18 de abril de 2024 - 07.34 / Actualizado: 19 de abril de 2024 - 20.03
Un golpe de estrés. Un ataque de nervios. Vómitos, incesantes. Una internación. El detonante para que el cuerpo de la diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA) Marcela Pagano colapsara fue una serie de llamadas, intimidatorias, con amenazas y frases muy violentas. El episodio obligó a suspender la reunión de hoy, en la que tenía previsto defender su presidencia en la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados después del cocoliche de la semana pasada, que concluyó con el oficialismo partido y su designación desautorizada por el presidente del cuerpo, Martín Menem. "Solo quería cumplir con la ley", dijeron en su entorno. Se trata de la misma situación que concluyó con Oscar Zago anunciando que se iba de la bancada libertaria y que, con él, se llevaba a dos diputados más. Se había enterado, vaciando un pocillo de café en el bar Casablanca, que 36 de sus -ahora ex- compañeros lo habían removido, por votación, de la jefatura del bloque.
La oposición estaba advertida de que a Pagano la iban "hacer renunciar" a la presidencia para poner en su lugar a Alberto 'Bertie' Benegas Lynch, el fanático de privatizar ballenas. Sus colegas libertarios les habían anticipado a algunos "dialoguistas" lo que iba a ocurrir en la reunión de hoy. Así, LLA se evitó por ahora un nuevo mamarracho parlamentario, que podría ser hasta gracioso -obviando las cuestiones de salud, naturalmente- si no se tratara de la representación legislativa del partido de gobierno. Una experiencia política tan extraordinaria que la cosplayer Lilia Lemoine, que recomendaba chupar de una mesa la escupida de un contagiado para verificar si efectivamente así se propagaba el Covid-19, integra hoy, en su condición de diputada, la comisión de Ciencia y Tecnología.
Este miércoles hubo reuniones entre delegados de tres bloques de diputados: el PRO, la UCR y Hacemos Coalición Federal (HCF), la bancada que preside Miguel Pichetto. El objetivo era trabajar sobre el borrador de la Ley Bases versión corta para buscar un principio de acuerdo entre ellos sobre qué cosas modificar, para luego ir juntos a plantearle los cambios al Gobierno. Entre los tres suman más de 90 votos, los necesarios -sumados a los de LLA- para que la ley salga. "Todavía estamos lejos", confesó uno de los más activos en esos encuentros. ¿En qué hay acuerdo? Las facultades amplias que pide el Ejecutivo en el artículo 70 del borrador para derogar o modificar leyes que atenten contra el libre mercado, así como está, no salen. Deberían acotarlo. No acompañarán la baja en Bienes Personales ni la actualización anual del mínimo no imponible de Ganancias: quieren que sea trimestral. El objetivo de moverse en tándem es que al presidente Javier Milei no le quede otra que aceptar sus propuestas si quiere tener su ley. Hasta acá, el primer presidente libertario no dio muestras palpables de preocupación por la falta de acompañamiento en el Congreso. Principio de revelación, insiste. Aunque es cierto que otra derrota lo dejaría muy golpeado.
La UCR y HCF tienen, además, la posibilidad de incorporar en la Ley Bases cambios en la legislación laboral. En esto sí, el Gobierno pasó de lo ideal a lo posible, luego de que la Cámara del Trabajo le volteara la reforma que integraba el mega DNU 70/23. "¿Cómo van a meter todo eso? No va a salir, no va a salir", fue la queja de Pichetto al enterarse del proyecto que el radicalismo le acercó al Ejecutivo, que el sindicalista estatal Andrés 'el Centauro' Rodríguez dijo que era "peor" que la propuesta libertaria que se cayó del decreto. Lo que le van a proponer al radicalismo es centrarse en tres cosas, enfocadas en -lo que creen será- la generación de empleo en blanco en el sector pyme: extensión del período de prueba (de tres a seis u ocho meses), la eliminación de multas y sanciones para evitar la "industria del juicio" y la incorporación "opcional" del fondo de cese como reemplazo del actual sistema indemnizatorio. Con eso, dejarían afuera la eliminación de la cuota solidaria que financia a los sindicatos que propone la UCR. Pichetto nunca perdió sus puentes con los principales referentes de la CGT. El termómetro interno indica que, si no aprovechan la ola de la Ley Bases para avanzar en estos cambios en la legislación laboral, después será imposible.
La principal diferencia entre el universo dialoguista está en el negocio del tabaco. La UCR y HCF le reclaman al Gobierno que incorpore en la versión pocket de la Ley Bases los cambios en la regulación del mercado de los cigarrillos que estaban en la versión ómnibus original. El PRO no está de acuerdo con esto. De hecho, en el bloque macrista están los lobbystas que consiguieron borrar del articulado lo que hoy demandan los gobernadores de las provincias tabacaleras, principalmente los de Salta y Misiones. Entre Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalaqua (Misiones) suman siete votos vitales para Milei en Diputados. Las provincias hablan de un perjuicio económico multimillonario a través del fondo del tabaco, por los beneficios que el dueño de Tabacalera Sarandí, Pablo Otero, consiguió en la Justicia a partir de medidas cautelares. Medidas que le permiten vender sus atados de Red Point a un tercio del precio de las principales marcas y pasar, en un puñado de años, del 3% del mercado a más del 30%. Nadie termina de entender cómo Milei pasó de denunciar la existencia del "señor del tabaco", como le dicen a Otero, a borrar de la ley los artículos que obligarían a Tabacalera Sarandí a competir en igualdad de condiciones con sus competidores. Hay libertades y libertades; hay mercados y mercados.
Zago dejó la presidencia del bloque de LLA pero no el despacho que debería ocupar ahora Gabriel Bornoroni, su sucesor. El cordobés, más ecuménico que el verborrágico Zago y en su primera experiencia parlamentaria, se mueve por dos vías. Primero, inició el trámite administrativo para que le den el lugar que le corresponde; en paralelo, busca un acercamiento a su antecesor para evitar otro escándalo y saldar la cuestión en un pacto de caballeros. Quiso verlo el lunes, pero no hubo caso. Se cruzaron en la cena de Cippec, pero no logró sacar el tema. Mientras tanto ahí sigue, pegada, la imagen en blanco y negro de Arturo Frondizi que Zago hizo imprimir y pegar en la puerta del despacho de la discordia. Ni Roca, ni Alberdi. Una declaración de guerra codificada en el lenguaje de Las Fuerzas del Cielo: desarrollismo contra liberalismo.
Mientras los proyectos que envió para criminalizar la protesta social y flexibilizar el uso letal de armas de fuego en policías y civiles juntan polvo en algún despacho, Patricia Bullrich prepara un nuevo golpe de efecto. Un proyecto para reinstalar un debate que, como Gardel, siempre está llegando: la baja en la edad de imputabilidad. Amparada en dos casos resonantes de menores homicidas, como fueron los asesinatos del playero Bruno Bussanich, en Rosario, y del adolescente de 14 años Joaquín Sperani, en Córdoba, la ministra de Seguridad ve una tormenta perfecta ir por la condena penal a menores por delitos graves. La idea es bajar la edad de imputabilidad a 14 años. En simultáneo, redacta un régimen penal juvenil, algo que todos los gobiernos señalaron como una prioridad pero en el que ninguno avanzó absolutamente ni un ápice.
El multimillonario salteño Alfredo Olmedo, famoso por sus declaraciones misóginas y violentas y por su militancia a favor del trabajo infantil, es actualmente el presidente del Parlasur, pero a su mandato le queda poco. Logró lo imposible: que peronistas, macristas, radicales y hasta un sector libertario impulsaran su remoción como vicepresidente por la Argentina, cargo que por rotación anual hoy le permite conducir el Congreso regional. Entre estos sectores y la bancada brasileña, incluyendo lulistas y bolsonaristas, el 29 de abril está convocada una sesión extraordinaria para sacarlo del cargo y reemplazarlo por la libertaria Fabiana Martín, un cuadro técnico que está mostrando algunas habilidades en su primera experiencia política, lo que al lado de Olmedo la convierte prácticamente en Ángela Merkel. ¿Por qué lo remueven a Olmedo? Entorpeció todo el funcionamiento del Parlasur, por cambios ridículos y antojadizos en su funcionamiento y composición y hace algunas semanas, en su primera sesión como presidente, colmó el vaso al remover los micrófonos de los estrados e imponer el uso de pulseras para ingresar al recinto, lo que concluyó con el presidente de la delegación brasileña, Celso Russomanno, a los empujones con la seguridad privada y una parlamentaria paraguaya, Jazmín Narváez, con algunos golpes.
Hay otra curiosidad en el caso Olmedo. El sector de la bancada de LLA en el Parlasur que lo impulsó como jefe lo integran, principalmente, parlamentarios que ingresaron por el armado de listas que diseñó Carlos Kikuchi. En su momento jefe de campaña de Milei, luego caído en desgracia bajo la mira infalible de Karina. Lo extraño es que los mismos que lo impulsaron ahora empujan para sacarlo, mientras que los que en su momento lo rechazaron como candidato, ahora intentan sostenerlo. Así, se quebró también la bancada libertaria del Parlasur. ¿Esto es todo? No. Por detrás de Olmedo -o junto a él- opera su principal asesora, Gabriela Di Chiaro, quien saltó de la televisión a la política sin que casi nadie la detecte. "Detrás de cada movida de Olmedo, está ella", afirman. Tantos dobleses reúne el personaje de Di Chiaro que, en su esquema de pluriempleo, es también la instructora de tiro de Lilia Lemoine. Mejor país del mundo.
