Súper rigi: los tres motivos de un grupo de ONGs para rechazarlo

La Cámara de Diputados sesionará mañana y, entre otros, se tratará el proyecto del nuevo Súper RIGI, impulsado por el Gobierno Nacional, que amplía el alcance del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) actual aprobado en la Ley Bases de 2024. Sin embargo, diferentes Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) rechazaron la propuesta. 

Las industrias.

El mes pasado, cuando el presidente Javier Milei anunció la iniciativa por X, explicó que el Súper RIGI "aplicará para sectores que nunca han existido en Argentina", y precisó que el esquema permitirá "crear nuevas empresas que satisfagan las necesidades productivas de los nuevos sectores dinámicos de la economía al tiempo que multiplicará la cantidad de empleos".

No obstante, distintas organizaciones argumentaron en un comunicado que "el proyecto otorga incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios por 30 años a inversiones superiores a USD 1.000 millones en industrias que el propio Ejecutivo aún no define, sin contraprestaciones verificables y con arbitraje internacional excluyente". 

En este sentido, señalaron que "la paradoja es constitutiva del diseño" del texto dado que el Congreso aprobaría una ley que le delega al Poder Ejecutivo la potestad de definir retroactivamente qué actividades quedan comprendidas en un régimen con beneficios de estabilidad de 30 años". 

Por su parte, el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González Casartelli, presente durante la sesión de Comisiones del 3 de junio, había reconocido: "Esto se propone para la nueva industria: qué industria, no lo sé. Lo que no queremos es limitarlo".

Los 30 años.

Otro punto controversial del Súper RIGI es el artículo 74 que determina que los incentivos no podrán ser afectados "ni por la derogación de la presente ley ni por la creación de normativa tributaria, aduanera, de seguridad social o cambiaria más gravosa", en un lapso de 30 años desde la fecha de sanción de la ley.

Los organismos citaron un relevo de Fundar (2026) que señala que "ningún instrumento similar ofrece más de 10 años de estabilidad irrevocable en sectores de alto dinamismo tecnológico mundial. Ofrecer 30 años, en un escenario donde el impacto energético, hídrico y laboral es difícil de anticipar, compromete la capacidad regulatoria del Estado por un período absolutamente extenso".

González Casartelli justificó que el plazo se debe a que no saben "qué proyectos van a entrar". Quienes se oponen remarcan que entonces las tres décadas no tienen justificación "por la naturaleza técnica o financiera de ningún proyecto concreto". 

Desprotección previsional.

A su vez, el artículo 56 también fue cuestionado. El mismo fija una alícuota única del 10% de contribuciones patronales para las nuevas relaciones laborales, "sin mecanismo de compensación para los subsistemas de seguridad social afectados". Fundar alertó que "la reducción de contribuciones al 10% no es un factor decisivo en la decisión de invertir, pero sí transfiere costos al sistema previsional. Es un beneficio sin justificación económica que debería eliminarse del régimen".

Profundizá.

Qué debería hacer el Congreso.

Según las entidades firmantes, el Parlamento debería:

• Fijar criterios verificables de "nueva actividad económica" en el texto de la ley, no en la reglamentación.  
• Establecer condiciones ambientales explícitas sobre agua, energía y emisiones de carbono. 
• Condicionar los beneficios al cumplimiento de las leyes de financiamiento científico y universitario vigentes.
• Eliminar el arbitraje internacional excluyente y la calificación de "inversión protegida". 
• Evaluar el gasto tributario con metodología explícita y compararlo con el costo del RIGI. 
• Determinar porcentajes mínimos vinculantes de integración local, inversión en I+D y vínculo con universidades. 

Las organizaciones participantes.

Amnistía Internacional Argentina, Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA), Asociación Gremial de Computación (AGC), Asuntos del Sur, ATTAC Argentina, Centro de Estudios Derecho al Futuro (CEDAF), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Fundación Biodiversidad, Géneras, Geopolítica y Bienes Comunes (GYBC), Greenpeace Argentina, Grupo de Estudios sobre América Latina y el Caribe (GEAL), ICIUDAD, Laboratorio Abierto de Inteligencia Artificial (LAIA), Latam Lab, Salus Terrae, Taller Ecologista, The Common Initiative Argentina, Transnational Institute (TNI) y Equipo Transiciones.

Posibles nuevas industrias. 

El ministro de Economía, Luis Caputo, mencionó en una conferencia de prensa en mayo que algunos de los rubros que podría incluir el nuevo RIGI son la fabricación de baterías de litio, automóviles eléctricos, paneles solares, turbinas eólicas, la producción industrial a partir de la pesca y la elaboración de fertilizantes. Sin embargo, eso no está precisado en el proyecto presentado ante la Cámara.