Silencio positivo: cómo es el nuevo mecanismo de aprobación de trámites con el Estado
26 de agosto de 2024 - 08.37 / Actualizado: 10.49
El Gobierno reglamentó hoy los plazos de implementación del "silencio positivo", que modifica la Ley de Procedimientos Administrativos. La norma establece que la falta de respuesta del Estado ante un procedimiento será tomado por aprobado.
Por qué importa.
Durante el tratamiento en el Senado de la Ley Bases había generado críticas y cuestionamientos por parte de la oposición ya que, señalaron, beneficiará a las empresas que litiguen contra el Estado y "estimulará la corrupción estatal".
Además.
Desde el Gobierno habían defendido en la Cámara Alta que el sentido de la reforma era incentivar la inversión y el desarrollo del sector privado y dejar atrás "criterios y parámetros del siglo pasado que regulan la relación del Estado con los particulares".
Qué dice la nueva norma.
La Ley Bases modificó el carácter del silencio administrativo. La Decisión Administrativa 836/2024 reglamentó los cambios. En el inciso b del artículo 10 de la Ley 19.549 determina que el silencio tendrá sentido positivo "cuando una norma exija una autorización u otra conformidad administrativa para que los particulares puedan llevar a cabo una determinada conducta o acto" y se venza el plazo previsto "para resolver sin haberse dictado resolución expresa". Previamente, una demora de estas características implicaba una negativa por parte del Estado. Se establecieron materias excluidas de la aplicación del mismo, estableciéndose asimismo la posibilidad de incluir otros supuestos específicos de excepción por vía reglamentaria.
Los plazos.
La Jefatura de Gabinete tendrá 15 días para determinar los trámites a los que se podrá aplicar el silencio consentido positivo, los cuales deberán modificarse en la plataforma de trámites a distancia (TAD). A partir del 1° de noviembre las reparticiones de la Administración Pública Central, incluidos los desconcentrados, deberán implementara el silencio con sentido positivo. Desde el 1° de diciembre deberán hacerlo los organismos descentralizados.
