El Señor del Tabaco: quién es Pablo Otero, de Tabacalera Sarandí, y por qué celebra la Ley Bases

2 Mayo de 2024 22.37

Pablo Otero — Fuente: X Turismo Nacional @prensatn

Pablo Otero, el dueño de la Tabacalera Sarandí cuestionado en las últimas semanas por su relación con el poder político y judicial, emitió hoy un comunicado en nombre de la empresa para celebrar la media sanción del paquete fiscal que regulariza el impuesto al tabaco y deroga la normativa vigente: "Desde hace años y en todas nuestras obligadas solicitadas o comunicaciones, hemos expresado la necesidad de acabar con esa ley".

Por qué importa.

Otero fue acusado por el presidente Javier Milei de hacer lobby en el Congreso de la Nación para mantener el impuesto actual al tabaco que establece un precio mínimo, contra el que tiene un amparo vigente. "No vamos a ser cómplices de los negocios de algunos con la industria pesquera, con el Señor del tabaco, con las empresas petroleras o con cualquiera de los otros intereses especiales que hacen lobby y 'persuaden' políticos para defender sus intereses", había dicho Milei luego del rechazo de la Ley Bases en febrero. 

El impuesto. 

El gravamen actual establece un precio mínimo para los cigarrillos, pero gracias a la cautelar a su favor, Tabacalera Sarandí no está obligada a cumplirlo. Esta diferencia de precio con su competencia le permitió aumentar su cuota de mercado hasta llegar al 33%. En el proyecto de Ley que aprobó Diputados la semana pasada se aumentó el impuesto mínimo a los productos del tabaco e implica a todos los productores de igual manera. En la versión que se envió para ser tratada, el impuesto había sido eliminado. 

Quién es. 

Pablo Otero es accionista mayoritario y presidente de Tabacalera Sarandí, una empresa con sede en Buenos Aires que lleva en el mercado del tabaco 25 años y cuenta con 400 empleados. Además, es piloto de turismo carretera y presidente del Grupo Madero Sur, una empresa dedicada a la prestación de servicios profesionales en las áreas de Arquitectura, Construcción y Desarrollos. El grupo el año pasado se convirtió en accionista de Net TV a partir de la compra de acciones a Perfil. En una nota que dio en marzo a revista noticias, el empresario reportó que la compañía importa y exporta tabacos en bruto. "Nuestra facturación anual asciende a cerca de US$800 millones y contribuimos con más de US$500 millones en impuestos varios anualmente", agregó.

Tabacalera Sarandí. 

La empresa produce las marcas Master Red, Red Point y Kiel, las cuales son significativamente más baratas que sus competidores, según reflejan en la propia página de la empresa. 

precios tabacalera Sarandí

 

Respecto de las críticas generadas tras las declaraciones del presidente, la empresa dijo: "Entendemos que la presencia omnipotente y poderosa de las multinacionales obstaculiza por diversas maneras que se escuche la verdad". Además, dejó en su página un comunicado en el que desmiente evadir impuestos, destaca que todas las pymes tabacaleras tienen acciones judiciales interpuestas al tributo en cuestión y que se trata de un cobro inconstitucional por las definiciones del Poder Judicial. Esto responde a que AFIP abrió una investigación sobre la empresa por presunta evasión. Luego de la suspensión judicial al impuesto, la empresa pasó de tener el 4% del mercado al más del 33%. Luis Eugenio Guinle, presidente de la Cámara Argentina Nacional de Empresas Tabacaleras, denunció a Otero y a otros funcionarios públicos por supuesta evasión y lavado de activos. 

El comunicado.

Otero, en una solicitada publicada en distintos medios de comunicación expresó:

Ante el incesante, vergonzoso y falto de veracidad ataque mediático hacia nuestra empresa y mi persona, nos vemos en la necesidad de aclarar que:

  • T.S. festeja la media sanción del paquete fiscal presentado por el Poder Ejecutivo, y la derogación de parte de la maldita ley #27430 de 2017, conocida por todos los actores como Ley Massalin, diseñada y promulgada por esa firma para quedarse con el 100% del mercado de tabacos. Nuestra empresa ha estado en litigio con dicha ley desde 2018, en procura de su propia subsistencia. Amén que un día ya no exista.
  • Desde hace años y en todas nuestras obligadas solicitadas ó comunicaciones, hemos expresado la necesidad de acabar con esa ley, aunque en medios de menor difusión ya que los hegemónicos siempre nos han censurado y ninguneado, tratamiento contrario al que han tenido con la multinacional Massalin (Philip Morris).
  • Lo que también ha sucedido en la inclusión de esta derogación en el paquete fiscal , y es donde algunos legisladores perdieron del todo su inocencia, es el agregado del artículo donde un ejército de personas van a controlar los precios para MASSALIN y British American Tobacco (B.A.T.) en más de 100.000 kioscos del país. Artículo este que SOLAMENTE podrán cumplir las multinacionales, que pagan contratos millonarios a los puntos de venta (en su mayoría estaciones de servicio), y con el pretexto de publicidad mantienen los precios bajos, eludiendo impuestos. Es decir, el punto de venta no necesita remarcar precios, porque obtiene ganancias de esos contratos con las multinacionales.
  • Este artículo no existía, como tampoco la tasa del 73% antes de la Ley Massalin, sino que era del 75%. El gobierno en aquel entonces le concedió a las empresas monopólicas un ahorro hasta hoy de casi USD 1,000,000,000.- en impuestos, bajando de 75% a 70%. Una pequeña ayuda de "mis amigos".. los legisladores. Otro detalle, la forma de legislar en ese entonces fue demasiado parecida a la del 30 de Abril en la Honorable Cámara de Diputados.

También importa. 

Diputados aprobó que los cigarrillos de producción nacional e importados tributen sobre el precio de venta al consumidor, "inclusive impuestos, excepto el impuesto al valor agregado, un gravamen del 73% por ciento". Además, agrega que "los cigarrillos de producción nacional o extranjera deberán expenderse en paquetes o envases en las condiciones y formas que reglamente el Poder Ejecutivo nacional". El artículo estaba en la Ley original y el presidente Javier Milei había dicho que debía parar el lobby de Sarandí. Sin embargo, para el último envío de la Ley Bases, el artículo había sido removido. Su inclusión fue gracias a la radical Natalia Sarapura.