Ley de Propiedad Privada: de qué se trata la iniciativa que discutirá el Senado

El Senado tratará la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el próximo jueves 16. La última versión del texto es la número trece, con cambios concentrados principalmente en el régimen de expropiaciones y desalojos, compra de tierras rurales por extranjeros y la Ley de Manejo del Fuego.

Expropiaciones.

Sobre las expropiaciones, el texto pone más trabas para que el Estado le quite una propiedad a un particular. Antes, el concepto de "utilidad pública" (la razón que el Estado invoca para expropiar) se podía interpretar de manera amplia. Sin embargo, ahora el Estado tendría más dificultad para justificar una expropiación. 

Asimismo, el proyecto reconoce que, si a la persona expropiada le hacen perder ganancias por culpa directa de la expropiación, tiene derecho a que se lo compense por eso. Y se establece una regla clave: el Estado no puede quedarse con la propiedad hasta no pagar la indemnización completa por adelantado.

Por otro lado, si el Estado ocupa un terreno de forma transitoria (por ejemplo, para una obra), esa ocupación no puede durar más de 90 días. 

A su vez, el dinero que se le paga al dueño como indemnización se va a actualizar según la inflación (el IPC), más un interés extra, para que no pierda valor con el tiempo.

Desalojos.

En concreto, el proyecto de ley busca que los deslojos sean más rápidos. Cualquier persona que sienta que le afectaron un derecho o interés legítimo sobre un inmueble va a poder pedir el desalojo con más facilidad, y si el juez considera que ese reclamo es creíble a primera vista, va a poder ordenar que se entregue el inmueble de inmediato, sin esperar un juicio. 

Si en la propiedad viven menores, personas con discapacidad o adultos mayores que no tienen dónde ir, se les dará un plazo de hasta 10 días para que puedan conseguir un lugar donde vivir antes de que se concrete el desalojo.

Reforma a la Ley de Tierras Rurales.

Actualmente los extranjeros no pueden comprar más de un 15% del total de tierras del país, ninguna nacionalidad puede superar cierto porcentaje dentro de ese límite, y hay un tope de hectáreas por persona. 

La propuesta del Gobierno elimina esas restricciones a los extranjeros, tanto personas físicas o empresas privadas, que de aprobarse la ley, podrán comprar campos sin esos límites de porcentaje ni de hectáreas. 

El texto mantiene como única excepción los Estados extranjeros, es decir, las empresas que son propiedad de un Gobierno de otro país, o las compañías controladas por un Estado foráneo. En esos casos sí van a seguir necesitando un permiso especial del Poder Ejecutivo y que la provincia donde está el terreno lo pida expresamente. Además, si un extranjero quiere comprar una propiedad en una zona cercana a la frontera, va a necesitar el visto bueno tanto de la provincia, como del Gobierno nacional.

Un punto controversal es sobre los terrenos que sufrieron incendios. Hoy en día, la ley prohíbe por 30 años que se construya, se haga agricultura o ganadería, o se cambie el uso del suelo en zonas de campo o pastizales que se quemaron. 

La iniciativa del oficialismo elimina esa prohibición de 30 años. Sin embargo, el Senado decidió no tocar la protección para los bosques nativos: ahí se mantiene la prohibición de 60 años, justamente para evitar que alguien incendie un bosque con la intención de después loteario o venderlo.

Profundizá.

El Gobierno vende la Base Naval Ushuaia.

En paralelo, el Gobierno nacional avanza con la venta de un predio perteneciente a la Armada Argentina en Ushuaia. La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) determinó, mediante la Resolución 101/2026, desafectar un terreno de 2.939 metros cuadrados perteneciente a la Base Naval Ushuaia, para incorporarlo al proceso de venta impulsado por el Poder Ejecutivo. 

El expediente administrativo señala que el Ministerio de Defensa informó en agosto de 2025 que no existían previsiones de utilización futura para ese predio, motivo por el cual fue declarado "innecesario" y "sin destino". Según un informe técnico de la AABE, el lugar no registra ocupaciones permanentes, con excepción de un uso transitorio por parte de Camuzzi Gas del Sur como espacio de acopio de caños.

La venta de inmuebles estatales se enmarca en el Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar, que prevé la entrega a las Fuerzas Armadas del 70% de lo obtenido por la venta de bienes propios y del 10% cuando se trate de inmuebles de otros organismos. 

Mientras tanto, un buque de guerra británico permanece en Punta Arenas, Chile, sin protesta formal del Gobierno argentino.