05 de abril de 2024 - 09.53 / Actualizado: 16.25
El subprocurador de la Nación, Andrés De La Cruz, quedará a cargo del juicio por la expropiación de YPF, según le confirmó anoche la Procuraduría a CORTA, luego de que el procurador Rodolfo Barra se excusara por haber participado como consultor jurídico en el caso. De La Cruz había asesorado legalmente al Grupo Petersen, empresa de la familia Eskenazi que había adquirido el 25% de YPF en 2008 y que luego litigó contra el Estado en esta causa a través del fondo buitre Burford.
Argentina viene de apelar la decisión del juzgado del distrito sur de Nueva York encabezado por Loretta Preska, que había fallado que el país debía pagar 16.000 millones de dólares para evitar embargos por la expropiación de YPF. El caso es impulsado por los fondos buitres Eton Park y Burford. De La Cruz trabajó para los Esekanzi en 2008, cuando los asesoraba legalmente a través del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton.
La Coalición Cívica presentó ayer un reclamo ante la Oficina Anticorrupción para que el segundo de Rodolfo Barra deje de participar del juicio.
La Procuraduria defendió el nombramiento de De La Cruz a cargo del caso. "Su actividad privada antes de asumir la función no invalida su compromiso público como sub Procurador a partir del 10 de diciembre de 2023", explicaron a CORTA y remarcaron: "Independientemente de su actividad privada en el pasado hoy el sub Procurador de la Cruz está al servicio y trabajando por los intereses del gobierno argentino".
El Grupo Petersen había cedido un 70% de los futuros beneficios económicos del litigio contra el Estado argentino por lo que el 30% restante quedó en manos del grupo empresario, según explicó a CORTA el CEO de Latam Advisors y especialista en el juicio de YPF, Sebastián Maril: "El 30% no cedido a Burford, lo administra el síndico nombrado por un juez madrileño. La familia Eskenazi se desprendió del caso en 2014", agregó.
El juicio por la nacionalización de la empresa en 2012 había determinado que el país debería pagar 16.000 millones de dólares, pero que los activos de la empresa no se verían afectados, aunqe aún restan instancias de apelación. El litigio es llevado a cabo por los fondos Burford y Eton Park. En diciembre, la jueza estadounidense Loreta Preska había rechazado la apelación de Argentina en el juicio, por lo que se obligó al país abonar U$S 16.500 millones el 10 de enero, pero el país apeló la decisión.
