"Es un apriete": exfuncionarios, contra un documento en el que Milei exige alineamiento político a los diplomáticos

Este fin de semana se conoció una carta del presidente Javier Milei dirigida a todo el cuerpo diplomático argentino, en la que el mandatario reafirma su rechazo a la Agenda de Desarrollo 2030 y exige a todos los funcionarios del servicio exterior un alineamiento total con su política exterior. La comunicación, dirigida tanto a quienes ostentan cargos políticos como a quienes sostienen una carrera diplomática, generó el rechazo de diversos excancilleres y exembajadores de renombre.

En detalle

• El texto, remitido el viernes a los diplomáticos que representan al país en todo el mundo, exige que "ningún funcionario de esta administración ni quienes representan a la Argentina en el exterior deben acompañar ningún proyecto, declaración, resolución, o documento que establezca violaciones al derecho a la vida, la libertad y la propiedad; o un trato desigual frente a la ley", y que quienes " no se encuentren en condiciones de asumir los desafíos que depara el rumbo adoptado en defensa de las ideas de la libertad deberán dar un paso al costado".
• "Nuestro país se encuentra transitando un cambio de época, y así se refleja en el incansable espíritu de todos los argentinos que trabajan día a día por salir adelante. Ese cambio de rumbo interno también debe reflejarse en el plano internacional a través del trabajo de la totalidad del cuerpo diplomático, la participación en los foros internacionales y los organismos multinacionales", agrega la nota, que tilda a la Agenda 2030 de "un programa de gobierno supranacional de corte socialista" contrario a la "doctrina de la nueva Argentina", que según el documento es "ni más ni menos que la verdadera esencia de la ONU: la cooperación de naciones, unidas en defensa de la libertad".

En contexto.

El mensaje trascendió en un contexto de relativa turbulencia entre el Ejecutivo y parte del cuerpo diplomático. La semana pasada renunció el número 2 de la Cancillería, Leopoldo Sohares, y fue desplazado el representante argentino ante la ONU, el embajador de carrera Ricardo Lagorio, en ambos casos por diferencias con los lineamientos generales del Gobierno en materia de política exterior. El mes pasado, los funcionarios que realizan sus actividades en distintos países del mundo amenazaron con una medida de fuerza por primera vez en su historia en rechazo al pago de Ganancias, aunque el paro se desactivó luego de un fallo judicial favorable que hizo lugar a un amparo del gremio y los eximió del tributo. 

Cafiero.

"En primer lugar, esto constituye una amenaza, un apriete a los diplomáticos", sintetizó en diálogo con CORTA el excanciller Santiago Cafiero, quien enfatizó el hecho de que aunque el servicio exterior tiene que llevar adelante "una hoja de ruta que traza el Gobierno", donde se define "qué se firma o qué se acuerda", en ningún lugar de la legislación vigente se supone que los funcionarios tengan que adherir "a un ideario o pensamiento único" impuesto desde el Ejecutivo. "Milei hace esto porque quiere construir una narrativa de un Estado autoritario con el eufemismo de que está defendiendo la libertad. Lo que quiere es suprimir la diversidad y el profesionalismo del cuerpo diplomático. Esto nunca pasó en democracia, nunca se vio algo así", detalló.

Solá.

En un sentido similar se expresó el también exministro de Relaciones Exteriores Felipe Solá, antecesor de Cafiero. "Entre la civilización y la barbarie Milei ha optado por la barbarie y obliga al servicio exterior argentino a hacer lo mismo", cruzó el también exgobernador bonaerense en su cuenta de X.

Guelar.

Diego Guelar, exembajador en China durante el macrismo, en la Unión Europea y Brasil en el menemismo y en Estados Unidos en el Gobierno de Eduardo Duhalde, aseguró ayer en Urbana Play que la instrucción de Milei "no tiene ningún valor" porque "está en el orden de la ilegalidad", y como tal "no tiene que ser aceptada" por el cuerpo diplomático. "La obediencia debida ha sido derogada en el código de justicia militar en la propia Argentina. No hay legalidad suficiente para que esta orden tenga ejecución impuesta", consideró.