2 Enero de 2026 11.54
En el contexto de un inicio de año político marcado por las posibles reformas profundas, el gobierno del presidente Javier Milei introdujo modificaciones sustanciales en el sistema de inteligencia nacional a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) emitido en las últimas horas del 2025.
El texto, identificado como el 941/25, cambia la Ley de Inteligencia Nacional (25.520), y otorga mayores competencias a la nueva Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), incluyendo la posibilidad de detener sin orden judicial y una mayor competencia en su relación con otros organismos estatales. Pero el Congreso ya empezó un tire y afloje por la modificación en la que no tuvo participación.
Los bloques no oficialistas, opositores férreos y dialoguistas, tomaron postura rápidamente. El Bloque Unidos rechaza la idea de que haya una necesidad o una urgencia para modificar la Ley de Inteligencia de manera integral, y sostiene que hay un piso democrático que desiste de la posibilidad de que la SIDE sea una "policía secreta".
El PJ, además, va más allá y cree que está en juego la democracia con esta reforma. El PRO, sin embargo, analiza como positivos los cambios, pero pide más información respecto a los métodos y protocolos para su aplicación.
El ex ministro de Defensa volvió al Congreso y, con su experiencia en la cartera, fue uno de los que se expresó públicamente a través de su cuenta de Instagram la postura del Partido Justicialista. El diputado alertó sobre "la creación de una 'policía secreta'", y también sobre la "mayor injerencia de la SIDE en fuerzas militares y de seguridad". En ese punto, destacó la eliminación de estructuras previas como la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM).
Por su parte, puntualizó sobre el trabajo de la prensa por las nuevas condiciones para la contrainteligencia, que con los cambios puede "trabajar sin controles" y eso pone en riesgo a los periodistas en su libertad de expresión y su ejercicio profesional. A su vez, resalta que "la generalización del carácter encubierto de todas las operaciones" es un riesgo para el orden democrático.
Otras voces dentro del partido, como Jorge Taiana o Leopoldo Moreau, que integra la bicameral de Control de Inteligencia, coinciden con las declaraciones del "Chivo". El PJ va a poner los votos en Diputados y en el Senado para rechazar el DNU, convocando "a la sociedad a protestar por retroceso democrático gravísimo y un avance hacia un Estado represor".
El bloque Unidos —compuesto por Provincias Unidas, Coalición Cívica y Encuentro Federal— emitió un comunicado conjunto que resume su visión crítica. El interbloque rechaza el DNU por considerar que el Ejecutivo pretende reformar la Ley de Inteligencia "de manera integral" sin justificación de necesidad ni urgencia, especialmente en un tema "tan sensible" que requiere debate en el Congreso.
El comunicado destaca varios puntos alarmantes que coincide con la mirada del PJ: la declaración de todas las actividades de inteligencia como "carácter encubierto", ampliando la opacidad más allá de los límites estrictos de la ley original.
Además, alerta sobre la extensión de contrainteligencia al Sector Público Nacional, abriendo puertas a vigilancia sobre áreas no sensibles, y la habilitación de aprehensiones por personal de inteligencia, contradiciendo el consenso democrático de que los servicios no deben transformarse en "policía secreta". Luego critica la ausencia de debate público, consulta a especialistas, sociedad civil o provincias, y exige la inmediata constitución de las bicamerales de Trámite Legislativo y Fiscalización de Inteligencia para restablecer controles constitucionales.
Desde el espacio advierten que el DNU fue emitido sin debate ni transparencia. El espacio de los gobernadores no peronistas, sumado a los "lilitos", Pichetto y Massot, puede definir el rechazo o no del decreto en la Cámara baja.
El bloque del PRO ha adoptado una visión favorable, aunque con matices de cautela y responsabilidad institucional. Según fuentes a las que contactó CORTA, el espacio amarillo conformó un equipo especializado para analizar el DNU y su postura inicial es prudente: quiere conocer los protocolos de aplicación, la normativa complementaria y los alcances operativos antes de tomar una posición definitiva.
Sus especialistas aseguran que el uso de DNU para modificar inteligencia no es inédito -fue usado por gobiernos pasados- y destacan puntos positivos: la integración de bases de datos como "deuda histórica" resuelta, y la limitación estricta de datos por leyes de protección personales, sin riesgos legales si se aplica correctamente.
Ven potencial en cambios para una inteligencia moderna, profesional y legal, aunque advierten que necesitará de controles democráticos sólidos al servicio exclusivo de los argentinos. Los matices que anticipan las fuentes consultadas radican en conocer, sobre todo, los detalles para facultades como aprehensiones, que son restrictivas y excepcionales, sin revelar identidad de agentes que detengan a las personas.
Después de las diferencias que hubo y hay por los polémicos nombramientos en la AGN en la madrugada en la que se aprobó el Presupuesto 2026, el PRO puede ser un actor fundamental en el Congreso para blindar el DNU de inteligencia. Resta conocer si hay o no posición unificada en la Unión Cívica Radical, aunque hasta el momento no se han expresado de manera homogénea.