02 de octubre de 2024 - 09.00
Casi dos décadas tardó un sector de la política en quebrar la resistencia del peronismo, decretar la muerte de las listas sábanas e imponer como herramienta electoral la Boleta Única en Papel (BUP). Un muy incipiente PRO presentó un primer proyecto en 2006, pero fue Elisa Carrió quien tomó la bandera un año más tarde, denunciando un sistema organizado para robarle boletas en lo que sería la segunda de sus cuatro candidaturas a la presidencia. Las investigaciones del caso no lograron probar absolutamente nada. Este martes, una amplia mayoría, construida entre el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) y el PRO, el dialoguismo friendly y la oposición light, se aprovechó de una minoría histórica del PJ en el Congreso y logró reformar la herramienta que argentinos y argentinas usan para elegir a sus representantes desde la vuelta de la democracia. Lo hicieron en un contexto de grave crisis de organización y de identidad en los partidos nacionales, lo que quedó plasmado en el modelo de BUP que se aprobó: el PRO y la UCR tuvieron que renunciar al casillero de "lista completa", cediendo a la presión de los partidos provinciales. Una derrota parlamentaria impensada en otro contexto. El Gobierno priorizó su acuerdo con los gobernadores aliados antes que con sus socios parlamentarios, por miedo a una rebeldía de algunas provincias que le complique la aprobación del Presupuesto 2025.
Un estudioso de los sistemas electorales entiende que se aprobó un modelo que favorece las candidaturas taquilleras o "faranduleras" y a las fuerzas provinciales, debilitando a los partidos nacionales, justamente por eso, por esa debilidad. "Esto salió ahora y no antes porque los partidos están rotos", dijo, y completó: "Es sintomático". Solo eso explica que la Casa Rosada haya ordenado que no se toque el proyecto que modificó el Senado, donde sacaron el casillero que permitía votar "lista completa" y que ahora obliga, a cada elector, a armar su menú completo de opciones. O, dicho de otra forma, que se haya dado prioridad a los acuerdos hechos en la Cámara alta con gobernadores como Alberto Weretilneck (Río Negro), Hugo Passalacqua (Misiones) o Rolando Figueroa (Neuquén) antes que a los intereses de los dos bloques que conforman, con LLA, el triángulo de hierro parlamentario: el PRO y la UCR. Otra curiosidad de este cambio es que, contra toda prerrogativa libertaria, la BUP le quita influencia a la sociedad civil (en este caso, los partidos políticos) y le asigna la centralidad total al Estado, que ahora no solo será el responsable de la impresión completa de todas y cada una de las boletas, sino también de garantizar su transporte y distribución. La responsabilidad de todo el sistema electoral estará en las manos exclusivas de, según el presidente Javier Milei, el "enemigo" al que vino a destruir. La ley, además, extiende de 50 a 60 días la campaña electoral. Otra modificación que se da de bruces con el discurso anticasta.
Quienes celebran el cambio de la boleta tradicional a la BUP destacan en sus argumentos un par de puntos básicos:
Saliendo del razonamiento más lógico, que sería preguntarse por qué cambiar algo que funciona perfectamente bien en un país donde muy pocas cosas lo hacen, hay algunos aspectos centrales que citan los defensores de la boleta tradicional y los detractores de la BUP.
Hay datos concretos y actuales para explicar esto último, tomando lo que ocurre en las provincias que ya usan algún modelo de boleta única. En Córdoba, el año pasado, hubo 102 mil votos en blanco en la elección a gobernador -un poco más de un 4%- y el triple en la categoría a legislador distrito único -más del 14%-. En Mendoza, donde debutó la boleta única el año pasado, fue aún peor: mientras que el voto en blanco a gobernador fue de 4,76%, esa cifra ascendió en la categoría "senadores" al 17,5% en la segunda sección y al 16,3% en la cuarta. En la categoría "intendente", el voto en blanco llegó a superar el 24% en algunos casos. Esto probablemente no genere grandes inconvenientes en las legislativas nacionales del año próximo, pero enciende una alerta hacia 2027. Tomando como parámetro las últimas elecciones, en la provincia de Buenos Aires se eligieron cinco categorías nacionales. Y en muchos casos hubo competencia interna en las PASO, con varias listas y candidatos en varios frentes electorales.
Durante el debate, varios diputados pusieron el ojo en los partidos "pymes", los que solo existen para presentar candidatos que no mueven ni un milímetro la aguja electoral, pero se hacen de una millonada para la impresión de boletas. Según el último relevamiento, existe cerca de medio centenar de partidos con personería nacional -la que celebró LLA el sábado en Parque Lezama- y unos 700 en todo el país. Urge una peinada en esas nóminas. Durante su discurso, la diputada Silvia Lospennato (PRO) dijo que en 2023, en una interna entre dos candidatos, el Estado pagó 106 millones de boletas para que, entre los dos sumadas, sacaran 23 mil votos. Sin embargo, es curioso que en el debate no habido datos claros sobre el costo del cambio de boleta. Sobre todo, teniendo en cuenta la obsesión del Gobierno por el impacto fiscal ante cada iniciativa del Congreso. Según el diputado de Unión por la Patria (UxP) Eduardo Valdés, a las arcas públicas la impresión de la BUP le costará "el quíntuple" que lo que gastaba hasta hoy. Otro dato es que, hoy, habría en el país solo dos imprentas privadas con la capacidad de imprimir las BUP, con todos sus detalles técnicos y con el volumen requerido: Boldt y Clarín. La tercera sería la Casa de la Moneda, pero este mismo martes el Gobierno hizo trascender que buscarán disolver la estatal que imprime billetes. La BUP se transformará entonces en un negocio multimillonario al que, por ahora, podrían acceder solo dos firmas. Una de ellas, en manos del principal multimedio y la principal empresa de telecomunicaciones del país.
Este miércoles el Gobierno verá la segunda marcha federal contra su gestión del sistema universitario y, se espera, el mismo día se conocerá el decreto con el que Milei va a vetar la ley de financiamiento de las universidades nacionales. Un decreto que pondrá a prueba si los 87 del asado en Olivos son un tercio sólido y confiable o si es una barrera flexible, que se logró construir para vetar el aumento de las jubilaciones, pero que negociará su posición ley por ley. En los cálculos de la Rosada hoy prima esta segunda lectura. Según sus cálculos, los cinco radicales que hicieron explotar su bloque no tendrán margen para volver a alejarse del posicionamiento del partido. Coincide en esta mirada una diputada de la UCR, que sostiene que en la última reunión de bloque se acordó que habrá discusión interna para evitar grietas públicas, un acuerdo que niegan tanto los diputados alineados con Facundo Manes como los de Evolución, la línea que conduce Martín Lousteau. En LLA se guardan una carta para negociar que no haya insistencia si hay veto: algún compromiso de más recursos para las universidades en el Presupuesto 2025, el cual solo contiene la mitad de los recursos que pidió el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
