09 de junio de 2024 - 11.58 / Actualizado: 11 de junio de 2024 - 11.46
Mientras se rosquean los últimos votos para la Ley Bases que se debatirá el miércoles, la oposición encontró una vía de unidad entre su ala combativa y su ala dialoguista para darle media sanción en la Cámara de Diputados a un proyecto para devolverles a los jubilados el 8% que perdieron respecto de inflación en enero tras el empalme de fórmulas previsionales.
La aprobación en Diputados de la reforma a la fórmula de movilidad jubilatoria vale más por el trasfondo político de cómo se logró que por la media sanción en sí, una media sanción que, incluso en caso de ser respaldada por el Senado, enfrentará el desafío ya adelantado de un veto presidencial. Se trata de la primera señal de coordinación entre oposiciones diversas, algo que no sucedía en estos seis meses y que era la garantía que contaba el Gobierno para moverse en el Congreso.
El primer dato a tener en consideración es que el Gobierno perdió, en estas últimas dos semanas, las riendas de la selección de los temas de agenda en la Argentina. Incluso a días de que se trate en el Senado la Ley Bases y de que Javier Milei pueda celebrar su primer éxito legislativo, la discusión política está centralizada en el escándalo de los alimentos y en las limitaciones de la gestión de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. La inminente Ley Bases ni siquiera es hoy el tema central de la agenda legislativa, relegado por la discusión (fuera de la intención oficial también) sobre la fórmula jubilatoria. Todos temas espinosos en los que el oficialismo tiene más para perder que para ganar, aunque se espera que cuando se acerque el miércoles, este mega-proyecto recupere relevancia.
Desde los espacios dialoguistas, hoy concentrados en dos bloques bien definidos, Unión Cívica Radical y Hacemos Coalición Federal, remarcaban hace semanas que el caminito de la aprobación de la Ley Bases para la concurrencia al Pacto de Mayo era el trámite de "liberación" que tenían que hacer para concretar ese gesto al Gobierno que impidiera que los acusen de poner "palos en la rueda" y que, después de eso, podrían tener una actitud más combativa en el Congreso. Después de eso, el debate legislativo de la Ley se empantanó y el 25 de mayo pasó sin pacto. El contexto podría ser el propicio para que la revisión de actitud opositora se adelante a la discusión particular de ex Ley Ómnibus, y eso es lo que se vio en la sesión del pasado martes.
Un eje principal del carácter discursivo del radicalismo en estos meses era lograr que el posicionamiento sobre el Gobierno de Javier Milei no los pegara al peronismo. El bloque intentó no compartir dictámenes con Unión por la Patria, ni hacer llamados conjuntos a sesiones en temas en los que coincidían, como el presupuesto universitario y el FONID, e incluso, no coincidir en votos en el Congreso. Ese temor fue acertadamente captado por la Libertad Avanza y el PRO, que el martes pasado remarcaron en repetidas ocasiones la acusación a la UCR de estar "votando con el kirchnerismo". Si bien el bloque radical cuidó la narrativa de no votar el proyecto peronista sino que hacer al peronismo votar el proyecto propio, la apertura a compartir un éxito legislativo es la novedad.
Entre Unión por la Patria, la Unión Cívica Radical, Hacemos Coalición Federal y algunos provinciales, llegaron a los dos tercios del recinto en la votación del martes, que serían suficientes para lograr una insistencia por el proyecto si Milei llega a vetarlo. En el Senado, el traslado de esos votos también resultaría en una aprobación con más de dos tercios. El número, más allá de esta iniciativa puntual, muestra que la oposición unida tiene un potencial que, pese a la lejanía que hay con ese escenario, hasta podría llegar al extremo de un juicio político.
En los espacios dialoguistas miran encuestas y esperan los primeros signos de debilidad del Gobierno para endurecer la posición sin miedo al escarnio popular que Milei les promete a quiénes lo desafían. Todavía falta que el ejército de consultoras mida las consecuencias en la opinión pública del escándalo de los alimentos y de los conflictos diplomáticos de las últimas semanas. Por lo pronto y más allá del debate sobre los motivos, hay un primer diagnóstico del mercado: caída de los bonos argentinos y aumento del riesgo país, escollos a la pretendida "confianza internacional" que pregona el presidente.
En este contexto, el Gobierno afrontará una de sus semanas más importantes porque, tras seis meses de empantanar el debate legislativo con una mega-Ley en lugar de mandar proyectos individuales por tema, buscará la primera sanción de una iniciativa del Poder Ejecutivo en lo que va de la gestión. Sabe con certeza que no se logrará de manera completa esta semana ya que como el dictamen se firmó con modificaciones, el proyecto volverá a Diputados para tratar esos cambios. Sin embargo, si se lograra una aprobación en general este miércoles, el oficialismo sabe que tendrá Ley, aunque no pueda determinar cuándo ni con qué contenido preciso, pero habrá Ley.
La prioridad de lograr la aprobación por sobre el contenido del texto es un cambio de postura que tuvo el Gobierno desde la discusión de la primera Ley Bases caída en febrero y en el que tuvo mucho que ver el flamante jefe de Gabinete, Guillermo Francos. La premisa libertaria en aquel debate de hace meses era: "preferimos ninguna Ley a una Ley que no sea la que pretendemos". El trasfondo era la intención de culpar a la oposición de los problemas que aparecerían después. Hoy la prioridad es otra, es aprobar el proyecto a toda costa, más allá de lo que diga. La razón es que el Gobierno debe mostrar a los mercados y a los potenciales inversores internacionales que tiene espalda política y muñeca para negociar e imponer cambios. Necesita salir de la impotencia legislativa, signo que puede ser leído en el mundo como incapacidad para ejercer una gestión.
Con los 33 votos en contra asegurados de Unión por la Patria, el peronismo apuesta a sumar voluntades con una movilización a la Plaza de Congreso que sirva como presión para los senadores que aún no han confirmado un posicionamiento. Si suman cuatro senadores más que rechacen el proyecto, lograrán bloquearlo. Y aún ante una aprobación en general, ese escenario de paridad se repetirá en cada ítem de la votación en particular, donde aparece con más suspenso el RIGI. Los senadores que son mirados con más atención por todos son Martín Lousteau (UCR), Lucila Crexell (Movimiento Neuquino), Edgardo Kueider y Carlos Mauricio Espínola (Unidad Federal), Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro) y los dos santacruceños: Natalia Gadano y José María Carambia.
