06 de junio de 2024 - 08.04
Si el proyecto para modificar la fórmula de actualización previsional e instaurarla en una ley sale sin trabas del Senado, y todo hace presumir que así será, Javier Milei podría convertirse en otro presidente que usa su poder de veto a un proyecto impulsado por la oposición para subir las jubilaciones. Antes que el libertario fue Cristina Fernández de Kirchner, en febrero de 2010, cuando el autopercibido "Grupo A" -que integraban el PRO, la UCR, la Coalición Cívica, el Peronismo Federal y otros espacios minoritarios- logró sancionar el 82% móvil. "Como Presidenta, no puedo permitir que la Argentina quiebre", fue el argumento que usó CFK hace 14 años, equiparable al que hoy construye Milei, aunque el León lo haga en modo temerario, casi una bravuconada. La diferencia es que, en esa oportunidad, la entonces presidenta sabía que el peso parlamentario del peronismo impedía que el Congreso ratifique la ley con dos tercios de ambas cámaras. El vocero mundial de las ideas de la libertad tiene un riesgo serio, concreto, de que la oposición junte las mayorías agravadas tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Se expone a una derrota segura que, por más que busque maquillarla anotándola en su libreta de principios de revelación, supondrá más que un dolor de cabeza para el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo.
En el Senado están tan holgados que, por estas horas, exploran un acuerdo entre peronistas y radicales para llevar la media sanción la semana próxima al recinto. Al no tener dictamen, necesitarían justamente dos tercios del pleno para introducir el expediente y discutirlo. La mayoría la tienen; lo que no tienen es un vínculo medianamente maduro como para abordar un pacto de esa magnitud, teniendo en cuenta el impacto mediático que tendría, por lo que esta opción hoy asoma más que dificultosa. La sumatoria, en la Cámara alta, da 55 votos favorables, sobre un total de 72 bancas, a la fórmula jubilatoria que aprobaron en Diputados. Ese número incluye a la totalidad del peronismo y el radicalismo, los tres de Unidad Federal y los representantes de los gobiernos de Santa Cruz, Río Negro, Neuquén y Misiones. Más que sobrados.
Este martes fueron 160 diputados y diputadas que votaron a favor de la ley. Entre los espacios que presionaron la tecla verde en su banca había seis ausentes, por lo que el número es extendible a 165. Les faltarían siete para llegar al número mágico, que es 172. Mientras que los oficialistas de La Libertad Avanza (LLA) y el PRO, sin faltazos, llegarían como mucho a 80. El 172, además, es un número mágico, pero no estrictamente necesario. Si se repitieran las ocho abstenciones (la izquierda, dos bancas de San Juan y la tucumana Paula Omodeo) y la ausencia de los tres tucumanos del bloque Independencia, se alcanzarían los dos tercios con 164 votos. Las mentes más creativas para hipótesis morbosas hasta se atrevieron a jugar con la idea de que la votación la definan los tres diputados del bloque tucumano, que responden al gobernador Osvaldo Jaldo, cuya pasión por el oficialismo ha encontrado hasta ahora un solo límite: participar de una sesión con la gorrita de "Las fuerzas del cielo" sobre sus cabezas. Pero ni eso será necesario.
Para la Oficina Anticorrupción (OA), Santiago Caputo no se encuentra alcanzado por la obligación de presentar su Declaración Jurada Patrimonial (DJP) que si se extiende a la totalidad del funcionariado nacional. Así lo respondió ante un requerimiento, hace algunos días, cuando le pidieron explicaciones de por qué no intimaba al hombre más poderoso del Gobierno, después de Milei, a que haga público su patrimonio. Caputo fue contratado como asesor presidencial por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el 26 de enero. Es un "contrato de prestación de servicios profesionales autónomos", lo que evita dejar su firma o sus huellas en cualquier expediente. Es una irregularidad: en esos cargos se "designa", no se "contrata". En la Argentina rige una ley de ética pública, reglamentado por un decreto que, en su artículo 53, establece cuáles son los cargos alcanzados por la obligatoriedad de presentar su DJP. En su inciso "n" dice "asesores del Gabinete". Históricamente, siempre, los asesores presidenciales tuvieron que presentar sus declaraciones juradas. Durante el último tramo de la gestión de Alberto Fernández, por ejemplo, un funcionario de la OA tuvo que acercarse hasta Casa Rosada para ayudarle a uno de sus asesores a completar las planillas. Pero Caputo, una de las tres patas de la mesa más chica del Gobierno, lo elude sin problemas. ¿Cuál será la razón por la cual no se puede saber ni qué auto tiene a su nombre el escriba de la narrativa libertaria? Quién sabe.
El periodista Carlos Pagni contó el lunes en Odisea Argentina, el mejor programa de periodismo político del país, que a la senadora Lucila Crexell le ofrecieron la embajada ante la Unesco a cambio de su foto favorable en la Ley Bases y el paquete fiscal, cuya fecha de tratamiento aún no se oficializó. Ese puesto en París es de los más tentadores que tiene el organigrama del Estado argentino para ofrecer. La información de Pagni fue confirmada este miércoles por el diputado radical Pablo Cervi. "Ayer cambié mensajes con ella", dijo el legislador en una entrevista con FutuRock. Y contó que, si bien la aclaró que no era "algo que estuviera definido", sí le confirmó que era algo "que estaba charlando". Si la senadora neuquina accediera al puesto en la capital francesa, sería justamente Cervi su reemplazo en la banca del Senado.
Donde se están registrando muestras claras de recuperación económica, sobre todo a partir de la generación de empleo, es en la Subsecretaría de Vocería de Manuel Adorni. Solo el mes pasado oficializó 17 nombramientos en altos cargos. Entre esos, el último, el de Juan Pablo Carreira, troll conocido en X (exTwitter) como Juan Doe, flamante "Director Nacional de Comunicación Digital de la Presidencia". En la nómina ingresó también el realizador audiovisual preferido de Milei, Santiago Oría, como "Director de Realización Audiovisual de la Presidencia". Los restantes 15 cargos (todos altos, directores y coordinadores) que le garantizaron a Adorni solo entre el mes pasado y estos días de junio son estos:
