantes presentaron una carta ante Preska en donde se le reclamó al país que aportara los celulares de Caputo, Quirno y otros funcionarios para que sean revisados como prueba en el juicio. Acusaron al Estado de "retener" documentos y propusieron la fecha del 16 de diciembre como límite para presentar la prueba, "caso contrario, el demandante buscará conseguir las sanciones apropiadas".
Fuentes de la Procuración le explicaron CORTA que ellos no están en control de los dispositivos, solo se encargan de obtener el consentimiento. "Cada uno de los individuos, tanto los 36 funcionarios y exfuncionarios, así como los siete testigos, son libres de decir lo que quieren hacer porque no están bajo investigación penal de ningún tipo y acá la ley hace que la gente pueda ser libre hasta que se demuestre lo contrario", detallaron.
"Partiendo a la base que no tenemos control de esos dispositivos, solo podemos ayudar al proceso cooperando en caso de que ellos quieran, con todo el derecho de negarse, porque están en control de su dispositivo, que es algo privado", agregaron y explicaron que ya han entregado más de 200.000 documentos. Aseguran que se trata de un "proceso interno" y no a cargo de los demandantes.
En la Procuración entienden que el principal objetivo de la empresa británica es probar que YPF es un "alter ego" del Gobierno nacional, es decir, que ambos son lo mismo y que el Ejecutivo controla las decisiones de la petrolera. "La principal evidencia de ellos es una entrevista de Bausili y Caputo hablando con un periodista diciéndole 'no, porque viste que te mandé ayer por Whatsapp este tema'. Ellos toman una entrevista periodística y la ponen como prueba de que Bausili trabaja para Caputo y que manejan todo por Whatsapp, ese es el nivel de seriedad de la evidencia que manejamos", explicaron a este medio.
En Casa Rosada analizaron el pedido y lo desestimaron como otro avance de la empresa británica para conseguir lo que quieren. "El problema es que en Burford no están encontrando lo que quieren para acusarnos dentro de toda la pila de documentos que mandamos", se burlaba una fuente con conocimiento legal ante CORTA. "Si no tenés pruebas de que YPF es lo mismo que el Gobierno nacional, será que no tenés razón en tu planteo", ironizó y agregó: "Son los último cartuchos para ejecutar una sentencia monstruosa y me parece que se están poniendo nerviosos".
Preska debe decidir si acepta o rechaza el planteo de los demandantes y si da como válidas las fechas límite sugeridas.
La jueza viene de sentenciar al Estado argentino a entregar el 51% de las acciones de YPF a lo denunciantes como parte de pago tras la nacionalización de la petrolera. A su vez, la magistrada también había embargado al país por U$S 16.000 millones.
Argentina apeló en julio el fallo de Preska ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York.