2 Marzo de 2026 12.00
La empresa de IA estadounidense Anthropic denunció la semana pasada que tres competidores chinos, DeepSeek, Moonshot AI y MiniMax, usaron de manera ilegal capacidades de su chatbot Claude. En un comunicado calificaron el hecho como un robo de propiedad intelectual a escala industrial. En esta nota, de qué se trata la contienda y el rol de Argentina.
Con el crecimiento acelerado de la Inteligencia Artificial (IA) se agudiza la crisis por la vulneración y recopilación de datos.
Anthropic explicó que la técnica usada se conoce como "destilación", que consiste en usar los resultados de un sistema de IA más potente para mejorar de manera rápida y barata el funcionamiento otro de menor capacidad, en lugar de desarrollarlos de forma independiente. Según el texto oficial, los tres laboratorios de IA cruzaron más de 16 millones de interacciones con Claude a través de aproximadamente 24.000 "cuentas fraudulentas y servicios de proxy", para ocultar su ubicación y acceder a gran escala a la IA.
"El volumen, la estructura y el enfoque de los 'prompts' eran distintos de los patrones de uso normales, lo que refleja una extracción de capacidades deliberada en lugar de un uso legítimo", argumentó la compañía. En este sentido, alertó que las destilaciones ilícitas no tienen las protecciones necesarias para impedir "actividades cibernéticas maliciosas" que ponen en riesgo "la seguridad nacional".
Por su parte, desde Anthropic exhortaron tanto al Gobierno estadounidense como a la industria en general a que brinden una respuesta coordinada, dado que según entienden "ninguna empresa puede afrontar esto por sí sola".
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció días atrás el proyecto Stargate, que invertirá 500.000 millones de dólares en los próximos cuatro años para construir nuevos centros de datos para apoyar proyectos de IA. A su vez, en diciembre del año pasado, Washington limitó las exportaciones de chips de inteligencia artificial H200 a China. Mientras tanto, el gigante asiático consolida su influencia a nivel internacional en los modelos que generan IA.
El fondo del enfrentamiento tiene que ver con una potencia en decadencia y otra emergente que aparece en escena con un modelo político y económico totalmente diferente, explica a CORTA Beatriz Busaniche, fundadora de la ONG Vía Libre, enfocada en políticas públicas de Software Libre. "China demuestra que puede tener una ciudadanía con altos estándares de calidad de vida, inversión en infraestructura, producción industrial para proveer bienes de consumo para buena parte del planeta y una agenda de ciencia y tecnología de punta", sostiene.
Este campo es solo uno de los tantos que EE.UU y China se disputan. Aún con la limitación a las exportaciones de insumos para la generación de IA que el país liderado por Donald Trump le puso al Estado asiático, este último logró ponerse a la par.
Asimismo, Busaniche suma a la ecuación dos cuestiones también influyentes. Por un lado, el financiamiento que permite desarrollar estas tecnologías: "Las fuentes de energía son clave, la instalación y mantenimiento de data centers". Y las políticas migratorias: "Estados Unidos está sufriendo una pérdida sistemática de profesionales del campo que se vuelven a sus países, muchos de ellos a China. Mientras que China abrió un programa de visados simples y fáciles para profesionales del área que quieran ir a estudiar y trabajar en allá".
En cuanto a cómo se traduce el impacto de esta guerra fría digital en la vida cotidiana de las personas, la especialista alerta que los sesgos que introducen las diferentes IAs, aunque pasen desapercibidos, repercuten directamente sobre la capacidad de entendimiento de las personas. Su implementación descontrolada puede impactar en temas de salud y educación, por ejemplo.
Por su parte, Milagros Miceli, argentina elegida por la revista Time como una de las más influyentes en IA, señala que el término Guerra Fría tiene lugar no porque alguna de las potencias pueda crear una IA que nos domine, "sino por una cuestión de violación de datos, de llevarse todo puesto, y ni hablar del daño ambiental que causan porque estas tecnologías no son gratuitas respecto al medio ambiente, sobre todo en un contexto de crisis climática".
A su vez, en diálogo con este medio, la informática hace hincapié en que técnicamente sería posible construir modelos con menos datos, más cuidados, "pero las empresas eligen hacerlo de esta manera por cuestiones económicas y de poder. Tiene que ver con que si tengo más datos tuyos, entonces tengo más poder sobre vos".
Uno de los puntos del acuerdo entre Argentina y Estados Unidos que se firmó en noviembre del año pasado, establece que el Estado nacional se compromete a facilitar el comercio digital y que se reconoce a su socio como una jurisdicción adecuada, conforme a la legislación argentina, para la transferencia transfronteriza de datos, incluidos los datos personales.
Jorge Orovitz Sanmartino, sociólogo y asesor experto en protección de datos personales, explica que Estados Unidos no tiene una ley federal integral de protección de datos, como sí la tiene Argentina (Ley 25.326). Esto implica que una empresa que recolecta información para procesar un pago puede, por ejemplo, reutilizarla para publicidad o para elaborar perfiles comerciales, con la excepción de que algún Estado lo impida.
"En la práctica, esto significa que datos que organizaciones argentinas, ya sea empresas privadas u organismos públicos, envíen a Estados Unidos podrían quedar expuestos a esos regímenes de vigilancia ampliada. No es que el acuerdo autorice explícitamente ese acceso, sino que crea un marco que facilita las transferencias sin exigir salvaguardas adicionales. Los argentinos podrían perder parte de las garantías que actualmente tienen dentro del territorio nacional, porque una vez que la información cruza la frontera deja de estar protegida por la legislación nacional y pasa a quedar bajo un sistema que no reconoce derechos equivalentes", agrega.
En este sentido, subraya que en 2003 Argentina fue el primer país latinoamericano reconocido por la Unión Europea como "país adecuado", es decir, validado por los estándares de protección de datos con la legislación antes mencionada.
Orovitz Sanmartino sintetiza que con este punto del acuerdo comercial, Estados Unidos tiene como objetivo "romper con la lógica de que los ciudadanos tienen derechos, aislar la legislación basada en el modelo europeo, y desarrollar sus propias organizaciones internacionales que priorizan el aspecto comercial en detrimento de los derechos. La consigna de Trump es 'todo el poder a las empresas tecnológicas norteamericanas'".
"En consecuencia, Argentina tira por la borda más de 25 años de legislación y entra en el mundo de la desregulación absoluta. Se corre al ciudadano del centro y se dejan de lado sus derechos para entender el flujo de datos personales como un hecho comercial. Lo que se redefine no es solo un estándar técnico, sino el lugar del ciudadano en la arquitectura institucional del país", concluye el especialista.