El tablero del Senado y las piezas que se mueven
Por Matías Mowszet
5 Mayo de 2024 15.56
La Ley Bases cruzó el Congreso nacional tras la media sanción de Diputados y llegó al Senado, donde le espera un panorama mucho más incierto y parejo.
Lo más importante.
Entre los tiempos apretados por el autoimpuesto plazo de lograr la sanción completa antes del Pacto de Mayo y la paridad en la previsión de votos, las conversaciones entre el Gobierno y representantes de las provincias, sean gobernadores o senadores, son frenéticas. Un lote de 5 legisladores decidirá la suerte de la Ley.
La cuestión del tiempo.
Con el ingreso de la media sanción, el proyecto comenzará a debatirse en comisiones en los próximos días y, según adelantó el propio oficialismo, se buscará que antes de que la semana termine se logre la firma del dictamen. Hay una diferencia entre los reglamentos de ambas cámaras: en Diputados, la sola firma del dictamen habilita el tratamiento de inmediato pero en el Senado se exige un plazo mínimo de 7 días entre ambos eventos. Es por eso que, si se consiguiera el dictamen el jueves, recién desde el jueves 16 se podría tratar en recinto. Apenas unos días antes del deadline impuesto por el presidente Javier Milei, que avisó que pretende llegar al Pacto de Mayo con la Ley sancionada y que desinvitará a aquellos gobernadores cuyos senadores se opongan.
La cuestión opositora.
La postura abiertamente a favor que exhibió el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, hizo tambalear la ilusión de solidez en el bloque de Unión por la Patria, que en Diputados no tuvo más fugas pero sí tuvo votos positivos a capítulos específicos relativos al Régimen de Grandes Inversiones por parte, justamente, de los catamarqueños. Los dos senadores peronistas de esa provincia son Lucía Corpacci y Guillermo Andrada. La primera ya adelantó que no votará la Ley. Ayer el jefe del bloque, José Mayans, aseguró que no habrá diferencias internas en la votación. Si es así, Unión por la Patria aportaría 33 rechazos y necesitaría 3 más para bloquear el quórum.
La cuestión santacruceña.
En duda están Natalia Gadano y José María Carambia, ambos que responden al gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal. Los diputados de este bloque votaron de manera dividida: Garrido votó de manera afirmativa a casi toda la Ley y Sergio Acevedo se ausentó para la votación en general y votó luego en contra de los puntos más importantes. La contradicción interna deja en suspenso la eventual posición de Vidal, que puede incidir de manera directa en sus senadores. Por este motivo es que el Gobierno hace gala de sus mayores muestras de generosidad en una negociación encabezada por el ministro del Interior, Guillermo Francos.
La cuestión de los ex.
Tampoco adelantaron su voto los senadores Edgardo Kueider (Entre Ríos) y Carlos Mauricio Espínola (Corrientes), pertenecientes al bloque Unidad Federal. Ambos formaron parte del Frente de Todos y se fueron el año pasado por diferencias internas. Kueider tiene un fuerte vínculo político con el exgobernador de su provincia Gustavo Bordet, que hoy es diputado y votó en contra de todo. El caso de Espínola presenta más dudas, si bien tiene, al igual que Kueider, el antecedente de haber votado contra el DNU, no tiene una conducción específica que asegure un rechazo.
La cuestión radical.
La otra incógnita recae sobre el ala más combativa del radicalismo en el Senado que encarna Martín Lousteau. El radicalismo no tuvo votos en contra del proyecto en general en Diputados y sólo aportó un puñado de botones rojos a algunos capítulos por parte de sus representantes más opositores. Lousteau tiene un núcleo de diputados que le responden en la otra cámara entre los que se destacan figuras como Carla Carrizo, Danya Tavela y Mariela Coletta. Ellas, a diferencia de Facundo Manes que se abstuvo, votaron a favor en general. Si bien Lousteau está más expuesto en su posición crítica con el Gobierno, la señal proveniente del otro recinto permite pensar que no está asegurado su rechazo. En este interrogante se podría incluir también a Pablo Blanco, radical de Tierra del Fuego, que acompañó a Lousteau en el voto negativo al DNU.
La cuestión en particular.
Aún con la eventual aprobación en general, el panorama al Gobierno se le presenta mucho más complicado para aprobar también los puntos más conflictivos de la Ley, como las facultades delegadas, el regreso del impuesto a las ganancias a la cuarta categoría con la baja del mínimo no imponible y el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones. Si el proyecto se aprobara modificado, debería volver a la Cámara de Diputados, que solo tendrá las opciones de aceptar las modificaciones del Senado o insistir en la redacción de la media sanción, pero significaría un paso más en el trámite que podría pasar la sanción de la Ley para después del 25, algo que el presidente quiere evitar.
La cuestión resumida.
El Gobierno cuenta con, como mínimo, 33 votos asegurados al proyecto y necesita de cuatro senadores más que se sienten para dar quórum. Los tendrá que obtener entre los antes mencionados. Si logra destrabar el tratamiento y aprobar en general, tendrá después que sostener la mayoría en cada punto específico de la norma o resignarse a demorar el trámite con la vuelta a Diputados.