Trata de personas: qué pasó con el financiamiento para combate y prevención
27 de junio de 2024 - 16.31
27 de junio de 2024 - 16.31
Las políticas destinadas a la prevención, persecución y asistencia en la lucha contra la trata de personas sufrieron una fuerte reducción en su presupuesto en comparación con 2023. Además, organismos como el Comité Ejecutivo de Lucha Contra la Trata de Personas sufrieron la paralización de sus campañas, convenios y la reducción de su personal.
El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, confirmó el lunes que 3 de los 6 detenidos por la desaparición de Loan Danilo Peña serán indagados por el Poder Judicial provincial tras la sospecha de que lo secuestraron. La principal hipótesis es que el niño de 5 años fue víctima de una red de trata de personas.
En febrero de 2024 el Gobierno anunció, a través del Decreto 125/2024 del Boletín Oficial, que el Comité Ejecutivo de Lucha Contra la Trata de Personas pasaría a la órbita del Ministerio de Seguridad -previamente se encontraba bajo la de Jefatura de Gabinete. Eso modificó los artículos 18 y 19 de la Ley N° 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas. Desde la Fundación La Alameda, creada por el exdirector del Comité Gustavo Vera, denuncian que dicho cambio le quita la perspectiva integral y de derechos humanos a las políticas de prevención, persecución y asistencia: "Retrocedimos a un enfoque meramente policial con todos los peligros que ello implica y que vivimos los primeros años luego de sancionada la primera Ley de Trata en 2008. Para entonces se produjo la denuncia y el desmantelamiento de la primera división de trata de la Policía Federal en el año 2010, con la consecuencia de 60 comisarios pasados a disponibilidad, imputados y/o procesados por cohecho con redes de trata. También se debe recordar la complicidad policial en casos resonantes como la desaparición de Marita Verón, entre otros".
La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), encargada de asistir a los fiscales de todas las instancias del país en causas judiciales por hechos de trata de personas, recopiló un aumento en las llamadas a la Línea 145, dedicada a recibir información, solicitar asistencia y denunciar casos de trata y explotación de personas. De 2022 a 2023 las llamadas pasaron de ser 1581 a 1853. La mayoría de las denuncias el año pasado fueron por explotación sexual (798), seguidas por la explotación laboral (429). A pesar de los aumentos en las denuncias, se registran caídas en el financiamiento de las políticas anti-trata.
A pesar de la alta inflación mensual e interanual registrada desde diciembre de 2023, el presupuesto nacional no recibió actualización alguna. Tal es así que el valor de este año surgió de la prórroga del Presupuesto 2023 que, debido a la suba del índice de precios, representa hoy un valor 62% menor al del año pasado según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
Según el informe de la ACIJ y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), los programas de protección y rescate de víctimas de violencia y trata registraron caídas en el financiamiento del 72,11% y 90%. Específicamente el programa de rescate y acompañamiento a víctimas de trata (Programa Nacional de Rescate o PNR) ejecutó casi un 90% menos del presupuesto que el mismo período del año pasado. Desde la Fundación La Alameda denunciaron que ya reclamaban un aumento de presupuesto desde 2023. "Varias provincias reportaban quedar sin atención cuando había allanamientos o se saturaba la línea 145 por la escasa cantidad de operadores destinados a esa función. Desde la Dirección Operativa del Comité Ejecutivo se bregó para que se incrementaran el presupuesto y el personal", escribieron, y agregaron: "El Gobierno redujo 30 puestos, con lo cual en el presente se encuentra casi al 50% de la capacidad para la intervención tanto de la 145 como del Programa de Rescate".
Desde la llegada del Gobierno de Javier Milei que no se registran las firmas de nuevos convenios de colaboración y difusión de carácter provincial y municipal. Su importancia radica en que dichos acuerdos entre distritos permiten la difusión de campañas contra de la trata, de la Línea 145 y que el Comité Ejecutivo brinde asesoramiento, capacitación y colaboración a organismos provinciales sobre prevención, detección, denuncia y judicialización de casos de trata. El último acuerdo firmado corresponde a octubre de 2023.
En abril de este año, los delegados provinciales del Comité Ejecutivo fueron desvinculados de sus cargos luego de que sus contratos se redujeran a un plazo de 90 días. Esto ocurrió un mes después de que Gustavo Vera, director del Comité, también fuera desvinculado de su puesto. Los delegados, incorporados en 2020 al organismo, representaban a distintas regiones del país -Noroeste, Noreste, Cuyo, Centro, Patagonia Norte, Patagonia Sur, AMBA e interior de la Provincia de Buenos Aires- y articulaban medidas de asistencia a organismos provinciales y nacionales que intervienen en la lucha contra la trata. Además, participaban de allanamientos e inspecciones, recibían denuncias por posibles casos de trata de personas, realizaban seguimientos de las causas, entre otros.