Las 20 mentiras de la Causa Vialidad según CFK

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó hoy un documento en el que rechaza las que para ella son "las 20 mentiras" de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en el marco de la Causa Vialidad.

Las 20 mentiras:

Según la vicepresidenta, la inversión vial en Santa Cruz durante sus Gobiernos y los de Néstor Kirchner "se justificaba ampliamente por el déficit que presentaba su red vial", por lo que ninguna de las obras investigadas "resultó improductiva o innecesaria".

La exmandataria desmintió que los proyectos de presupuesto hayan sido elaborados de manera arbitraria e ilegal durante sus Gobiernos.

También negó que el Congreso haya tenido una participación marginal en la sanción de las leyes de Presupuesto.

Además, rechazó la acusación de haber presionado y coaccionado desde el Ejecutivo a los legisladores para que voten a favor de los proyectos presupuestarios durante sus Gobiernos.

Por otra parte, la expresidenta negó que tanto ella como su antecesor hayan aumentado las partidas de presupuesto a través de DNU para beneficiar al empresario Lázaro Báez: "Todos los DNU ampliaron partidas presupuestarias con carácter general", detalló.

CFK también rechazó que durante sus mandatos se hayan utilizado los fondos del fideicomiso creado por el Decreto N° 976/2001 para financiar obras viales en Santa Cruz. "La utilización de los fondos del fideicomiso fue informada en cada uno de los proyectos de ley de presupuesto y su asignación fue validada por el Congreso", afirmó.

Además negó que la incorporación de la Dirección Nacional de Vialidad al fideicomiso en 2009 haya tenido como objetivo beneficiar a las empresas de Báez. "Constituyó una simple norma de asignación de funciones", justificó.

También rechazó que tanto ella como Kirchner hayan utilizado las decisiones administrativas para redireccionar recursos económicos en favor de Báez. “Todos los exjefes de Gabinete declararon que jamás recibieron instrucciones para que direccionaran partidas presupuestarias para financiar proyectos viales en la provincia de Santa Cruz”.

La vicepresidenta también cuestionó la acusación de haber aumentado de manera ilegal las partidas correspondientes a las obras adjudicadas a las empresas de Báez, y aseguró que todos los testigos convocados al juicio descartaron que hubiesen existido interferencias de ese tipo;

Por otra parte, afirmó que el Congreso “contaba con información detallada de todas las obras viales realizadas en Santa Cruz”, y que no existía un “apagón informativo” tal y como afirma el Tribunal.

Además, negó que las Cuentas de Inversión hayan sido aprobadas por el Congreso “sin efectuar ninguna evaluación seria” y por una “imposición de mayorías políticas”.

Respecto del dinero adjudicado a Báez, CFK rechazó haber ordenado aumentar las partidas presupuestarias por más de $500 millones en noviembre de 2015.

También negó haber viajado el 30 de noviembre a Santa Cruz para reunirse con el empresario, y aseguró que ese día participó “de un acto público en Río Negro que fue transmitido en vivo y en directo para todo el país”.

La vicepresidenta cuestionó la acusación de que las relaciones comerciales entre Báez y su familia hayan sido actos ilegales para encubrir el retorno de ganancias ilícitas. “La simple lectura de los documentos incorporados a la causa muestra que jamás existió una relación de sociedad entre NK, CFK y Báez”, aseguró.

Además, rechazó haber ordenado que se adjudicaran a Báez de manera ilegítima obras viales en Santa Cruz.

También afirmó que es falsa la denuncia de haber omitido controlar las presuntas irregularidades en las obras.

Según la expresidenta, es falso que tanto ella como Kirchner hayan usado de manera abusiva el aparato estatal para concentrar la obra pública vial de Santa Cruz en el grupo de Báez, ya que “la concentración de obra pública en empresarios locales es un fenómeno que se da en forma generalizada en el resto del país”.

Por otra parte, CFK rechazó haber ordenado junto a su predecesor el dictado de leyes provinciales para favorecer en las licitaciones a las empresas de Báez. “El Congreso de Santa Cruz votó libremente tales leyes”, afirmó.

También negó que en las licitaciones ganadas por dichas empresas hayan existido sobreprecios, y cuestionó a la Fiscalía por no haber pedido jamás “un estudio pericial que demostrara esta acusación”.

Por último, negó que las obras adjudicadas a Báez no se hayan realizado o hubieran tenido demoras injustificadas o deficiencias constructivas.